En el marco de un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para el período 2026-2030, este lunes se lanzó el Programa de Formación Profesional para personas privadas de libertad. El programa tiene 8.000 cupos para el quinquenio; se estima que en el transcurso de este año participarán unos 900 presos de todo el país.
El representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el Consejo Directivo de Inefop, Gabriel Chouhy, dijo en el lanzamiento del programa que este tipo de convenios “invitan a pensar la cárcel como una institución del mercado de trabajo”. En ese marco, señaló que se apuesta a que la cárcel “sea una institución que forma para el trabajo y no una que lo destruye”. El programa tendrá una modalidad integral e incrementará su cobertura un 10% cada año.
Bajo un acuerdo anterior fueron capacitadas 2.540 personas privadas de libertad, de las cuales 95% culminó los trayectos planteados en el programa. La directora del INR, Ana Juanche, sostuvo que el diseño del programa “ha sido muy asertivo” en cuanto a la “contextualización de las propuestas”, en la medida en que la oferta tiene un “correlato certero en las demandas del mercado laboral” que existen en las distintas zonas del país.
En el programa participan la UTU, el Consejo de Capacitación Profesional de Uruguay y el Fondo de Capacitación para Trabajadores y Empresarios de la Construcción (Focap). Al mismo tiempo, existe una articulación con el programa Libertad Segura, de egreso del sistema penitenciario.
Richard Ferreira, representante del Focap, afirmó que estos programas permiten “construir conocimiento hacia adentro de nuestra industria” y, al mismo tiempo, “transmitir ese saber hacer al conjunto de la sociedad” a partir “de la coordinación, de la acción con diferentes instituciones públicas y privadas”.
Por su parte, la directora general de UTU, Virginia Verderese, destacó que el convenio da la oportunidad de “ahondar en otras propuestas”. En el caso particular de la educación técnica, dijo que se trata de “un ganar-ganar”. “UTU tiene la posibilidad de desarrollar en el INR propuestas de capacitación, propuestas de continuidad educativa, propuestas de acreditación de saberes y también propuestas de educación terciaria”, lo cual “no sería posible sin un aliado fundamental para nosotros que tiene que ver con Inefop”.
Con respecto a la medición de los resultados del convenio, Chouhy puntualizó que “contar cursos dictados y personas certificadas no alcanza”, ya que esto no mide “el impacto real sobre las personas”. En ese sentido, destacó la articulación con el programa Libertad Segura, que “ya tiene incorporados elementos metodológicos que permiten medir el efecto de la política pública sobre el empleo” a través de “un grupo de comparación y una mirada que sigue a las personas después de la salida”.
Durante el evento de lanzamiento de este lunes también se entregaron más de 500 certificados a personas privadas de libertad que ya culminaron su formación en construcción, gastronomía, informática y actividades rurales.