La investigación administrativa sobre la actuación de Alejandra Casablanca, extitular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y actual asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, concluyó con el archivo de las actuaciones y con un informe que establece que los funcionarios denunciantes “no acreditaron elementos que indiquen afectación a nivel de salud” por la violencia que, según denunciaron, vivieron por parte la jerarca.
En noviembre de 2025, cinco funcionarios de la secretaría denunciaron a Casablanca. A su vez, Casablanca también hizo denuncias, en su caso, de irregularidades presuntamente cometidas por los funcionarios denunciantes. Según informó en su momento Montevideo Portal, Casablanca denunció omisión en brindar información relativa a la identidad de origen –búsqueda de archivos y datos de posibles hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura–, destrucción de documentación pública de la secretaría y falsificación de firma en documentos oficiales para tramitar o cobrar compensaciones.
El gobierno inició una investigación administrativa. La Oficina Nacional de Servicio Civil, que intervino en el caso, desestimó las denuncias formuladas y concluyó que no fue posible comprobar las irregularidades denunciadas. El Poder Ejecutivo resolvió en julio dar por finalizadas las actuaciones. En la resolución señala que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional contenidas en un informe fechado el 15 de diciembre de 2025, al que accedió la diaria. Allí se señala que se identificó “un clima laboral hostil” en la secretaría, con “naturalización de conductas violentas”, que venía desde la gestión anterior. Se menciona que “el cambio de administración implicó que el equipo tuviera que adaptarse a lineamientos de trabajo diametralmente diferentes a los que venía acostumbrado, pasándose de un régimen híbrido a un régimen presencial, introduciendo modificaciones respecto del horario de trabajo, entre otros aspectos”. “Asimismo, se modificaron los roles internos de la secretaría y se designaron referentes, lo que podría derivar en que quienes desempeñaban esos roles anteriormente lo vivieran como una pérdida”, indica la comisión.
Agrega que “de los testimonios recogidos surgen apreciaciones controversiales respecto a las medidas adoptadas por la funcionaria denunciada [Casablanca] en relación a los aspectos organizativos y de funcionamiento”. “Sin embargo, las mismas no tienen apariencia irregular, mereciendo opinión la forma y estilo empleados, los que podrían ser percibidos como impulsivos y avasallantes”, acota.
Señala que cuatro de los cinco funcionarios denunciantes “no acreditaron elementos que indiquen afectación a nivel de salud”, y en cuanto al quinto, acredita consultas pero en un período de tiempo que no se corresponde con el de las situaciones denunciadas. En cambio, Casablanca sí “acreditó elementos indicadores de afectación a nivel de salud compatible al suceso estresante de índole laboral que hoy atraviesa”, indica el informe.
La comisión recomienda “renovar integralmente” al equipo de la secretaría. “Actualmente se encuentra fragmentado”, “sus integrantes se posicionan rígidamente dificultando arribar a acuerdos y alcanzar objetivos comunes” y, por lo tanto, “no se visualizan posibilidades de recomposición”. También menciona la necesidad de “ajustar el nivel de conducción y así favorecer condiciones óptimas que posibiliten un nuevo encuadre organizacional, asignar roles claramente definidos y formalmente legitimados”.
En julio de este año, el Poder Ejecutivo resolvió unificar la Secretaría de Derechos Humanos con la Secretaría del Pasado Reciente y asignar la titularidad del organismo a la hasta entonces subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, Iliana da Silva. Casablanca quedó como asesora.
Desde la clausura de las actuaciones, Casablanca solicitó acceder a la investigación administrativa completa y no tuvo éxito, aunque algunos de los contenidos del expediente fueron publicados en El País y Montevideo Portal. Al no poder acceder a la documentación, Casablanca recurrió a un pedido de acceso a la información pública.
Con fecha del 27 de octubre y firma del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el organismo solicitó una prórroga de 20 días hábiles para entregar la información, un mecanismo que está previsto en la normativa. En la resolución de Presidencia se señala que el Servicio de Prevención y Salud Ocupacional de ese organismo hizo una consulta a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y que esta se pronunció mediante el dictamen número 5, de agosto de 2026 –que no está público todavía en el sitio de la unidad–, y, en ese marco, señalan que “la información se encuentra siendo revisada para su entrega a la peticionante”. “Debido a la multiplicidad de personas involucradas y al volumen de la información contenida en las actuaciones solicitadas, el plazo inicial de 20 días hábiles resulta exiguo”, se alega en la resolución, y por este motivo se pide la prórroga.