Por poco más de cuatro horas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, compareció este miércoles ante la Comisión Permanente para hablar de las “consecuencias” que traería la aprobación de un eventual plebiscito para reformar el sistema previsional, a propuesta del PIT-CNT. El ministro fue citado por la coalición de gobierno ante el avance de la campaña de recolección de firmas para que se habilite el mecanismo, que, por el momento, logró 100.000 rúbricas de las cerca de 270.000 necesarias; para este jueves está prevista una conferencia de prensa de los impulsores de la campaña, en la que se dará a conocer una nueva cifra.

Mieres señaló que, en el caso de que se apruebe el plebiscito, “no hay ninguna duda” de que todos los fondos de retiro que van por la vía del ahorro individual “quedan derogados por el mero hecho del plebiscito”. Según el ministro, esto es “tan sólo” uno de los “tantos efectos” de esta propuesta, que “lleva a un nivel [muy grande] de afectación del sistema de seguridad social”.

“Estamos muy sorprendidos de que esto esté andando y que no se valore el impacto brutal que tendría en la realidad del sistema jubilatorio y pensionario uruguayo. Además, nos afectaría sustancialmente en la imagen internacional que el país ha construido largamente, porque afectaría el concepto de certeza jurídica, que es una construcción de décadas del Uruguay. Esto lo dinamitaría”, advirtió Mieres.

Asimismo, aludió a la “confiscación generalizada” que habrá en las cuentas individuales en las AFAP. Según dijo, son “22.000 millones de dólares los que hay hoy definidos dentro de las AFAP, que tienen nombre y apellido, que son de personas concretas que están ahorrando todos los meses para complementar su jubilación el día que les toque jubilarse”.

Mieres expuso que anclar en la Constitución los 60 años para jubilarse “es generar un mecanismo de incremento del déficit brutal”. “Es realmente ir contra la corriente, es revertir lo que nosotros [en alusión al sistema político] queríamos hacer”, sostuvo, y agregó que el “sistema alternativo” va en el sentido “radicalmente inverso a la sostenibilidad del sistema”. “Es suicidarse, políticamente, institucionalmente, y es generar el suicidio de la propia sociedad uruguaya con respecto a cómo hacemos para sostener a los más viejos, que van a seguir aumentando. De eso no tengan ninguna duda”, expresó.

Por otro lado, aseguró que “no es verdad” que con la reforma se “va a ganar menos”. De todos modos, admitió que es cierto que se va a trabajar más años, pero eso no significa que pase lo mismo con los aportes. “Es importante decirlo porque he escuchado que esta reforma se carga sobre la espalda de los trabajadores. Los trabajadores siguen hoy con el nuevo sistema aportando el mismo aporte que antes, 15% del nominal, cosa que si el plebiscito se aprobara, se incrementaría sustancialmente”, acotó. A su entender, ese es uno de los “graves problemas” que tiene el plebiscito, porque financiar estas modificaciones “que promueven va a implicar la disyuntiva de aumentar impuestos”.

De acuerdo con el titular del MTSS, actualmente 7% del IVA se usa para pagar el déficit jubilatorio. En ese marco, señaló que si este déficit aumenta, “son más puntos de IVA y el déficit jubilatorio se dispara”. “Eso significa encarecimiento de precios de productos y de servicios que todos los uruguayos tenemos; por lo tanto, implica un impacto en el poder adquisitivo de la gente”, señaló.

Asimismo, dijo que el otro camino es aumentar las tasas a la seguridad social, que supondría “un incremento del descuento que les van a hacer a los trabajadores, cada mes, de su salario nominal para atender el déficit creciente de la seguridad social y también de los aportes patronales, lo que va a impactar directamente en los niveles de formalidad del sistema”.

La gerenta de Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS), Mariella Lazo, informó en el Parlamento cómo impactaría la propuesta del PIT-CNT en la eventual enmienda constitucional. En su intervención dijo que volver a una edad mínima de retiro de 60 años incrementa el número de jubilados en el largo plazo. A modo de ejemplo, expresó que en 2050 totalizarían 672.000 jubilados, “cerca de un 7% mayor a la estimación que se logra de jubilados” con la ley aprobada por este gobierno. La técnica indicó que estas estimaciones son sólo para el BPS y que no incluyen los servicios militares, ni policiales, ni las cajas paraestatales.

El debate sobre la sostenibilidad

El senador blanco Jorge Gandini, quien citó a las autoridades, señaló en una rueda de prensa que la comparecencia dejó “confirmatorias más graves de lo que pensábamos”. En ese sentido, expresó que de aprobarse el eventual plebiscito, habrá un “impacto fuerte” en el PIB, que deberá financiarse con nuevos impuestos. “Es una locura que se esté llevando esto adelante”, criticó, y añadió que se debería “tener miedo de que esta cosa pueda salir”.

Por su parte, Micaela Melgar, diputada del Partido Comunista, que apoya la recolección de firmas para habilitar el plebiscito, sostuvo que la “sostenibilidad” es la principal razón esgrimida por el gobierno para defender la reforma aprobada, pero consideró que el “criterio de sostenibilidad no exige de la misma forma a todos los actores del sistema”. Melgar sostuvo que mientras se posterga la edad jubilatoria y se prevé la caída de las jubilaciones menores “como algo casi inevitable, se enriquecen grandes empresas del sistema financiero utilizando fondos generados por el trabajo de esa población”.

Melgar agregó que en el país las personas que trabajan tienen una productividad mucho mayor que en la época en la que se crearon las AFAP, de acuerdo a la productividad laboral del trabajador medida por la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, sostuvo, el país ha sido exitoso en el aumento de la productividad por trabajador, en particular, desde 2002 a 2022, “período en el que se ha elevado casi 50%, lo que implica que cada trabajador generó en promedio 50% más de riqueza”. Sin embargo, planteó, para los actores que se “apropian de dicha riqueza” “parece no haber ninguna emergencia de sostenibilidad del sistema jubilatorio que les exija ninguna contribución especial”.

En tanto, el diputado independiente Iván Posada remarcó que “llama la atención” que el PIT-CNT, “que se define como de izquierda”, plantee un “modelo tan regresivo” como el que implica, según el legislador, la reforma constitucional. “Esto significa, en el mediano y en el largo plazo, pedirles a los más jóvenes que aporten más para que, en definitiva, las personas de mayor edad tengan una mejor jubilación. Eso, en cualquier parte del mundo, es una propuesta regresiva”, apuntó.

El legislador blanco Juan Martín Rodríguez criticó que si se está “del lado de la confiscación”, se está “del lado de los piratas, de los que le quieren sacar a la gente el dinero que tienen sus cuentas de ahorro individual, y no garantizar que tengan al momento de su retiro la posibilidad de acceder a esos fondos”.