A una semana de la promulgación de la Ley 20.022 y a casi dos semanas de que la aprobara el Poder Legislativo, 625 socios de Casa de Galicia, representados por el abogado Juan Ceretta, presentaron este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Según explicó Ceretta a la diaria, la próxima semana presentará una segunda tanda -estima que será la misma cantidad de socios- y lo mismo hará las siguientes semanas en la medida en que continúen las solicitudes; aclaró que “lleva mucho tiempo armar inconstitucionalidades masivas” porque se presentan los datos y se relata la situación de cada persona.

“La Ley 20.022 viola la Constitución por tres razones fundamentales”, afirmó Ceretta, tal como había adelantado semanas atrás en diálogo con este medio. Dijo que “viola el principio de libertad de elección”, porque los afiliados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) de Casa de Galicia no pueden elegir libremente un prestador de salud porque, según establece la nueva ley, deben ir al que le asigne el Ministerio de Salud Pública (MSP), y en caso de que se quieran cambiar, sólo podrán hacerlo entre los que haya seleccionado el MSP -de acuerdo al ranking que armó, se ha manejado que las mutualistas en las que serán distribuidos son Cudam, Universal, Círculo Católico, el Hospital Evangélico y Crami-; la ley dice que deberán permanecer en ese prestador durante 24 meses.

En segundo lugar, dijo que se viola el principio de igualdad porque, a diferencia de los usuarios Fonasa, los de Casa de Galicia no pueden elegir libremente dónde quieren atenderse. Y en tercer lugar, “viola el principio de separación de poderes en tanto el Poder Legislativo a través de la sanción de esta ley está interfiriendo en una decisión judicial, que aún está pendiente, que es la que aún resta tomarse en el expediente del concurso”, que se inició el 23 de diciembre. En este sentido, dijo que “el antecedente más similar es el caso Pluna”, cuando la SCJ declaró inconstitucional la ley porque “las decisiones del ámbito legislativo afectaban el resultado del ámbito judicial”.

El análisis de los recursos de inconstitucionalidad suele llevar varios meses, y por eso Ceretta acompañó el pedido con una medida cautelar para que mientras dure ese proceso, la SCJ “provisionalmente suspenda los efectos de la ley para estas personas que lo presentaron y no se les aplique”. En ese sentido, Ceretta aclaró que el sistema de inconstitucionalidad uruguayo “sólo tiene efecto para aquellos que lo plantean”, porque no deroga la norma, y que “aun cuando la Corte la declare inconstitucional la ley se sigue aplicando salvo para los que triunfaron en la inconstitucionalidad, por eso la importancia de que los recursos sean masivos”, subrayó.

Añadió que la SCJ ordenó que se hiciera un “expediente aparte” con la solicitud de medida cautelar para que se resolviera de forma rápida. La función de las medidas provisionales, como se denominan, es que se adelante la resolución y no se les aplique la ley durante ese lapso, y tampoco luego si la SCJ entiende que la norma es inconstitucional; en cambio, si no entiende que es inconstitucional, puede revertir la resolución y ahí sí la norma aplica para todos. En concreto, con esta iniciativa, los socios apuntan a que si el Ejecutivo mantiene su decisión de distribución de usuarios, los socios firmantes “no van a poder ser asignados a las mutualistas que quiera el Poder Ejecutivo, sino que van a poder elegir del elenco de todas las que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud”, dijo Ceretta.

Otras alternativas

El viernes 18 los socios de Casa de Galicia presentaron una carta en la Torre Ejecutiva dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con el nombre del posible inversor con el que han interactuado en los últimos dos meses para que asuma la deuda de la mutualista. Según publicó este lunes Diario La R, se trata del grupo inversor Ribera Salud, que tiene sede en Valencia, España, y que está dispuesto a presentar una propuesta en un plazo de “60 a 90 días” para “armar” un concurso, negociar con los acreedores y crear “un centro de salud de primerísimo nivel en Latinoamérica”, informó ese medio.

Ceretta no está participando en la discusión de esta propuesta, pero está al tanto. Valoró que el recurso de inconstitucionalidad se complementa con la propuesta del inversor porque “si le volteás la ley, ganás tiempo para que si existiera una solución que haga sobrevivir a Casa de Galicia se pueda dar, porque es mucho más difícil que una propuesta de salvataje de Casa de Galicia prospere si los socios ya están repartidos”.

Opinó que si se tiene una ley “pendiente de un hilo” por las resoluciones de la SCJ y hay alguien que ofrece asumir el pasivo de Casa de Galicia, el escenario es otro, y los dirigentes políticos pueden evaluar que la medida de cerrarla puede tener un costo político más alto. “Las dos cosas se potencian, viene bien que haya una posibilidad de salvataje porque la mayoría quiere que Casa de Galicia se salve, pero, si no es posible, quieren tener derecho a elegir dónde quieren estar, no que se lo asigne caprichosamente el Poder Ejecutivo”.

Además, el abogado estimó que en la medida en que siga creciendo el volumen de socios que presenten el recurso de inconstitucionalidad y la medida cautelar, se socava más la propuesta de distribución de los 37.794 socios Fonasa que tiene hoy Casa de Galicia.