Fernando Pereira le exigió a Lacalle Pou que explique “por qué volvieron los espionajes en democracia”

De “urgencia”, parte del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) se reunió en la tarde de este viernes para analizar lo que informó el jueves la diaria acerca de que el presidente Luis Lacalle Pou estuvo al tanto de un operativo contra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y otros temas polémicos que se “acumulan” de las últimas semanas, por ejemplo, el intercambio de mensajes entre el ahora expresidente del Partido Nacional (PN) Pablo Iturralde y el exsenador blanco Gustavo Penadés, imputado por una veintena de delitos sexuales a menores. Si bien no definieron algo en concreto, está previsto que el Secretariado se vuelva a reunir el lunes a la tarde para continuar el análisis sobre las acciones a tomar, y no se descarta nada.

Según supo la diaria, no se descarta que en el Parlamento se plantee como asunto político este “escándalo” y, a su vez, en paralelo, se evalúa una movilización a favor de la democracia y de las instituciones, por entender que actores tanto de gobierno como de las colectividades políticas oficialistas, en especial del PN, “degradan” las instituciones. Esto fue a propuesta del Partido Comunista y cuenta con el aval del Partido Socialista, pero no se valoró en la tarde-noche de este viernes sino que “más bien hubo una reflexión” sobre la idea, que ronda desde hace algunas semanas. Fuentes consultadas por la diaria entienden que por el momento lo central es militar “y ganarles”, como “única forma de frenar la degradación institucional”.

En rueda de prensa, el presidente del FA, Fernando Pereira, aludió a la maniobra contra Abdala e indicó que existe una “constatación” de que Lacalle Pou sabía que su jefe de seguridad presidencial “hacía cosas por encima de lo que la tarea manda”. En ese sentido, apuntó que “nadie” puede pensar que un jefe de seguridad del presidente “puede actuar siguiendo bocas de pasta base, bocas de droga, ni que esa sea su tarea central”.

“Ahora el presidente no puede decir, como dijo en ese momento, que no sabía, porque claramente el ‘Perfecto’ -la contestación que da cuenta de que estaba en conocimiento de la maniobra contra Abdala- puede estar fuera de contexto. Pero lo que es claro es que ahora no puede decir que no sabía. Y los únicos que saben toda la verdad son dos personas: (el exjefe de seguridad presidencial Alejandro) Astesiano y el presidente Lacalle”, fustigó.

Agregó que desde su punto de vista, institucionalmente, Lacalle Pou es el que “les tiene que decir a todos los uruguayos qué pasó, cuál fue la conversación, por qué se llegó a seguir el destino del dirigente sindical, por qué se vulneraron los derechos sindicales de una persona, por qué se hizo espionaje a un dirigente sindical, por qué volvieron los espionajes en democracia”.

En ese marco, recordó que ya existieron investigaciones ilícitas desde entrada la democracia hasta 2005. De acuerdo a Pereira, en este período de gobierno también hubo seguimientos, en los que estuvo involucrado Astesiano, a los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera tras la denuncia que elevaron por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie. Finalmente, por ese caso, fue condenado el ex gerente general de Vertical Skies, el militar retirado Marcelo Acuña, por su responsabilidad en la trama que buscaba que los senadores desistieran como denunciantes del acuerdo.

Al ser consultado sobre las acciones concretas que puede llegar a tomar, el presidente del FA sostuvo que dejará trabajar “en paz” a la Fiscalía. “Hay un conjunto de acciones de gobierno que desde nuestro punto de vista van degradando la institucionalidad de la República”, apuntó, y ejemplificó con los chats entre Iturralde y Penadés, el seguimiento a Abdala, a los senadores opositores, a alumnos del liceo 41, además de la trama parapolicial para beneficiar al exsenador nacionalista imputado por delitos sexuales a adolescentes en el marco de la causa en su contra.

“Esto es un conjunto de acciones que claramente van dañando la acción política y van degradando de a poco la institucionalidad republicana. Entonces, esto es lo suficientemente preocupante como para no resolver al golpe del balde”, apuntó, y aseguró que el FA “va a seguir velando por la transparencia” y porque en el país “no se pueda meter ningún gobernante en la vida de otros para hacerle pesquisas secretas, sea de donde provengan, salvo que provengan del Poder Judicial”.

La discusión sobre el juicio político

El presidente del FA sostuvo que la gente “está cansada” de que “se rompan expedientes y que lo hagan ministros y asesores del presidente”: “La gente está cansada de espionaje a senadores, a gobernantes, al presidente del PIT-CNT. La gente está cansada de ver cómo colocaron ediles en Salto Grande. La gente está cansada de tanto acomodo en las intendencias. La gente está cansada de no llegar a fin de mes. La gente está cansada de la falta de seguridad. La gente está cansada, pero no está cansada por las filtraciones, provengan de donde provengan, porque ustedes viven de esas filtraciones. La gente está cansada de vivir en un país que no les da garantías”.

Al ser consultado sobre si la idea de un juicio político estuvo sobre la mesa, puesto que hay parte de la militancia que la pide ante la acumulación de presuntos casos de corrupción, Pereira respondió que “estuvo”, pero que por ahora está totalmente descartado. Ninguno de los sectores lo planteó formalmente, supo la diaria. Según entienden los consultados, hay “algunos usuarios de redes” que piden esto pero no la militancia organizada.

Esto se debe a que el juicio político requiere que haya un “delito grave”, y desde el FA entienden que no lo perciben así “en lo que escuchamos, en lo que vimos y en lo que leímos”. Según Pereira, son “cuidadosos” con los juicios políticos. En ese sentido, aludió al intercambio de mensajes entre senadores blancos donde se analizó el juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, una vez que la oposición capitalina lo planteó y pasó por el Parlamento nacional para su tratativa, algo que finalmente no tuvo éxito. “No andamos whatsappeando sobre los juicios políticos para ver qué ventaja electoral sacamos en un juicio. Lo hacemos en función de tener las condiciones para llevarlo adelante y en el caso de que se comprueben delitos graves, que hasta ahora eso no ha sucedido”, expresó al respecto.

Por el momento, según dijo, le darán “mayor tiempo” al presidente para que “aclare esta situación”.

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