La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, comparecieron este miércoles ante la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados tras el cierre de diferentes empresas y las subsiguientes pérdidas de puestos de trabajo anunciadas en los últimos meses.
Concluida la sesión, Cardona manifestó en rueda de prensa su conformidad con la convocatoria, que describió como “un ámbito que es fructífero y tiene que ser fructífero”. Añadió que en el encuentro se intercambió “mucha información”, y dijo que trasladaron a los integrantes de la comisión más de 70 medidas dispuestas por la cartera en los últimos dos años. Sin perjuicio de ello, admitió su preocupación en torno a las “coyunturas inmediatas”, y dijo querer “generar un intercambio con el Poder Legislativo en términos de mediano y largo plazo”.
“Tenemos que empezar a hablar de política industrial”, expresó. Y agregó: “Si no hablamos de política industrial, todos los actores involucrados, difícilmente salgamos de esta trampa que es todo el tiempo estar en temas que obviamente son inmediatos y que la gente está esperando; pero que al mismo tiempo también merecen que los gobernantes en general estemos trabajando en medidas planificadas, que tienen datos objetivos”.
Además, se refirió a una reunión que mantuvo con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, con quien dijo haber intercambiado sobre temas propios de la industria del departamento, “con la posibilidad y la necesidad de que las políticas nacionales se articulen con los gobiernos departamentales”.
De igual manera, consultada al respecto, la ministra consideró que la cartera que preside debe hacer hincapié sobre “algunos departamentos del litoral”, como Treinta y Tres y Cerro Largo, si bien matizó que son casos que requieren “ver en qué elementos estamos mirando, si es desempleo [o] si es otra realidad”. También apuntó hacia un conjunto de “contradicciones que tienen que ver con temas estructurales de nuestro país, de la región y del mundo en este momento” y volvió a llamar a “discutir sobre la base de datos empíricos”, para “agregar valor a la discusión política”. “Si no, terminamos dando opiniones o sugerencias”, conjeturó.
Respecto de las dificultades económicas que atraviesa el sector del pórtland, la ministra recordó que “los números de Ancap eran preocupantes”, y dijo que es necesario “trabajar mancomunadamente” dentro del sector. Aun así, reiteró “el compromiso del presidente de la República” y la administración “para que el pórtland continúe como una industria en Uruguay, mirada desde el lugar de Ancap como empresa pública y como un todo”, sin perder puestos de trabajo. “Siempre hice hincapié en que la idea es que el pórtland continúe estando como una industria nacional y ser más eficientes desde el lugar de la gestión”, subrayó.
Por otra parte, consultada sobre las recientes declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien el martes solicitó la relocalización de las futuras instalaciones de la planta de producción de combustibles a base de hidrógeno de HIF Global, la ministra calificó la labor del Poder Ejecutivo al respecto como “un trabajo serio” y expresó su confianza “en la madurez de ambos países”. Agregó que el gobierno solicitó a la empresa “que tuviera en cuenta también los planteamientos del gobierno argentino”, aunque acotó que “en eso está Cancillería”.
Para Daniel Diverio, hay “una diferencia con la oposición” a la hora de pensar ciertas políticas
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Daniel Diverio, destacó una vez finalizado el encuentro, la disposición de los ministros, y recordó que mientras que los niveles de desocupación en nuestro país rondan el 7,7% en promedio, recogen “una situación mucho más grave” en los departamentos del litoral, por lo que es necesario “buscar alternativas”.
Respecto a ello, dijo que ve con buenos ojos la propuesta del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, de reglamentar el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que “las empresas que realmente van a dejar el país o van a cerrar anuncien con mucho tiempo antes” y así “poder encontrar mesas de diálogo”.
Diverio dijo que no comparte el argumento de que la reglamentación va a desalentar la creación de puestos de trabajo, ya que existen experiencias exitosas. Tampoco ante la posible reducción de la jornada laboral, bajo las mismas razones. “Yo creo que ahí hay una diferencia que tenemos con la oposición, que plantea estas cosas como riesgo”, concluyó.