La Fiscalía pidió la imputación este domingo a seis personas por delitos de trata y asociación para delinquir en el caso de los 28 ciudadanos venezolanos que sufrieron explotación laboral en una cantera de piedras preciosas en Artigas. Una de las seis personas es abogada y jefa interina de la sección notarial del departamento jurídico del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

El titular del MDN, Javier García, sostuvo en X que la abogada “es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad” en el ministerio y aseguró que se trata de un cargo presupuestado. “No es asesora personal ni cargo de confianza”, resaltó.

El 21 de marzo de 2023, a través de una resolución firmada por el director general de Secretaría del MDN, Fabián Martínez, la abogada fue designada como jefa interina de la sección notarial “en virtud de haber tenido un destacado desempeño en sus funciones, demostrando interés y compromiso con la gestión”.

Adjuntando dicha resolución, la senadora frenteamplista Silvia Nane replicó en X que la abogada “no estaba en su función actual por carrera administrativa”, sino “porque el ministro Javier García y demás autoridades así lo entendieron conveniente”. Afirmó que su nombramiento como jefa interina de la sección notarial “fue una designación de confianza”.

El senador nacionalista Sebastián da Silva, integrante del sector Espacio 40 –al igual que García–, dijo a la diaria que “es una funcionaria de carrera” al frente de “una jefatura como hay en varias dependencias” del Estado. A su modo de ver, la postura de Nane “es una mentira más” del Frente Amplio (FA), “que lo quiere meter a Javier en temas que no son de él”. Afirmó que “es un funcionario público más, hay algunos buenos y otros malos”.

Entre julio de 2020 y diciembre de 2021, la abogada interrumpió su trabajo en el MDN para pasar a desempeñarse como secretaria del diputado cabildante por Cerro Largo Wilman Caballero. Tanto la autorización como el cese del pase en comisión fueron firmados por García.

Desde el entorno de Caballero señalaron a la diaria que fue “recomendada como abogada del MDN por un tercero”, dado que cuando asumió la banca el diputado de Cabildo Abierto “no tenía profesionales públicos para sacar en pase en comisión”. Sobre el motivo del cese del pase en comisión y el retorno al MDN, apuntaron que “ella le pidió [a Caballero] que la liberara del pase porque los blancos le dieron el cargo de secretaría en el ministerio”. “Hacía un año y medio que no teníamos novedad de ella, quedamos helados con esta noticia”, afirmaron.

Consultado sobre el supuesto vínculo de la abogada con el Partido Nacional, Da Silva aseguró que “no es ni blanca ni de confianza”. “En lo que a mí respecta, que en la [lista] 40 sé quién es quién, yo no la conozco”, subrayó. No obstante, señaló que esto “no exime que uno esté horrorizado con las cosas que se dicen de ella, la verdad que uno no pierde la capacidad de asombro”.

Javier García en el Parlamento

El pedido de imputación de la funcionaria del MDN por trata de personas y asociación para delinquir ocurre un día antes de la comparecencia de García ante la Comisión de Defensa Nacional del Senado, promovida a instancias del FA. Aunque el tema no formó parte de la citación, la oposición consultará este lunes “qué es lo que pasó y cuál es la opinión del ministro ante esto”, adelantó a la diaria la senadora frenteamplista Sandra Lazo, presidenta de la comisión.

Lazo afirmó que “hay documentación firmada por el director general de Secretaría [del MDN] que especifica que es una asesora, por lo tanto, nos parece que hay que consultar al ministro”. A su entender, “está probado en la documentación” que cumplía “algún rol de asesoría”.

Por otra parte, el FA consultará a García por la sanción que recibió el teniente Nelson Duarte (30 días de arresto a rigor) por realizar “declaraciones públicas sin autorización” durante una entrevista en el programa Desayunos informales. Desde 2014, Duarte ha denunciado irregularidades en el Ejército, tales como el supuesto uso de personal militar para instalar piscinas para una empresa privada y el presunto contrabando de bebidas alcohólicas desde el Chuy por parte de efectivos militares.

Lazo indicó que la oposición preguntará por “las denuncias de 2020 en adelante”, dado que “lo otro fue archivado”. De todos modos, señaló que entre 2014 y 2020, durante las administraciones del FA, “nunca hubo una sanción con la firmeza y la fuerza que hubo ahora”.

Asimismo, el FA consultará a García, quien dejará el MDN el 4 de marzo para dedicarse a la campaña electoral, sobre la compra de dos buques Offshore Patrol Vessels (OPV) al astillero español Cardama Shipyard, que nunca construyó ese tipo de patrulleros oceánicos, a un costo de 82,2 millones de euros. La compra, que ya fue autorizada por el Tribunal de Cuentas, provocó la renuncia del jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso. Según Lazo, “el proceso está rodeado de un halo de turbiedad bastante fuerte”.

La oposición también preguntará sobre la actualidad del servicio de Sanidad Militar, “sobre todo en los quintiles más bajos del Ejército en el interior del país”, señaló Lazo. Al respecto, dijo haber recibido denuncias sobre “demoras terribles” y “faltante de medicamentos”.

“Esto fue muy sorpresivo”

Desde Artigas, el edil frenteamplista Guillermo Gasteasoro dijo a la diaria que la detección de una red de trata en el departamento “impactó mal”. Si bien señaló que existe “una frontera libre” por la cual “van y vienen muchos ciudadanos de toda índole”, sostuvo que “esto fue muy sorpresivo”.

A los ciudadanos venezolanos, que en su mayoría fueron contactados por Whatsapp, les habían prometido salarios de miles de dólares, pero, según informó Fiscalía, sólo cobraron unos 150 dólares. Las víctimas de explotación laboral trabajaron siempre bajo vigilancia y, en algunos casos, les retuvieron el pasaporte.

Gasteasoro comentó que en Artigas hay “más de 500 hectáreas” de canteras de piedras preciosas, algunas de las cuales “trabajan muy bien”, con empleados que reciben “ropa, alojamiento y comida” y que “ganan bien”, y otras con “condiciones que no son de las mejores”. Sin embargo, sostuvo que “nunca se vio” un caso similar, con “trabajo esclavo, privación de libertad y ganando tan poco”. El edil del FA mencionó que Artigas “tiene una informalidad de más del 60%” y dijo que “lo que falla son los controles”, que deberían “venir de afuera y de vez en cuando para que sean efectivos”.

Por su parte, el edil nacionalista Alejandro Silvera dijo a la diaria que el delito de trata de personas “es totalmente reprobable”. “Nuestra sociedad no permite ese tipo de cosas, nunca lo vamos a justificar. Tiene que caer todo el peso de la ley sobre los responsables, desde el que gestionó todo esto hasta el que los recibió en el país y el que los tuvo en esas situaciones infrahumanas”, manifestó, y mencionó que la Intendencia de Artigas ya les brindó alojamiento a las víctimas en el gimnasio municipal.