Con la presencia nuevamente de exautoridades y con un informe jurídico sobre la mesa, sesionó este lunes por tercera vez la “Comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de OPV”, creada tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard. En esta oportunidad comparecieron el exsubsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri –actualmente presidente de OSE– y los ex comandantes en jefe de la Armada Alberto Caramés (2010-2012) y Carlos Abilleira (2018-2020).

El presidente de la comisión, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, dijo a la diaria que en la comisión “se viene analizando con mucha profundidad” el primer tramo del período de tiempo fijado como objeto de la investigación, desde 2010 a 2019, es decir, durante los gobiernos del Frente Amplio (FA). “Hay antecedentes muy importantes y representativos de cómo se desarrolló este proceso; creo que va quedando confirmado que claramente hubo una gran improvisación y un nivel de indefinición”, afirmó Abdala sobre la postura de los gobiernos frenteamplistas con relación a la compra de patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

Por el contrario, vicepresidente de la comisión, el senador del FA Nicolás Viera, dijo en una rueda de prensa que en el oficialismo están “conformes” con el trabajo realizado hasta el momento. Sobre la comparecencia de Ferreri, puntualizó que como subsecretario de Economía “no tenía demasiada injerencia”.

Viera sostuvo que durante los gobiernos frenteamplistas se entendió que “correspondía” avanzar en la adquisición de buques OPV por medio de un “acuerdo entre dos estados”. Ese formato “requería una inversión de varios millones de dólares, mucho más que sacar dos patrullas por 90 millones de euros”, como en el caso de Cardama, señaló.

“Fue claro de parte de Ferreri que el presupuesto de aquel momento no daba la oportunidad de poder construir” las patrullas oceánicas, resaltó Viera. El asunto, sostuvo, “siempre estuvo en la agenda y lo sigue estando”, pero “el problema es cómo las adquirimos y cuánto pagamos por ellas”, remarcó.

Las acciones del FA para llegar a las OPV

Según Abdala, este lunes en la comisión quedó constancia de que en forma “muy informal –oficiosa, pero no oficial– se desarrollaron”, durante los gobiernos del FA, “una serie de gestiones con intermediarios” de astilleros, quienes “visitaban a las autoridades, visitaban el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa y organizaban viajes”.

Abdala mencionó en particular un viaje que se hizo en 2016 para visitar un astillero alemán. Según el diputado del PN, en esta instancia, que fue organizada por la propia empresa alemana, participaron el entonces director general del Ministerio de Defensa, Hernán Planchón, el entonces director de material naval de la Armada Nacional, Jorge Jaunsolo, y representantes del sindicato metalúrgico, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra).

“Sin embargo, después no desembocó en nada útil ni conveniente para el país”, afirmó Abdala. “No actuaron a la altura de la necesidad que el país tenía y que sigue teniendo”, resaltó.

Por último, el diputado nacionalista expresó su preocupación por el hecho de que Jaunsolo –uno de los que viajaron a Alemania– haya manifestado su negativa a comparecer ante la comisión y se haya ofrecido a responder solamente por escrito. “Llama la atención, [porque] no corresponde hacerlo por escrito”, afirmó Abdala.

Asimismo, el diputado del PN dijo que en la sesión de este lunes Caramés se refirió a una resolución firmada por Tabaré Vázquez en 2009, en la que se aprobaba “un memorándum de entendimiento entre distintos países para avanzar en la construcción de patrulleras oceánicas”. Allí se establecía la posibilidad de “intercambiar capacidades entre los distintos países” de la región para resolver “la etapa de diseño” y “la ingeniería básica” para reducir los costos, apuntó.

No obstante, “nada de eso se cumplió en Uruguay”, aunque “otros países lo hicieron”, señaló Abdala, en referencia a Chile y a Colombia. “Notoriamente se desaprovechó el tiempo, se desaprovecharon las oportunidades”, lamentó el legislador nacionalista. “Hubo esfuerzo, recursos y tiempo que se invirtió en viajes, en reuniones, en cabildeos que, sin embargo, no condujeron a nada bueno”, subrayó.

El informe jurídico

Por otra parte, Viera destacó que este lunes se recibió el informe encargado a la Comisión Administrativa del Parlamento sobre las potestades que tiene la comisión. Esto había sido solicitado en la primera sesión debido a una serie de dudas sobre el alcance de la comisión en términos investigativos, ya que, al tratarse de un órgano bicameral creado por la Asamblea General, no es, técnicamente, una comisión investigadora. Esto llevó a que el diputado cabildante Álvaro Perrone planteara la posibilidad de crear directamente una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Según Viera, el informe “avala el funcionamiento” de la comisión para que “pueda contar con información sensible”. Señaló que la comisión puede “declarar secreta la información en caso de que las autoridades así lo requieran”. En definitiva, tiene “las mismas potestades” que una comisión investigadora, afirmó.

En el informe, al que accedió la diaria, se concluye que la comisión “puede disponer el carácter secreto de sus actuaciones o la reserva de determinada documentación vinculada a su actividad, así como extender dicho régimen a otros antecedentes o informaciones que surjan en el desarrollo de sus cometidos, siempre que tal decisión se adopte mediante resolución expresa, debidamente fundada y conforme al procedimiento correspondiente”. De todos modos, se puntualiza que la declaración de secreto o reserva “constituye una excepción al principio de publicidad de la información pública”.