La discusión del Frente Amplio (FA) respecto al plebiscito propuesto por Ciudadanos para regular el ingreso de trabajadores a los gobiernos departamentales se da tanto a nivel de forma como de contenido. Por un lado, todos a la interna de la fuerza política coinciden en que se trata de una propuesta más que atendible, que ya acompañaron cuando el fallecido senador Adrián Peña presentó un proyecto de ley, y que el hecho de transparentar las contrataciones en la administración pública es un “postulado histórico” de la fuerza política.

Sin embargo, la diferencia está en la forma. Mientras algunos creen que añadir otro plebiscito a los que ya se votarán –y los que podrían sumarse de alcanzar las firmas– dificulta el debate público, en otras filas ven con buenos ojos que se dé rango constitucional a esta propuesta. La postura del FA, del cual los colorados necesitan los votos, no puede demorarse: para que el plebiscito se haga realidad, necesitan las firmas de dos quintos de los legisladores que integran la Asamblea General antes del 27 de abril.

Por eso este lunes, en el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política, esperan discutirlo, y el Partido Socialista (PS) presentará una propuesta para acompañar el plebiscito y proponer a Ciudadanos hacer un cambio en la redacción: que la reforma abarque no sólo a las intendencias, sino a todas las reparticiones del Estado.

Así lo confirmó a la diaria la dirigente del PS Daniela Brandon. El jueves, en su Comité Ejecutivo Nacional, el sector decidió “acompañar la propuesta de plebiscito” por entender que “ya apoyamos el proyecto de ley que no salió”, pero también teniendo en cuenta que existen “definiciones que implican el acceso igualitario al Estado”.

Además de esto, “hay otra variable”, señaló Brandon. “Para que se pueda cambiar la reglamentación respecto a las intendencias” con relación a “las autonomías departamentales” se necesitan “dos tercios de cada cámara”, para lo que se tiene que tener “un acuerdo político muy grande que no está”. De esta forma, “nos parece que deberíamos acompañar la iniciativa y que quede a nivel constitucional”, porque “el acceso de las trabajadoras y los trabajadores del Estado no puede depender de la voluntad política de cada gobierno”.

De acuerdo con Brandon, “hay un panorama en el que cada cinco años cambian las condiciones del acceso al Estado según quién esté en el gobierno” y, a su entender, “el derecho a trabajar en algún área del Estado deberíamos tenerlo todas y todos, según nuestras capacidades”.

La propuesta de extenderlo al resto del Estado también “tiene que ver con la democracia”, aseguró. “Cuando un líder político ‘engancha’ a una familia con un contrato de trabajo precario, a cambio del voto” se da “un abuso de las personas” que va también “mucho más allá del derecho de los trabajadores de acceder a ese trabajo”.

El esquema de posiciones, en una lectura primaria, no es favorable a que la propuesta sea aprobada en el FA, menos que salga por consenso. En concreto, la Vertiente Artiguista ya había adelantado su postura con varios días de diferencia: quieren acompañar el plebiscito, pero han sido los únicos junto con el PS en hacerlo público.

El senador Edgardo Ortuño declaró a la diaria que “el FA debería avanzar por coherencia” para “concretar lo que ha sido la postura histórica sobre el ingreso al Estado con transparencia y con igualdad de oportunidades para todas y todos”. De todas formas, aclaró Ortuño, acompañan la propuesta “con dos condiciones: primero, lograr el consenso interno y, segundo, acompañar enriqueciendo el texto”, y, en ese sentido, “si se amplía todo el Estado”, les parece “una propuesta más que importante, una propuesta compartible”.

En el PCU están “dispuestos a discutirlo”

En el Partido Comunista del Uruguay (PCU) han estado “analizando no muy profundamente” el tema, explicó a la diaria el secretario general del PCU, Juan Castillo. La primera conclusión a la que llegan es que el Partido Colorado “forma parte del gobierno” y podría “objetivamente haber legislado, salvo que estemos frente a un oportunismo político”.

“Ellos tenían todo el instrumento para poder haber legislado en esa materia”, continuó Castillo. Si bien fue el Partido Nacional el que no dio los votos para el proyecto de Peña, para el dirigente “son socios” y “queda en evidencia que es una sociedad por conveniencia”, porque “un problema que no logran solucionar políticamente a la interna, intentan hacerlo con este mecanismo”.

De todas formas, están “dispuestos a discutirlo” en el FA, y el hecho de extenderlo a todo el Estado “sería también un elemento a considerar, porque, así como está el texto, hay varias cosas que hay que corregir”. A su entender, darle carácter nacional requeriría “discutir con la misma profundidad y tomándonos los tiempos para debatirlo”, pero “sería una muy buena cosa”.

Tanto desde Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) como desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) señalaron a la diaria que no han discutido el tema. El senador del MPP Daniel Caggiani señaló que, “a título personal”, el “tratamiento” del tema no tiene “el nivel que un tema de esta envergadura y seriedad como el de una reforma constitucional merece, más allá del contenido”, lo que para el legislador “ya dice bastante y limita su consideración”.

Aunque en CSP no tienen postura, el senador José Carlos Mahía ya había adelantado a la diaria días atrás que con “tantos temas” a plebiscitar se volvía “difícil poner en el debate público, por mejor que sea la iniciativa, una propuesta de esta naturaleza cuando hay tantos temas sobre la mesa”.