El pasado viernes se firmó un convenio entre los ministerios de Defensa Nacional y del Interior para que el primero le preste al segundo 12 vehículos blindados “de las marcas y modelos disponibles para la realización de operaciones de patrullaje, para el cumplimiento de sus funciones en el combate del crimen organizado”. En el documento suscrito por ambas carteras, que fue divulgado este lunes por el gobierno, se señala que el acuerdo tendrá una vigencia de seis meses, que será “prorrogable por plazos iguales hasta la finalización del período de gobierno”.
Entre las obligaciones que establece el convenio se encuentra “brindar capacitación al personal designado por el Ministerio del Interior a los efectos del correcto uso y conducción de los referidos vehículos, disponiendo del personal necesario a tales efectos”.
Se agrega que, “en caso de ser requerido por el Ministerio del Interior”, el Ministerio de Defensa Nacional designará “personal militar capacitado en el uso de los referidos vehículos bajo los mecanismos legales correspondientes a los efectos de la conducción de los mismos”. Este punto del convenio es sustancial para la oposición, que ha señalado que la participación de militares en operativos policiales requiere la aprobación de una ley, como ya se ha hecho con respecto a la colaboración del Ejército tanto en las zonas fronterizas como en las cárceles.
En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala subrayó que se precisa una ley porque “no estamos frente al simple préstamo de uso o comodato”, sino “frente a una situación más compleja, porque el propio convenio contempla la eventual participación de funcionarios militares, a texto expreso, y si participan funcionarios militares, lo tiene que autorizar la ley”.
“Porque ya estamos frente al escenario de funcionarios militares interviniendo en funciones policiales. Y si se requirió una ley para que intervinieran funcionarios militares en funciones policiales en la frontera y en el control perimetral de las cárceles, ¿por qué no se va a requerir ahora? Es obvio que se requiere”, insistió Abdala.
Para el diputado nacionalista, el gobierno “terminó siendo preso de su propia improvisación y de su propia imprudencia en el manejo de las cosas, porque hizo pública esta idea cuando era solo una idea, porque ni el propio gobierno la había procesado internamente, ni la había elaborado, ni la había discutido, ni había establecido los límites, y eso quedó demostrado”.
Abdala dijo que, desde la perspectiva del gobierno, el problema de darle un trámite parlamentario a esta iniciativa no está en la oposición, sino en los “propios compañeros”. “Nosotros seguramente votaríamos una solución de estas características, [porque] no tenemos ningún complejo ni mayores dificultades, pero es notorio que hay un límite que sectores de la izquierda no están dispuestos a traspasar”, señaló.
Por lo tanto, Abdala consideró que el Poder Ejecutivo “está, por todos los medios, tratando de eludir la intervención del Parlamento, por las consecuencias políticas que eso puede tener, y por la resistencia que una solución de este tipo genera en el oficialismo”.
Por su parte, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que coincide con Abdala en que se debe legislar para que el convenio se pueda aplicar. De hecho, apuntó que ya existe un proyecto de ley, presentado por el senador colorado Andrés Ojeda, que va en ese sentido.
Schipani dijo que el argumento jurídico que dio el ministro de Interior, Carlos Negro, en la conferencia de prensa tras la última reunión del Consejo de Ministros, en cuanto a que, al igual que cualquier ciudadano con porte de armas, el militar puede repeler la agresión por la legitima defensa, “es absolutamente insuficiente”. Afirmó que, con ese criterio, los militares “quedan absolutamente regalados” y “con un estatus menor” de protección legal que la Policía.
Para Schipani, “todo esto ha sido una brutal improvisación que marca la forma de proceder del gobierno”, porque Negro lanzó el tema “sin ningún tipo de chequeo, primero con Estados Unidos, para ver si efectivamente los Mamba se podían usar para tareas de seguridad interna”, y también “sin chequearlo con la fuerza política”, porque “todos se sorprendieron”.
Por lo tanto, Schipani subrayó que no tiene dudas de que el gobierno no quiere llevar el tema al Parlamento para evitar la discusión interna. “No veo al Partido Comunista levantando la mano para votar esto”, finalizó.