En el marco de la Rendición de Cuentas que se presentó ayer al Parlamento, el Ministerio del Interior (MI) dispuso 144 millones de pesos en 2027 para adquirir 100 vehículos y 200 motos y la creación de 300 nuevos cargos policiales, entre otros puntos.
El nacionalista Nicolás Martinelli, exministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, dijo a La mañana de la diaria que en la ley de presupuesto “la balanza había estado totalmente inclinada al Instituto Nacional de Rehabilitación” y con este documento “parecería ser que eso cambia”: “Empiezan, de alguna forma, a cumplir –lejos todavía están– esa promesa de campaña política de tener las 2.000 vacantes represivas”.
También dijo que “bienvenido sea” el dinero destinado a la movilidad en función de que el MI “viene muy complicado” con la reparación de sus vehículos. Otro elemento es la creación del Instituto Nacional de Reinserción, servicio descentralizado que sustituirá al INR: “Con el concepto general de descentralizar el INR para darle más autonomía estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo y en ese caso vamos a apoyar la medida”, acotó.
En paralelo, un debate en la agenda del MI es el convenio con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para utilizar blindados militares en operativos policiales. Martinelli sostuvo que no se opone a su utilización para asistir en “algunos temas puntuales”, pero lo catalogó como “parte de la caja de herramientas” y no algo “a lo que vas a meterle mano en primera instancia”, ya que “cuando llegás a ese nivel de tener que pedirle ayuda al Ejército” es porque “te viste desbordado, de alguna forma”.
Según Martinelli, en principio iban a ser operados por militares, pero “cuando el gobierno se vio envuelto en una polémica incluso en su propia interna” y por “razones ideológicas” dieron “marcha atrás”. A su vez, en función de que el MI “dice que los primeros vehículos que le están mandando no le sirven”, aseveró que es natural porque “tienen características diferentes” y “no están hechos para ingresar” a barrios de calles angostas.
En suma, opinó que refleja “una suerte de improvisación” que clasificó como “la característica más grande que está teniendo esta administración en materia de seguridad pública”. Apuntó hacia una discusión “entre el propio ministro con la Policía” en la que Carlos Negro “tiene que salir a decir ‘ustedes se van a adaptar a los vehículos y no los vehículos a ustedes’”, y dijo que la “falta de liderazgo” termina repercutiendo en los problemas de seguridad pública.
Finalmente, en línea con lo que ya plantearon otros actores de la oposición, suscribió la idea de que si van a conducir militares es necesaria una ley, porque “son parte del patrullaje”, y “en algún momento también pueden tener que descender a ayudar a los compañeros policías”. Además, dijo que “le pega en la banda de flotación” al Plan Nacional de Seguridad Pública porque tiene “un párrafo específico que desaconseja este tipo de tareas militares”, y que significa ir “en contra de la evidencia que vos mismo estás generando en el plan que vos armaste y que te llevó un año”.
Cifras de homicidios: Martinelli duda de “si este va a pasar a ser el semestre más sangriento de los últimos ocho años”
En su última comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, Negro adelantó que las cifras de homicidios y heridos por armas de fuego del segundo trimestre tendrán “una leve suba”. Martinelli dijo que no le sorprende, pero sí “que lo haya dicho 15 días antes de terminar el semestre”, porque refleja que “ya venía mal” y hay que sumar “todo lo que pasó” después.
“No hay dudas de que este semestre va a arrojar un aumento de homicidios con respecto a 2025 y 2024. La única duda que tengo ahora es si este va a pasar a ser el semestre más sangriento de los últimos ocho años, solamente superado por 2018, que fue el año récord de homicidios en el gobierno del Frente Amplio, que terminamos con 421 homicidios”, dijo.
Respecto a las modificaciones en la cúpula policial, criticó que “no cambiamos nombres, los cambiamos de lugar”, y se trata de “la misma gente que ya fracasó en la era Bonomi-Layera”. Por último, sobre el proyecto de ley para el control de armas y municiones que presentó el diputado oficialista Alejandro Zavala en coordinación con el MI, opinó que se están “concentrando todos los esfuerzos en el mercado legal”, cuando el problema está en el mercado negro, y sostuvo que está “de acuerdo con el aumento de penas” para quienes las alteren con el objetivo de incrementar su letalidad, pero advirtió que es “un contrasentido de lo que la izquierda siempre ha sostenido”.
Llamó a tener “toda la evidencia” antes de legislar. “Ni siquiera contamos con la suficiente evidencia de que los casquillos de bala que estamos pudiendo recoger de las diferentes balaceras que se producen en los barrios pertenezcan al mercado legal o ilegal; no lo podemos distinguir. Estamos regulando prácticamente a ciegas”, dijo.