Surgen, de todas las tiendas, propuestas y medidas para paliar la crisis hídrica que atraviesa Uruguay, a raíz de la sequía más larga desde que se tienen registros. Este jueves, por un lado, OSE comenzó a realizar perforaciones en el Parque Batlle en busca de agua para abastecer hospitales. Desde el Parlamento, la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) elaboró una minuta de comunicación -que deberá ser evaluada y votada en la Comisión de Hacienda de la Cámara- para exonerar de IVA e Imesi al agua embotellada.

La medida busca llevar “el alivio, en 15 pesos, en principio, al bolsillo de toda la gente que hoy por hoy está con la necesidad y en la obligación de adquirir el agua embotellada”, según explicó la diputada Lucía Etcheverry, debido a que “el gobierno no le puede garantizar” el acceso al agua potable de calidad, luego de la decisión del directorio de OSE de aumentar los niveles de salinidad. Para Etcheverry, se trata de una medida “de justicia tributaria”.

Es que, según la diputada, mientras “no se está pudiendo garantizar un derecho”, por otro lado, “se recauda más”. “Esto es una necesidad para todo el mundo y, en ese marco, se ha incrementado mucho la venta de agua, sobre todo de bidones y, por tanto, el Estado, el gobierno recauda más”, sentenció.

Consultada sobre los mecanismos previstos para estas reducciones, Etcheverry explicó que el Imesi se puede bajar a través de “una resolución rápida por decreto del Poder Ejecutivo”, mientras que el IVA requiere que se envíe un proyecto desde el gobierno hacia el Parlamento, es decir, “le corresponde al Ejecutivo tomar la iniciativa y enviar por ley, así sea una modificación temporal requiere una norma y tiene que tener tratamientos legislativos”.

“Si así el gobierno lo estableciera, por supuesto que acá vamos a estar con expectativa para analizar y acompañar una propuesta de estas”, aseguró. La minuta es “en aras de respaldar” al gobierno, además de entender que “es de sentido común y de sensibilidad y un criterio de justicia saber que en la medida que no se puede garantizar ese derecho, por lo menos reconocer que las medidas que ha planteado el gobierno de recomendar el consumo de esta agua, está implicando un impacto directo, diario, en la economía familiar de toda el área metropolitana”.

En el texto, los diputados del FA señala por ejemplo el artículo 47 de la Constitución, que dispone que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”, algo parecido a lo incluido en la Ley de Política Nacional de Agua (Nº 18.610), de 2009, en la que se agrega -en el artículo 2- que “el Estado actuará propendiendo al efectivo ejercicio de tales derechos”.

La diputada aseguró que viene “siguiendo el tema” y acompañó “la movilización” del miércoles convocada por el PIT-CNT, porque además de las consideraciones hechas en la minuta, desde la bancada del Frente Amplio entienden “que efectivamente hay una necesidad de mayor información y de transparencia”, es decir, “que se siga informando cuál es la calidad hoy del agua corriente”.

“Ya no podemos hablar de agua potable, ¡qué está pasando con esta obra que se hizo en Belastiqui?, ¿qué respuestas ha dado?, ¿qué implica en términos de proyección frente a la crisis que se está viviendo?”, se preguntó Etcheverry. Aseguró que esta obra “también ha generado impactos de carácter ambiental” que “seguramente” terminen “afectando el curso de agua”.

Según datos consignados por la consultora Id Retails, la venta de agua embotellada se triplicó en el mes de mayo en comparación al año pasado, y se colocaron siete veces más bidones y seis veces más botellas de 2.25 litros, lo que ha generado una tensión en la cadena productiva, con plantas de agua embotellada operando a máxima capacidad y problemas de abastecimiento en algunos puntos en particular.