Este lunes, en una reunión con las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA), el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó el proyecto de ley para transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado y que salga de la órbita del Ministerio del Interior (MI). En el proyecto, al que tuvo acceso la diaria, se propone, en primer lugar, la creación del Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado, el cual tendrá su domicilio principal en Montevideo.

“El instituto que se propone crear tendrá como competencia el cumplimiento de las medidas o penas privativas de libertad o alternativas, el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias”, se señala en la exposición de motivos con relación a las competencias que tendrá el nuevo servicio.

Allí se indica que la iniciativa “surge en respuesta a la crisis estructural del sistema penitenciario”, que se caracteriza “por niveles inaceptables de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades para el ejercicio de derechos y acceso a programas de tratamiento por parte de la población encarcelada, carencias de recursos humanos y materiales, así como debilidad extrema del sistema de medidas alternativas”.

En ese sentido, el MI sostiene que dichas dificultades “están fuertemente asociadas al incremento constante de la población privada de libertad”, que el año pasado alcanzó “su récord histórico, consolidando la posición de liderazgo en América del Sur y en el mundo, con 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes”.

“La evidencia muestra que los sistemas penitenciarios colapsados no solo no logran operar como mecanismos eficaces para combatir el delito, sino que incluso pueden actuar reforzando identidades y hábitos delictivos, así como consolidar grupos criminales”, se sostiene en la exposición de motivos.

Asimismo, se señala que, si bien en los últimos años se han presentado “propuestas innovadoras que procuraron revertir la crisis estructural”, estas “no han logrado transformar radicalmente las condiciones de vida de la mayor parte de la población sujeta a sanciones penales, ni los resultados obtenidos a partir de la intervención estatal”.

En particular, se hace referencia a la elaboración del Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, publicado en 2024, como un “hito fundamental para concebir la política penitenciaria como política de Estado”, en el que se propone “abordar el diseño institucional del sistema penitenciario” a través de la transformación del INR en un servicio descentralizado, con el objetivo de “proveerle mayor autonomía técnica y financiera”.

“Este proyecto representa un paso fundamental para avanzar en el proceso de reforma penitenciaria, pues una institucionalidad moderna y fortalecida redundará en el mejor funcionamiento del sistema penal y colaborará en el abordaje integral de los problemas de seguridad pública”, afirma el Ministerio del Interior en la exposición de motivos.

¿Qué establece el articulado del proyecto?

El nuevo Instituto Nacional de Reinserción será dirigido por un director general que durará cinco años en su cargo, con la posibilidad de ser reelecto, quien será secundado por un secretario general. Los sueldos de ambos jerarcas no podrán exceder el 60% del salario nominal que percibe un senador de la República.

En cuanto al personal civil, el proyecto dispone que los cargos presupuestales de escalafones civiles y el personal civil vinculado contractualmente al actual INR se incorporarán al servicio creado por la presente iniciativa.

Por otro lado, se establece que el personal civil del MI que preste servicios en el INR en régimen de comisión de servicio “podrá optar por incorporarse al servicio descentralizado o seguir prestando funciones en el mismo [MI] en régimen de pase en comisión”.

La iniciativa también autoriza el traslado de funcionarios civiles de la administración central para desempeñar en comisión tareas de asistencia directa a la dirección general durante su gestión. En ese sentido, el nuevo organismo podrá tener hasta cinco funcionarios en comisión simultáneamente al amparo de este régimen.

El artículo 10 del proyecto establece que el MI va a asegurar la provisión de personal policial “para el cumplimiento de los cometidos de la presente ley mediante pases en comisión al servicio descentralizado, hasta tanto no sea creado un servicio especializado en seguridad penitenciaria”.

Asimismo, la iniciativa dispone que, dentro de un plazo de 180 días a partir de su designación, el director general del instituto “deberá proyectar las estructuras organizativas y de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Reinserción, así como el estatuto del personal”, que se elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación.

La iniciativa será enviada a los funcionarios penitenciarios

Un legislador del FA que participó en la reunión de este lunes dijo a la diaria, con base en la presentación que hizo el ministro, que el “corazón” del proyecto es, justamente, la autonomía del INR. “En general se subestima esto porque se piensa que el flujo normal del funcionamiento de un ministerio tiene la misma velocidad, y eso no es así. Por eso es que las cosas se descentralizan, hay razones que tienen que ver con la gestión”, señaló.

Según supo la diaria, el proyecto será enviado en los próximos días a los sindicatos involucrados en la gestión diaria del INR, como, por ejemplo, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Si bien el texto, en principio, está cerrado y pronto para ser enviado formalmente al Parlamento, en el oficialismo se prevé que durante el tratamiento legislativo puedan plantearse algunos cambios a instancias de los trabajadores.

Otro legislador del FA que estuvo presente en el encuentro dijo a la diaria que en este tema será necesario llevar adelante una “negociación” con los trabajadores. Consideró que el texto no va a tener “cambios en la orientación”, aunque sí puede haber alguno en la “estructura”.

Asimismo, desde la bancada del FA señalan que este proyecto será una de las prioridades del oficialismo una vez que se levante el receso parlamentario, a principios de marzo. “Siendo un proyecto que además ha sido demandado también por la oposición, nuestra idea es ingresarlo rápidamente”, apuntó una fuente.

En una rueda de prensa, el senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo que “se supone” que el sistema político “todo” está de acuerdo con que el INR “tiene que tener mayores niveles de autonomía, salir de la órbita del funcionamiento del Ministerio del Interior”. Sin embargo, apuntó que “todos los gobiernos han pasado, ninguno lo ha hecho”, por lo que esperan que “el Parlamento pueda también tomar cartas en el asunto y realizarlo”.

A diferencia de lo que marcan las bases programáticas del FA, el proyecto establece que el Instituto Nacional de Reinserción se vinculará formalmente con el Poder Ejecutivo a través del MI y no mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que el oficialismo tenía previsto crear en este período.

En ese sentido, los programas de gobierno del Partido Nacional y el Partido Colorado también incluían la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como la modificación del INR. Los blancos, por ejemplo, preveían que en su gobierno este instituto “pasaría paulatinamente a depender de este nuevo ministerio”, priorizando la tarea “rehabilitadora” y permitiendo que el MI se concentre “en las tareas de prevención y represión del delito”. Sin embargo, dirigentes nacionalistas y colorados se han opuesto a la creación del ministerio, sobre todo, por la resistencia que genera la figura del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el Poder Ejecutivo descartó incluir la creación de este ministerio en el presupuesto quinquenal.

Desde la bancada oficialista apuntaron que la presentación del proyecto en este momento “no quiere decir que en un futuro no pueda vincularse con el Ministerio de Justicia”. De todos modos, señalaron que esa es “una discusión para más adelante”. La decisión del gobierno, se sostiene, es avanzar cuanto antes en este tema, en el que “más o menos estamos todos de acuerdo”.