El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) publicó este lunes su 12º informe sobre libertad de expresión en Uruguay, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el domingo. Entre el 1° de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, se registraron 56 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas en todo el país. Por un lado, la cifra supone un leve incremento con respecto a 2025, cuando se registraron 51 casos; por otro, es una ruptura de la tendencia a la baja observada desde 2022.

Al igual que en monitoreos anteriores, la principal dificultad fueron las restricciones en el acceso a la información, que estuvo presente en 23 de los 56 casos. Además, se registraron ocho “agresiones verbales, escritas y digitales”; siete discursos estigmatizantes; seis hostigamientos judiciales; seis casos de violencia mediante el uso de tecnologías digitales; tres agresiones físicas; dos casos de uso abusivo del poder estatal; y un caso de un marco jurídico contrario a estándares internacionales.

La mayoría de los casos se concentraron en Montevideo (45). Maldonado, Soriano y Tacuarembó registraron dos casos cada uno, y hubo un caso en Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja y Paysandú.

Una “novedad alentadora” que arrojó el informe es que el Estado “dejó de ser el principal agresor, a través de organismos o funcionarios, registrando 23 de los 56 casos del informe”. El cambio “marca un cambio significativo, ya que Uruguay se diferencia del resto de los países de la región, donde estudios internacionales señalan a los Estados como la principal amenaza de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”.

En otros 24 episodios los responsables fueron actores privados, mientras que en nueve casos “no se pudo identificar a los responsables o se trató de grupos de personas que no se puede individualizar”. Asimismo, se registraron 56 víctimas, de las cuales 15 fueron hombres, 5 mujeres y en 36 ocasiones se trató de afectaciones a grupos, medios de comunicación o al cuerpo social en su conjunto.

Según Cainfo, la principal razón que explica la “modificación en la distribución de casos por responsable de la vulneración tiene que ver con la falta de episodios registrados de agresiones, ataques y estigmatizaciones por parte de jerarcas de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, los cuales proliferaron entre 2022 y 2025. Apuntó que “los pocos casos que se registran, por ejemplo, de discurso estigmatizante proveniente del Estado, tienen como responsable a la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, quien mantiene su discurso ‘antiprensa’ a través de sus redes sociales”.

En el informe se mencionan cinco casos en los que Bianchi agravió, cuestionó o acusó a periodistas. Uno de los episodios señalados fue su cruce con el periodista Gustavo Guisulfo, el 4 de enero de 2026, cuando calificó de “estupidez” una pregunta suya durante una conferencia de prensa.

“Resulta esencial para la calidad democrática que los actores estatales dejen de ser la principal amenaza a la libertad de expresión porque el Estado es el garante de los derechos fundamentales en una democracia”, señaló Cainfo, y resaltó que cuando el Estado “se aleja del rol de amenaza y se fortalece como defensor, se facilita la investigación de agresiones y se reduce el nivel de intimidación y autocensura”.

Respecto de las restricciones en el acceso a la información, Cainfo advirtió que aumentó “de manera notoria el número de actores privados como agresores, al impedir coberturas periodísticas y protagonizar incidentes de censura”. Por otro lado, “los ministerios siguen teniendo un peso importante en el rechazo a pedidos de acceso a la información, y continúan apareciendo sujetos obligados que se niegan a transparentar sus gastos en publicidad oficial”.

El informe también dio cuenta de restricciones a la cobertura periodística en el Palacio Legislativo y en la Torre Ejecutiva. Cainfo confirmó que, “a partir de algunas decisiones adoptadas por la presidencia del Senado, distintos sectores del edificio que eran habitualmente transitados por los periodistas que realizan la cobertura parlamentaria fueron bloqueados para la circulación, lo cual redujo la posibilidad de contacto entre legisladores y medios de comunicación”.

Asimismo, señaló que “algo similar sucede en la Torre Ejecutiva, donde recientemente los fotógrafos y camarógrafos recibieron la novedad sobre los cambios en la política de comunicación presidencial, que incluye la prohibición de ingresar a las reuniones en las que participa el presidente Yamandú Orsi”.

En cuanto a episodios de censura, Cainfo señaló que “los casos con más impacto tuvieron que ver con la censura en el ámbito privado”. El primer episodio tiene que ver con “las presiones indebidas del empresario Francisco de Posadas, titular del grupo Magnolio, y personas de su entorno, para que varios medios de comunicación retiraran de circulación en sus ediciones digitales la noticia de un atentado que sufrió en sus oficinas el miércoles 21 de mayo”. El segundo episodio que se señala fue “la decisión del empresario y periodista Sergio Gorzy, director del programa Buscadores, quien despidió a la panelista Fernanda Kosak por su postura crítica hacia el intento de genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino”.

Por otro lado, Cainfo afirmó que se consolidó “la aparición de episodios que amenazan la libertad de expresión en el ámbito del periodismo deportivo”, con un total de diez casos, entre “agresiones físicas, amenazas de muerte, distintos tipos de obstrucción en las coberturas y estigmatización a medios y trabajadores”. “Este número es inédito en las mediciones que realiza Cainfo desde 2014 y muestra cómo esta área de la actividad periodística se ha vuelto hostil para los trabajadores y los medios”, señaló.