Este martes, en rueda de prensa, senadores frenteamplistas comunicaron la intención de bajar el monto permitido para las transacciones de dinero en efectivo. En este sentido, la senadora Amanda Della Ventura recordó que actualmente el tope para este tipo de transferencias ronda en los 150.000 dólares, según su última modificación en la ley de urgente consideración (LUC). La legisladora destacó que, de acuerdo a lo que se ha discutido en la interna de la bancada opositora, “debe bajarse bastante más esa franja” si interesa que “los activos no se laven”.
La senadora indicó que si bien no hay una nueva cifra confirmada, se buscará que el nuevo tope para las transacciones en efectivo sea 7.000 unidades indexadas (UI), lo que en la actualidad representa unos 11.000 dólares.
La LUC “no ayudó en absoluto, más bien debilita la capacidad del Estado en el combate al lavado de dinero, que es la forma a través de la cual los narcos blanquean sus ganancias”, complementó el senador Mario Bergara, aunque planteó cuál debería ser, a su entender, el nuevo tope para este tipo de transacciones.
En tanto, el senador del Partido Nacional Sergio Botana se posicionó contrario a la propuesta. “El Frente Amplio está obsesionado en controlar a los buenos y dejar pasar a los malos, esa ha sido la tesis, ha sido lo que nos ha traído a la situación de descontrol que tenemos”, apuntó, y agregó que “100.000 dólares es el precio de una casa humilde” y es “eso es lo que está habilitado en las transferencias que se hacen con controles más laxos”.
“Cómo se le va a pedir a una persona de trabajo que vende su casa que tenga que pasar por esos brutales controles mientras no se tiene la capacidad de investigar a los que generan grandes transferencias de orígenes dudosos”, cuestionó el nacionalista. “Vamos a seguir gastando la plata en controlar a los buenos, para dejar libres a los malos, y después nos quejamos de que no hay recursos para controlar a los que realmente hacen daño”, remarcó.
Una mirada especializada
la diaria consultó al expresidente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y experto en el combate al lavado de activos y la corrupción, Ricardo Gil Iribarne, sobre su opinión respecto a la propuesta. El especialista recordó, en primer término, que los controles del efectivo fue un tema “especialmente destacado” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en la evaluación que se le hizo a Uruguay en 2019.
Más allá de que en aquel momento se puso énfasis en que la vigilancia de este tipo de dinero “contribuía a los controles” del lavado de activos, el monto máximo para las transacciones en efectivo, de acuerdo al entonces valor de las UI, era de entre 4.000 y 5.000 dólares. Este monto era “bajo”, según Gil Iribarne, dado que son cifras relativas a un tipo de movimientos que “mucha gente usa”.
Luego de la aprobación de la LUC, en 2020, la cifra pasó a aproximarse a los 100.000 dólares, y llegó a ser casi 150.000 dólares debido a la evolución de las UI. “Es cierto que el tope anterior era muy bajo, pero poder manejar en efectivo sin problemas 150.000 dólares es sin dudas excesivamente alto y posibilita la realización de movimientos no controlables por importes muy grandes”, apuntó el especialista. En ese sentido, analizó que con movimientos que involucren a siete u ocho personas, o con siete u ocho movimientos en distintos puntos del territorio, con la actual legislación se puede mover un millón de dólares.
Consultado por cuál debería ser el monto a establecer para las transacciones en efectivo indicó que “hay cifras intermedias que son, sin dudas, más razonables”, aunque aseguró que no se puede decir que “hay una cifra correcta”, ya que todo depende del “conocimiento de qué tipo de transacciones generan un riesgo potencial”. Si se tiene en cuenta la cifra manejada por la senadora Della Ventura, consideró que 11.000 o 12.000 dólares “es el piso” y lo calificó como un monto “un poco bajo”. En concreto, Gil Iribarne se mostró a favor de un tope de entre 20.000 y 25.000 dólares.
“Si fijás en 20.000 dólares, afectás a menos actores y a menos transacciones y, además, podés cubrir una serie de riesgos importantes”, ya que, en ese caso, se necesitan “50 personas para mover un millón de dólares”, aseguró el expresidente de la Senaclaft.
Más allá de entender que esta modificación legal “puede ser importante”, el experto subrayó que no “soluciona ningún problema”, ya que a su entender eso depende de “una actitud mucho más firme y proactiva del Estado”, con más controles e investigaciones sobre las transacciones económicas. “Considero que los problemas que tenemos con el lavado de activos no se arreglan con más leyes, sino cumpliendo con las que ya tenemos”, concluyó.