Rendición de Cuentas: se aprobó en comisión artículo que inhibe a exfiscales de Corte y letrados de ejercer la abogacía tras su cese

Si bien estaba previsto que este miércoles culminara la votación de la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, finalmente la aprobación se aplazó para el jueves, para dar lugar a nuevas negociaciones. Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estuvo todo el día por los pasillos del anexo del Palacio Legislativo desasnando a los legisladores sobre dudas referidas a dónde quitar y reasignar recursos. Este jueves a las 15.00 la comisión seguirá votando artículos y se dedicará, justamente, a los que reasignan recursos.

Uno de los principales temas que estuvieron sobre la mesa fue el incremento salarial para los efectivos militares. El acuerdo de la coalición multicolor consiste en una reasignación de 406 millones de pesos para el salario de la tropa, de los cuales el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que “más del 50% será financiado con fondos del propio ministerio. Con respecto al monto restante, se decidió que se quite de rubros que están autorizados en el Presupuesto y que hoy no se gastan, informaron a la diaria.

El senador blanco Jorge Gandini señaló que se “reasigna de un lugar que no se está gastando para poner en otro lugar donde sí se va a gastar. Siempre son montos, créditos autorizados”. El presidente de la comisión, el blanco Rodrigo Blás, había dicho que “no se toca ningún programa” y que los fondos salen de rubros no ejecutados. El aumento que se dispone para las Fuerzas Armadas es fijo, de 1.000 pesos, de soldado a teniente coronel, sin distinción.

Acuerdo para inhibir a exfiscales de Corte de ejercer la abogacía

Sólo con los votos de la coalición se aprobó el aditivo que había presentado Cabildo Abierto para inhabilitar a exfiscales de Corte y letrados penales el ejercicio de la abogacía por un período de tres años luego de su cese del cargo en aquellos casos en los que intervenga Fiscalía. Quien se expresó sobre el tema este miércoles fue el propio exfiscal de Corte Jorge Díaz en su cuenta de X.

Según publicó Díaz, cuando se votó la venia para designarlo fiscal de Corte el sistema político estaba “perfectamente informado [de] que una vez que terminara” su mandato “iba a ejercer la profesión de abogado en la actividad privada”. En ese marco, relató que los legisladores se lo “preguntaron expresamente en marzo de 2012 en la Comisión de Asuntos Administrativos y lo expresaron los senadores que intervinieron en el plenario como parte de la fundamentación del voto unánime. Las versiones taquigráficas están disponibles, obviamente”.

Gandini subrayó que esta disposición aplica para los fiscales en materia penal: “Pueden ser civil, pueden ser abogados, otras cosas, lo que no pueden hacer es penal, y eso parece ser saludable. No corrige para el pasado, que hubiera sido saludable, pero prevé para el futuro esta situación”.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) José Nunes, integrante de la comisión, dijo en una rueda de prensa que no acompañaron ese aditivo porque solicitaron que se desglosara para que se tratara en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Dijo que entienden que “puede haber ciertas incompatibilidades” para personas que desempeñan algunas funciones una vez que cesan, pero les queda la duda de si esa inhibición “debe recaer sólo en los fiscales o si debe abarcar a otros actores del sistema de justicia”.

“Nos queda la duda de establecer una inhibición por tres años a una persona para desempeñar su tarea, para la cual se ha preparado profesionalmente, y no darle un subsidio, porque si no puede desempeñar plenamente su profesión, se va a ver resentido en sus ingresos”, analizó Nunes. También apuntó que “queda la duda de si el impedimento debe ser sólo para el ejercicio de la profesión o también para la actividad política”. Por esas razones la oposición pidió que este artículo se desglosara, “porque, además, no se trata de un tema grave y urgente, sino de un tema que merece un análisis detenido y escuchar a las cátedras y a los gremios involucrados”.

Nunes agregó que el aditivo, “en el fondo, responde a una cuestión política” que tiene relación con Díaz, por lo tanto, “tampoco se puede legislar pensando en una persona”, sino que “la ley tiene que ser general y contemplar todas las situaciones”.

Utmides y el “exceso de grasa”

En tanto, luego de que desde el FA se cuestionaran los artículos de la Rendición de Cuentas que pretenden regularizar contrataciones en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides) mantuvieron una reunión con los senadores de la oposición, este miércoles, en la que les transmitieron su preocupación. Uno de los legisladores que cuestionaron el artículo referido al Mides fue el senador frenteamplista José Carlos Mahía, quien, junto a fojas referidas a la Administración Central y al Ministerio de Ambiente, escribió: “Exceso de grasa”.

Finalmente, en la noche de este miércoles, culminada la sesión, luego de varias idas y vueltas, ese artículo relativo al Mides no fue aprobado porque la coalición no lo votó, subrayó Nunes, y agregó que la oposición sí lo hizo, e incluso estaban dispuestos a apoyar el sustitutivo que propuso el oficialismo. Nunes dijo que el fundamento del FA para apoyarlo era que se trata de “gente que ya lleva muchos años en calidad de contratada pero cumpliendo tareas permanentes en el ministerio”, por lo tanto, “no se trata de gente incorporada a última hora, sino de gente que desde hace años ya viene cumpliendo una función”.

Según manifestó el sindicato en un comunicado que emitió este miércoles, el Mides es uno de los incisos con “mayor prevalencia de contratos precarios, ascendiendo a 44% el porcentaje de la plantilla de trabajadoras y trabajadoras en esta situación”. Señaló que se trata de técnicos que cumplen tareas permanentes en todo el ministerio, en todos sus programas y a lo largo y ancho del territorio nacional, de los que el Mides “no puede prescindir para mantener su funcionamiento cotidiano”.

En ese sentido, sostuvo que “la precarización contractual de estas personas no sólo afecta a las trabajadoras y trabajadores implicados, sino que también genera múltiples problemas de gestión”. El sindicato señaló que las “constantes renovaciones implican una enorme carga administrativa, que no siempre es gestionada con éxito”. A modo de ejemplo, los trabajadores expresaron que en 2020 más de 400 funcionarios con contratos precarios “cobraron sus salarios hasta con seis meses de atraso”, y, en última instancia, pedían la aprobación de este artículo, “que corrige una situación grave que requiere soluciones urgentes”.