Luego de la postergación de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatario de bienes inmuebles con deuda compensable. La iniciativa, presentada por la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) y avalada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, fue aprobada con los votos del oficialismo y de la oposición (80 en 83); solamente votaron en contra los dos diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, y el diputado colorado Juan Martín Jorge.
Por lo general, la expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable es un mecanismo utilizado por las intendencias que, dada la normativa vigente, acarrea algunas dificultades, por ejemplo, la ausencia de uniformidad en las tasaciones de los inmuebles.
En su momento, el senador del FA Óscar Andrade, uno de los principales promotores de la iniciativa, había señalado a la diaria que ya existe una “experiencia piloto” a cargo de la Intendencia de Montevideo que “encontró más de 500 predios con deuda compensable”, la mitad de ellos deshabitados. “De ahí se vio a los que, por tamaño, tenían posibilidades para ser adjudicados a cooperativas y se expropiaron cerca de 80; los primeros 12 ya se dieron a cooperativas para construir más de 300 viviendas y ahora hay otros 60 que van a tener el mismo destino”, apuntó.
Este martes, la diputada frenteamplista Ana Laura Melo puntualizó que alrededor del “80% de las propiedades vacantes en el país” no serán alcanzadas por la nueva ley, por lo que hacen falta “más acciones en ese sentido”. No obstante, afirmó que el proyecto “vale la pena”, ya que los inmuebles que sí serán comprendidos “van a ir a los objetivos que establece la ley de ordenamiento”, esto es, “para programas de vivienda, para saneamiento, para red de infraestructura”.
En el informe elaborado en comisión se señala que el proyecto tiene como propósito “generar más herramientas” para que los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo puedan “actuar con un proceso extraordinario en aquellos inmuebles que tienen un doble componente”: por un lado, que sean “inmuebles con deudas compensables con el Estado”, y por otro, que su situación actual comprometa “la seguridad edilicia, la salubridad y/o la higiene pública”.
“El énfasis de este proyecto de ley es ir en la dirección de generar transformación, recuperación de inmuebles vacíos, degradados, abandonados que están insertos en nuestra infraestructura existente, subutilizándola, por lo tanto, generando inequidades en la trama urbana y para con la comunidad”, se señala en el informe, y se resalta que “muchos” de estos inmuebles se ubican “en áreas centrales de las ciudades o en posiciones estratégicas para el desarrollo urbano, constituyendo por su estado de conservación un agente causal de múltiples inequidades”.
El cuestionamiento de Juan Martín Jorge
“Estamos equivocados si pensamos que el procedimiento extraordinario es más rápido. Eso es desconocer el derecho procesal. Si lo que se buscaba era un procedimiento más rápido, no necesariamente es el procedimiento extraordinario”, ya que este “puede prorrogarse y el procedimiento ordinario incluso ser más rápido”, advirtió Jorge al momento de la votación.
El diputado colorado, que este martes votó en contra del resto de su partido, sostuvo que el procedimiento de carácter extraordinario previsto en el proyecto “le quita garantías a la persona a la hora de limitarle su derecho a la propiedad”. “Si tenemos que elegir dos mecanismos, tenemos que elegir el mecanismo que más garantía le dé a la persona, al propietario”, manifestó Jorge, y afirmó que “el procedimiento ordinario era el camino correcto, que es como se viene haciendo”.
A su turno, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez destacó que uno de los cambios que introdujo la cámara baja con respecto al proyecto que fue sancionado por la Cámara de Senadores en octubre del año pasado es la incorporación en el proceso de un juez de manera preceptiva, ya que “el texto original hablaba de procesos administrativos”. Al haberse alterado la redacción, el proyecto deberá volver a tratarse en el Senado, esta vez como tercera y última cámara.
La diputada del Partido Colorado Paula de Armas dijo que el proyecto “lo que hace es reconocer la realidad de los departamentos de nuestro país, de todos, pero sobre todo del interior de nuestro país”. Dicho esto, afirmó que “hay que eliminar miedos y mitos cuando se vota una norma como esta”, dado que “acá nadie va a poder expropiar ni invadir la propiedad privada porque le parece y sin motivo fundado”. “No se está dañando de esta forma la propiedad privada”, subrayó.
“Voto porque en este momento me estoy poniendo en el lugar de tantos uruguayos y uruguayas que están esperando que lleguemos a tiempo con las herramientas y las políticas públicas de vivienda para brindarles una mejor calidad de vida, pero sobre todo para asegurar el derecho a la vivienda, que está consagrado nada más y nada menos que en la Constitución de la República”, expresó De Armas.