El 13 de agosto, Uruguay depositó ante las Naciones Unidas la carta náutica oficial para extender los límites exteriores de la plataforma continental de 200 a 350 millas náuticas. Gonzalo Rodríguez, asesor de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), afirmó que el hito “plantea muchas oportunidades y también desafíos”. Recuadro Lleva el límite exterior de la plataforma continental desde las 200 millas náuticas hasta casi 350. “Al día de hoy podemos decir que Uruguay tiene más superficie marítima que superficie terrestre” señaló, aunque no en toda esa superficie marítima tiene “soberanía plena”.
El experto explicó que existen diferencias entre las distintas zonas marítimas. Por un lado, el “mar territorial” puede alcanzar un máximo de 12 millas náuticas a partir de la línea de base y en esa zona los Estados ejercen “soberanía plena” con capacidad de “legislar, regular, fiscalizar e incluso sancionar” cualquier actividad. Asimismo, en la “zona contigua”, que puede alcanzar hasta 24 millas náuticas, el país tiene facultades específicas para el “control, fiscalización y sanción en materia aduanera, sanitaria, fiscal y migratoria”.
Por otro lado está la zona económica exclusiva (ZEE), que se extiende hasta las 200 millas náuticas. En ella, el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía para explotar recursos naturales, fundamentalmente ictícolas, en “la superficie del mar y el volumen de agua”. Finalmente, la plataforma continental es un régimen jurídico distinto que abarca “el fondo y el subsuelo” marinos y se extiende “desde que termina el mar territorial” hasta “un máximo, en principio, de 200 millas náuticas” aunque los Estados no tengan una plataforma física. Dado que algunos Estados tienen plataformas geológicas extendidas y otros plataformas estrechas, acordaron la posibilidad de que ciertos países la extiendan hasta 350 millas náuticas si logran “acreditar que tienen una plataforma continental más allá de las 200”.
Dijo que Uruguay inició el procedimiento en 1996 al crear una comisión interministerial que asesoró al Poder Ejecutivo y en 2009 presentó la solicitud de extensión a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), que pidió datos adicionales en 2011. Finalmente, en 2016, la CLPC recomendó a Uruguay “cuáles serían los puntos geográficos para fijar el límite máximo de la plataforma continental extendida” y, al adoptar esa recomendación, “la plataforma pasa a tener efectos definitivos y obligatorios para todos los Estados” aunque faltaba “dar publicidad” a esas coordenadas, lo que acaba de ocurrir.
“Es el cumplimiento de una formalidad”, afirmó Rodríguez. No obstante, resta “fijar los límites laterales” de la extensión que se logró en 2016 con respecto a Brasil y Argentina. Sobre el primero, señaló que en el pasado se acordó que se continuará utilizando la línea equidistante que ya existía para dividir otras zonas marítimas. Con Argentina, sin embargo, todavía “se está negociando”: “En su momento se dijo –y creo que es lógico– que se continúe con esa línea de equidistancia, que se prolongue, digamos, la línea que ya venía de la plataforma continental que iba hasta las 200 millas náuticas”, expresó.
Mapa oficial del Espacio Marítimo Uruguayo.
No hay contratos para buscar hidrocarburos en la plataforma continental extendida
La ampliación otorga “derechos de soberanía” para explorar y explotar recursos naturales, ya sea “no vivos como vivos” –aunque esta última categoría se limita a las “especies sedentarias”, aquellas que viven o se desplazan en contacto con el fondo marino como crustáceos y cangrejos–, presentes en el fondo marino y también en el subsuelo. Entre sus posibilidades, listó la “explotación de hidrocarburos, la posible presencia de gas y también la explotación de nódulos polimetálicos”, que se utilizan en la industria tecnológica y la construcción de aeronaves, por ejemplo.
Aclaró, sin embargo, que todavía no existen contratos para explorar en busca de hidrocarburos en la plataforma continental extendida. No obstante, se podría realizar perfectamente porque el país “no tiene por qué hacer ningún otro tipo de declaración unilateral con respecto a que posee derechos de soberanía sobre esa plataforma extendida ni tiene necesidad de efectivamente desarrollar ningún tipo de actividad exploratoria”.
Otro potencial está en la pesca. “Sobre todo para diversificar lo que son las pesquerías tradicionales, que históricamente siempre fueron la merluza y la corvina. Hoy están declaradas en estado de plena explotación, entonces lo que se está tratando es diversificar un poco la pesquería. Entonces, estas especies sedentarias son una oportunidad también”, apuntó sobre una posibilidad que ya está abierta desde 2016.
En el orden de los desafíos –un debate marcado por el caso Cardama–, valoró que “convendría reforzar, sin lugar a dudas, la fiscalización” a través de la flota de la Armada para “por lo pronto poder tener un mayor control sobre lo que es la ZEE” y mayor rapidez de respuesta ante posibles denuncias de pesca ilegal. Dijo que el desafío regional a nivel del Océano Atlántico Sudoccidental es que aún “no existe una organización regional de pesca que regule medidas de ordenamiento y conservación de determinadas especies”.