El titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, visitó Panorama informativo de la diaria Radio tras comparecer ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para informar sobre el déficit hídrico, junto con todo el directorio de OSE y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Según el jerarca, la instancia sirvió para demostrar que se aplicó “por primera vez” el protocolo de sequías, lo que habilitó “medidas a tiempo”. También informó que con las lluvias de abril “las reservas de OSE se han venido recuperando” hacia el 50%, mientras se espera que la situación “mejore todavía más” con las precipitaciones previstas para hoy, y que finalmente “se estabilice” en mayo.

En lo cualitativo, Ortuño aclaró que el agua “mantuvo la condición de potable” durante todo el déficit hídrico, y que las mediciones de trihalometanos en abril “están dentro de la normalidad”. También planteó “soluciones de fondo” que impulsa el gobierno para que el país “tenga blindado el abastecimiento de agua potable” ante sequías que, enmarcadas en un “contexto de cambio climático”, se reiterarán porque “son un fenómeno que llegó para quedarse”. En este apartado aparecen la construcción de la represa de Casupá para incorporar 118 millones de metros cúbicos a las reservas; la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, que aportará “200.000 metros cúbicos por día de producción adicionales”, y una séptima línea de bombeo, junto con las mejoras en la cuarta y en la quinta.

Para Ortuño, Uruguay tendrá “una solución integral que cuida y atiende” la calidad del agua, una mayor capacidad de potabilización, y “tendrá, fundamentalmente, mayores reservas para asegurar no solo el abastecimiento del área metropolitana, sino también de la Costa de Oro”, porque definieron construir una nueva represa y planta potabilizadora en el Solís Chico para abastecer la costa de Canelones.

Casupá tiene un costo de 130 millones de dólares, a los que se suman los 213 millones “que supone el conjunto de obras que surge de la renegociación del proyecto Neptuno-Arazatí”: la “planta potabilizadora, una planta de tratamiento de lodos, una nueva estación de energía para abastecer esta planta, y con posibilidad de ser el respaldo de la actual, y una séptima línea de bombeo”. Además, otros 45 millones estarán destinados a la represa en el arroyo Solís Chico, con su correspondiente planta potabilizadora, en una inversión que supera los 380 millones de dólares y supone “la inversión más importante de la historia de nuestra empresa pública de agua y saneamiento”.

Según Ortuño, el proyecto de Arazatí “no aseguraba el abastecimiento del conjunto de la población” y la renegociación implica “un ahorro de 150 millones de dólares”. Los estudios de impacto ambiental del proyecto continuarán durante todo el año, proceso que esperan culminar en el último trimestre, y procurarán que las obras de Casupá inicien durante el primer trimestre de 2027, mientras que la construcción de la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes comenzará este año. “El conjunto de obras estimamos que sobre 2029 va a estar culminado”, apuntó.

Prospección sísmica: hay una “definición política” de avanzar en las áreas protegidas marítimas este año

El ministro también habló sobre la prospección sísmica y dijo, en referencia a las iniciativas judiciales en curso, que “el debate es sano y bienvenido en democracia”. Apuntó que la actividad “no es nueva en Uruguay”, pero la novedad radica en “los niveles de exigencia y garantía de cuidado del ambiente” que se han establecido para las empresas.

Consultado al respecto, Ortuño apuntó que “Uruguay no tiene hoy la definición de áreas protegidas marinas”, pero ratificó “la definición política” de avanzar en ese sentido a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, proceso que esperan concretar este año. También existen “áreas prioritarias para la conservación”: “Todas estas actividades se harán contemplando el cuidado de esas áreas, que se definen por la riqueza de biodiversidad que queremos proteger existente en esos lugares”, aseguró.

Consultado por el avance de la prospección sísmica, dijo que las investigaciones concluyen en abril por las restricciones impuestas desde el propio ministerio y, tras la nueva ventana que comienza a partir de noviembre, “arrojarán resultados recién en 2027”. “A partir de mayo hasta octubre entramos en una ventana de prohibición, justamente preservando este tiempo en que hay presencia de fauna”, indicó. Entre otras medidas, enlistó que se “amplió la distancia que tiene que haber entre buques”, se “prohibió repetir actividades de prospección sísmica por cinco años luego de realizada en un área”, y “se duplicó la distancia” para las medidas de cuidado de la fauna marina.