El diputado blanco Pablo Abdala, miembro convocante del ministro del Interior, Carlos Negro, a la Comisión Permanente del Parlamento, ya había adelantado que en la sesión pondría sobre la mesa el accidente de tránsito que protagonizó el jerarca, aunque estrictamente no formaba parte de los temas de la convocatoria. Este miércoles de tarde, apenas Negro se sentó en la Cámara de Senadores –donde sesiona la comisión–, Abdala sacó el tema.

“Nosotros queremos traer sobre el tapete la referencia a un episodio desgraciado que aconteció el jueves pasado, que tuvo como protagonista al señor ministro. Nos vemos en la obligación de hacerlo. Un tema que está, como todos sabemos, en el pensamiento de todos los que estamos aquí y que ha generado, a la hora de iniciar esta sesión, la expectativa de los medios de comunicación y de la opinión pública”, aseguró.

Abdala dijo que fue un episodio “ontológicamente grave” y que si bien en “el registro cotidiano de los acontecimientos, en un tránsito cada vez más convulsionado como el que tenemos en Montevideo, resulta relativamente frecuente, y sin ninguna duda el ministro actuó sin mala intención, la circunstancia de que le haya ocurrido al ministro del Interior adquiere una relevancia especial”.

“Se ha dicho, y es verdad, que esto puede pasarle a cualquiera. Pero el problema es que no le pasó a cualquiera, sino a un gobernante. Y le pasó, además, no a cualquier gobernante, sino a un ministro de Estado. Y no a cualquier ministro, sino al del Interior. Eso hace que ese episodio se convierta en un hecho político y adquiera relevancia política”, sostuvo.

Abdala agregó que el episodio, “objetivamente, afecta la autoridad del ministro del Interior, de este o de cualquier otro”, porque “es el mando político de la Policía, es el jefe político y el mando superior, por ejemplo, de la Policía Caminera, que tiene competencia en todo lo que concierne a las normas del tránsito en las rutas nacionales”. “El ministro hoy tiene una causa abierta, formalmente, más allá de la mayor o menor gravedad, con relación no a un delito, pero sí a un ilícito penal, tipificado en la Ley de Faltas, en el artículo 365 del Código Penal, numeral 2”, consignó.

La norma a la que refiere Abdala establece: “El que condujere en la vía pública vehículos motorizados sin haber obtenido del organismo competente los permisos correspondientes o si los mismos le hubieren sido suspendidos o cancelados” será castigado “con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario”.

“El ministro en algún momento –y creo que ese momento es hoy, esta instancia y este ámbito– tiene que explicarse, tiene que hablar del tema”, insistió Abdala.

Ha lugar

Según consta en la citación al ministro, la convocatoria fue para que brindara “información sobre el estado de la seguridad pública, la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos, el proceso ya en fase terminal para la elaboración de un plan de seguridad, y eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal”.

Abdala recordó que este lunes se presentaron las cifras de criminalidad correspondientes a 2025 y subrayó que a partir de esos datos no pretende “que esto se convierta en una mera comparación de gestiones, entre la administración actual y la anterior”, aunque aclaró que están en un debate político y probablemente la discusión derive hacia eso. Pero “puede llegar a terminar siendo pueril y hasta inconducente” si simplemente se enfrascan en “a quién le fue mejor que a quién”.

“Nosotros pretendemos comparar al gobierno con el gobierno, comparar la actuación del Poder Ejecutivo en este primer año con sus compromisos en la campaña electoral, con sus anuncios antes de ganar las elecciones y a lo largo de todo 2025, que fue un año muy intenso en cuanto a insinuaciones y anuncios”, dijo.

El diputado blanco señaló que los datos de criminalidad “son insumos muy positivos”, pero “desde luego, hay que tomarlos con cautela”. La principal conclusión que saca a partir de ellos es que describen “una suerte de estabilidad del estado de la criminalidad, hasta donde esos números pueden proporcionarnos información de la realidad, porque todos sabemos que estamos hablando de los registros de las denuncias que llegan a conocimiento de la autoridad”.

“Yo creo que el gobierno desperdició el primer año de gestión en materia de políticas de seguridad. El gobierno y –el ministro del Interior– administró, pero no gobernó; gestionó bien, mal o regular, pero no hay contenidos, no hay agregado de valor, no hay cosas nuevas que nos permitan advertir que asistimos a una suerte de expresión superadora de la política de seguridad”, sostuvo.

Las disculpas del caso

Luego de un largo intermedio, llegó el turno de Negro. Sobre la cuestión previa que planteó Abdala, el ministro dijo que no puede más que coincidir, ya que “sí es una cuestión importante, que adquirió ribetes políticos”. “Como todos ustedes saben, protagonicé un hecho accidental que terminó con un joven con algún tipo de lesión”, señaló. Luego se refirió a lo que el diputado blanco había dicho antes, que debería pedirle disculpas a la población por el accidente.

Negro dijo que Abdala tenía razón, que debía una disculpa, pero aclaró que hay una disculpa que no debe, porque ya la dio, “a la familia y al propio chiquilín, en el lugar de los hechos, cuando estos acaecieron, y luego, al día siguiente”, cuando fue a visitarlos “a la sala del sanatorio”, donde hablé “tanto con Ezequiel como con su mamá”.

“Allí reiteré las disculpas que le había dado en el mismo lugar del hecho. Pero quedaba pendiente, y quería esperar esta circunstancia de reunirme con los legítimos representantes de la ciudadanía, que son los legisladores, y a través de ellos, a la ciudadanía toda, porque también corresponde que un ministro que tiene un accidente y que incumplió alguna normativa pida disculpas por la investidura que tiene, y así lo estamos haciendo”, señaló.

Además, el jerarca aprovechó “para reconocer los errores cometidos” y también para hacerse “cargo de ellos”. Resaltó que tiene los comprobantes “de la gestión de la renovación de la licencia de conducir”, así como “el resultado de la espirometría practicada” y “el certificado del pago de la multa”, “lo que indica el liderazgo y la autoridad que ejercimos en el momento y la forma en que teníamos que ejercerla. Es decir, ordenar y exigir ser tratado como un ciudadano más y no tener ninguna prerrogativa o prebenda por el hecho de ser ministro. Esa fue la orden del ministro, y esa siempre es la orden del ministro: hacer cumplir las leyes y practicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley como premisa, y eso se cumplió”, insistió.

Agregó que, “por supuesto”, lo más importante para él es que “Ezequiel se encuentra fuera de peligro y también, por qué no, que esto sea un aprendizaje para quien habla, en el sentido de que hay que ser muy estrictos a la hora de cumplir con los reglamentos al conducir un vehículo, por lo que significa la conducción del vehículo y cómo eleva los riesgos para uno y para los demás este tipo de acción”. Además, dijo que también reflexionó sobre la conducción, que en el caso de una autoridad gubernamental, y más de un ministro del Interior, “tiene que ser revisado si es conveniente que un ministro maneje su vehículo y no cuente con chofer, custodia, etcétera, que lo blinde, de alguna forma, de este tipo circunstancias que después terminan afectando a la política en general”.

El ministro y los números

“La seguridad pública no se resuelve en el corto plazo ni puede seguir siendo un botín de campaña electoral”. Esas fueron las primeras palabras de Negro referidas estrictamente a los temas de la convocatoria. Subrayó que “se construye con planificación, continuidad institucional y decisiones políticas firmes”.

El ministro resaltó que es importante explicitar “de dónde partimos”, ya que en los últimos años “la criminalidad ha crecido, especialmente en los delitos violentos”. Consignó que la tasa de homicidios “se mantiene, por lo menos en los últimos diez años, en niveles que pueden considerarse epidémicos, más de diez por cada 100.000 habitantes por año”. “A esto se suma la expansión de nuevas modalidades delictivas: estafas, ciberdelitos, que trasladan los riesgos a espacios cada vez más íntimos. Por otro lado, el aumento en la última década de los delitos de violencia doméstica: 845 cada 100.000 habitantes en 2013, que ascienden a 1.200 en 2024. Y de los delitos sexuales: 41 cada 100.000 habitantes en 2013, duplicándose para 2024”, indicó.

A su vez, Negro recordó que nuestro sistema penitenciario “se encuentra colapsado y con una alta tasa de reincidencia: 70% en los siguientes tres años del egreso carcelario”. Uruguay está hoy entre los diez países “con mayor tasa de prisionalización del mundo y, sin embargo, las cárceles siguen siendo el problema y no la solución”, sostuvo.

El jerarca resaltó que 2025 cerró “con una mejora general de los indicadores de criminalidad respecto de 2024, consolidando una tendencia de estabilización y de descenso en varios delitos de alto impacto”. “El total de delitos registrados por el Sistema de Gestión de Seguridad Pública [del Ministerio del Interior] descendió de 301.386 a 287.078 de 2024 a 2025, lo que representa una reducción interanual de 4,7%. El homicidio, indicador de violencia letal, en 2025 mostró un descenso de 3,4%, pasando de 382 a 369 casos”, subrayó. Destacó que “es el máximo descenso en los delitos de homicidio que se registra desde la pandemia [de coronavirus, que empezó en marzo de 2020] hasta la fecha, y todos sabemos lo que incidió la pandemia en la baja de los delitos en general y en los homicidios”.

“No obstante, la tasa de homicidios de Uruguay sigue siendo elevada en términos internacionales y continúa duplicando el promedio mundial, por lo que la violencia letal sigue siendo el principal desafío en materia de seguridad pública que tienen este ministro, este gobierno y este país”, destacó. “El escenario es mejor, indudablemente, que en 2024, aunque aún estamos lejos del objetivo, y eso nos exige sostener y profundizar las políticas de seguridad implementadas y dar respuestas estructurales a problemas que también son estructurales”, sostuvo.

En marzo continuará la presentación del plan de seguridad

En cuanto al combate del crimen organizado, Negro comentó “algunas líneas de acción que desde el 1° de marzo” vienen desarrollando en todo el país para demostrar que estos números “no son casualidad y que, en cambio, son fruto de una estrategia planificada que apunta sobre todo a la desarticulación de las bandas y al combate frontal a la delincuencia”. Consignó que la Dirección de Investigación de la Policía Nacional realizó “más de 200 operaciones vinculadas al crimen organizado y logró la condena de más de 2.300 personas por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos”. “En 2025 se incautaron más de nueve toneladas de droga. La cifra representa un incremento en dos toneladas y media respecto de 2024 y es la incautación más alta desde 2019”, destacó.

Negro resaltó que quieren “un cambio de modelo, una seguridad como política de Estado”, ya que, “durante demasiado tiempo, la seguridad pública fue administrada atacando la coyuntura, que es muy necesario, pero no puede ser lo único, y menos si esto implica cambios permanentes de enfoque, respuestas fragmentadas, poca evaluación y poca continuidad”.

“Por eso, desde el inicio de la administración decidimos impulsar una estrategia que tuviera distintos tiempos, medidas y acciones, a corto, mediano y largo plazo, con un Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, concebido como política de Estado, con horizonte de diez años, basado en evidencia, diálogo social y aprendizajes acumulados”, subrayó.

Negro aclaró, “debido a la insistencia en recurrir a banalizar el término planificar”, que un plan “es un instrumento de gestión que contiene objetivos, recursos asociados, metas y plazos definidos, responsables asignados, indicadores de seguimientos y mecanismos de evaluación”. Puso como ejemplo que el gobierno anterior, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, ensayó una propuesta programática en materia carcelaria como “el libro blanco para la reforma carcelaria, que fue tomado por esta administración para darle continuidad a la política pública en la materia”. “Esto demuestra que es posible planificar y ejecutar más allá de las administraciones”, destacó.

El ministro agregó que el Plan Nacional de Seguridad Pública tendrá una presentación en marzo de 2026, “y es en ese proceso” en el que están, que no es “un cambio impuesto desde un escritorio, donde se escribe una lista de reformas legislativas”. Sobre lo que se hizo en el año que terminó, Negro enumeró: “Durante 2025 reforzamos la presencia policial, incorporamos tecnología, fortalecimos comisarías, mejoramos patrullajes, jerarquizamos la prevención, incorporamos unidades especializadas y focalizamos nuestros operativos”. Aclaró que no se trata únicamente de patrullar más, sino de “patrullar más pero también mejor”.

Por último, Negro dijo que aunque el plan recién se publicará a principios de marzo, “ya está en ejecución”, porque “frente a la violencia letal no corresponde esperar”, sino “actuar”. Subrayó que uno de los puntos es la prevención, “intervenir antes de que el conflicto escale”: “Se fortalece una presencia policial intensa y sostenida en zonas de alta incidencia, combinada con prevención comunitaria, social y situacional”.

“Otro eje clave es la atención a las víctimas de violencia armada. Existe una relación directa entre lesiones por arma de fuego y riesgo de homicidio. Por eso, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se refuerza la atención de emergencia en zonas críticas y se brinda acompañamiento psicológico, social y legal a las víctimas, reduciendo la revictimización y el riesgo de nuevas violencias”, sostuvo.

Finalmente, dijo que la prevención del femicidio “exige una respuesta anticipatoria y coordinada”. Para ello, “se avanza en juzgados especializados, una mejor aplicación de escalas de riesgo y el uso oportuno de medidas cautelares para que el Estado llegue a tiempo y proteja mejor”.