La empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, inició en 2024 una reclamación contra el Estado uruguayo por entender que se violó el tratado de inversión entre Chile y Uruguay en el marco del acuerdo con Katoen Natie que dio lugar a la extensión por 80 años de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP). La demanda que ingresó a la órbita del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) es por 600 millones de dólares.
A inicios de junio, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comentaba en la diaria Radio que, superadas algunas etapas en el Ciadi, este caso iba “camino a una demanda arbitral en contra del Estado uruguayo”. En esa instancia aseguró, sin embargo, que “si hay salidas que puedan ser negociadas, siempre son bienvenidas”. En ese sentido, acotó que “cualquier tipo de movimiento tiene que hacerse teniendo especial cuidado en [atender] que hay contratos que están firmados”.
En el marco de ese proceso, el gobierno y la firma Montecon acordaron suspender por 180 días el arbitraje, según informó El País y confirmó la diaria. El detenimiento de la acción internacional regirá hasta el 12 de enero de 2026. Durante ese tiempo, las partes buscarán llegar a un acuerdo por fuera del Ciadi.
A mediados de 2022, Montecon, integrada por Neltume Ports y el grupo canadiense ATCO, ya había empezado el proceso previo a la demanda contra el Estado uruguayo. Los señalamientos sobre el acuerdo alcanzado en 2021 entre Katoen Natie y el Estado uruguayo apuntan a que la concesión de TCP implica ceder la terminal especializada y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo. Montecon entiende que esto vulnera el principio de libre competencia.