Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que introduce un conjunto de cambios a la normativa vigente sobre lavado de activos, la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574). La iniciativa, que había sido aprobada en general por la cámara baja a finales del año pasado, fue acompañada en particular –es decir, los artículos– por todos los partidos políticos, a excepción de Identidad Soberana. Ahora únicamente resta que el proyecto sea aprobado en la Cámara de Senadores, como tercera cámara, para transformarse definitivamente en ley.

Este lunes algunos de los artículos que había presentado el gobierno, y que fueron apoyados en primera instancia en el Senado, fueron modificados a instancias de los legisladores de la oposición.

De este modo, por ejemplo, al artículo que le otorga a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) la potestad de “requerir y retirar documentación y/o respaldos informáticos”, en el marco de las inspecciones que ya puede hacer en bienes muebles o inmuebles de los sujetos obligados a reportar según la normativa vigente, se intentó agregarle, como paso previo, la necesaria intervención de la Justicia.

A modo de fundamento, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala sostuvo al momento de la votación que “darle facultades a la Senaclaft de retirar los respaldos informáticos de una organización privada” de una forma “absolutamente ilimitada desde el punto de vista de las posibilidades de su actuación” supondría poner “en severo riesgo las garantías que es indispensable que armonicemos a la hora de legislar”.

Para el legislador del PN, frente al texto aprobado por el Senado, a la Cámara de Diputados le correspondía “armonizar las soluciones legislativas en términos de alcanzar los necesarios equilibrios para que la eficacia en el control y en la fiscalización, que sabemos que es absolutamente necesaria, no comprometa ni ponga en cuestión ni termine por barrer las garantías individuales”. Esto, agregó, “se garantiza de una sola manera, que es con la intervención de la Justicia”.

Este cambio, que fue propuesto por la Coalición Republicana, no fue acompañado por Identidad Soberana, que tampoco votó el artículo original enviado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la potestad que se había sumado en el Senado no obtuvo la mayoría de votos suficiente y quedó por fuera del proyecto; permanecerá –sin modificaciones– la normativa vigente.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo aseguró que en la propuesta presentada por el gobierno “no hay una ampliación de potestades” ni de la Senaclaft ni de Presidencia de la República. En el proyecto, sostuvo, “lo que se hace es detallar lo que hoy la ley ya establece en la redacción vigente como las más amplias facultades de investigación y fiscalización”. “Bajo la redacción actual, la Senaclaft ya puede secuestrar documentación en los procesos de fiscalización”, resaltó.

El diputado del FA señaló que actualmente “hay varios organismos del Estado que están facultados –por leyes aprobadas por este Parlamento nacional– para secuestrar información en procesos de fiscalización”. Apuntó, además, que no se trata de “un proceso judicial en trámite”, sino de “un procedimiento administrativo”, en el que el organismo estatal que está llevando a cabo una inspección “no sabe con qué se va a encontrar”.

“Yo creo que acá se está tratando de imponer un fantasma con finalidades políticas. Quedó de manifiesto en el señalamiento permanente contra un miembro de Presidencia de la República”, expresó Garlo, en referencia al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien fue aludido y también mencionado directamente varias veces por diputados de la oposición durante el debate parlamentario.

“A grandes términos nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley en la medida en que se agiorna la normativa en materia de lavado de activos”, expresó, a su turno, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez. Dicho esto, afirmó que en la iniciativa “no hay modificaciones que de alguna manera terminen modificando sustancialmente la persecución del delito de lavado de activos”.

Se aprobó una reducción del tope para los pagos en efectivo

Uno de los artículos que no se modificaron con respecto a la versión aprobada en el Senado fue el de la reducción del tope para pagos en efectivo. En el proyecto aprobado en la cámara alta se fijó como monto máximo la suma de 200.000 unidades indexadas o “el 5% del valor total de la operación, siempre que dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas”. Actualmente el límite, fijado por la ley de urgente consideración (LUC) en el período pasado, es de 1.000.000 unidades indexadas (antes de la LUC estaba en 40.000 unidades indexadas).

La disminución propuesta por el Poder Ejecutivo y respaldada en el Senado se mantuvo este lunes en la Cámara de Diputados, gracias a los votos conjuntos del FA y el PC, cuyos diputados votaron divididos. En total, el cambio obtuvo 55 votos a favor y 44 en contra.

Al respecto, Abdala recordó que este tema fue ratificado por la ciudadanía en el referéndum sobre la LUC en marzo de 2022, por lo que tiene “una robustez todavía mucho mayor”. Asimismo, el diputado del PN dijo que “no hay evidencia” de que el aumento del límite dispuesto por el gobierno anterior “haya contribuido o estimulado el lavado de activos”. “En verdad, tampoco se han incrementado, por la información que nosotros recogimos, los pagos en efectivo por las circunstancias de que se haya subido el umbral en 2020 en los términos actualmente vigentes”, añadió.

Durante su intervención, la diputada del FA Cecilia Cairo señaló que, “cuando se votó el artículo de la LUC”, algunos escribanos habían cuestionado “el monto máximo para las operaciones”, porque “pasamos de un monto muy bajo a un monto muy superior, de 100.000 dólares”. “No cualquiera anda con 100.000 dólares en el bolsillo, por lo menos en mi barrio les puedo asegurar que no, y con ese dinero se puede hacer lavado comprando casas, comprando comercios; lo sabe cualquiera”, resaltó.

Por su parte, el diputado del PC Walter Verri, uno de los legisladores colorados que votaron a favor de la reducción, sostuvo que el respaldo que le haya dado la ciudadanía al artículo de la LUC “no le da rango de inamovible”. Apeló al uso del “sentido común”, que “nos indica algo que rompe los ojos; cuando este Parlamento votó esa LUC había un límite de 100.000 dólares, [pero] hoy si lo pasamos a dólares esas unidades indexadas, nos da casi 170.000 dólares; la realidad es que las diferencias son enormes”.

Oposición bloqueó eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado establecía la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, algo que en el tratamiento en comisión ya había generado resistencia por parte de los partidos de la oposición.

Ante esto, la diputada del FA Ana Olivera anunció este lunes, al momento de la votación, que la bancada oficialista presentaba un artículo sustitutivo, en el que se elimina la palabra “suprímese” para que la fiscalía se transforme en una fiscalía letrada de Montevideo, al tiempo que se señala que esta “continuará atendiendo los asuntos que se encuentren en trámite hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio de los que le sean asignados por la Fiscalía General de la Nación”. En ese sentido, Olivera explicó que “los temas que tiene en tratamiento hoy la Fiscalía de Lavado, esta fiscalía letrada, continúa con el tratamiento de temas tan importantes”.

Sin embargo, el artículo sustitutivo no fue acompañado por ninguno de los partidos de la oposición; solo fue votado afirmativamente por el FA y no obtuvo la mayoría suficiente. De este modo, la oposición consiguió que se mantenga la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Al respecto, Abdala sostuvo que “es menester que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos mantenga plena vigencia”, por lo que “eliminarla y sacarla de la escena nacional y del ámbito judicial implicaría un retroceso, una regresión con relación a un camino auspicioso y saludable que se empezó en el período pasado”.

Según el diputado del PN, “no hay un señalamiento en materia internacional” con respecto a la eliminación de dicha fiscalía, sino “todo lo contrario”. “No es argumento suficiente señalar que las condenas o las formalizaciones han sido muy escasas, porque eso ha pasado en todos los países serios donde vale la pena mirarse o compararse”, afirmó Abdala, y nombró a Chile, Colombia, Argentina y Brasil.

Para Abdala, es necesario “plantear una solución más ambiciosa” en la línea de “reforzar técnicamente” a la fiscalía especializada, que actualmente “no tiene los recursos técnicos suficientes”.

Desde el PC, Rodríguez dijo que el Parlamento “debería caminar hacia la próxima instancia presupuestal y poder crear una nueva fiscalía especializada para que exista esa aleatoriedad para que los casos puedan ser derivados a una u otra fiscalía y que, en definitiva, no vaya solamente a una fiscalía específica”.

“Nosotros entendemos que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos es una apuesta que realizó Uruguay hace muy pocos años, que necesitaría un tiempo más prudencial para hacer un análisis más correcto de la situación en virtud de la cantidad de casos que tiene actualmente, con la complejidad de los mismos”, expresó.

Por su parte, Olivera defendió el artículo sustitutivo por el FA con el argumento de que, cuando la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la comisión que estudiaba el proyecto, planteó la supresión y señaló que “efectivamente una sola fiscalía tenía varias dificultades” y planteó las bondades de la investigación paralela en diversas fiscalías. “Lo planteó con base en su propia experiencia; es decir, uno analiza el delito que está analizando y busca ahí también en forma paralela y no deriva a nadie el análisis del lavado de activos”, resaltó.