A fines de diciembre, cuando el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó que se había detectado la circulación de la variante ómicron en Uruguay, prestadores públicos y privados de salud afirmaron que estaban preparados para atender el aumento de consultas que se generarían en el primer nivel de atención, pero la ola de ómicron superó la capacidad disponible.

Entre otras medidas para paliar la situación, a mediados de enero el ministro convocó a una reunión a los decanos de las facultades de Enfermería y de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), Mercedes Pérez y Miguel Martínez, al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Augusto Ferreira, y a la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Claeh, Selva Lema, para conversar sobre la posibilidad de que los prestadores de salud contrataran temporalmente a estudiantes avanzados de Enfermería y Medicina para ayudar en la asistencia.

La idea prosperó y el 2 de febrero Salinas firmó la ordenanza ministerial Nº 184/022 que habilita a estudiantes de la Licenciatura de Enfermería con el título intermedio –es decir, auxiliares de Enfermería-, así como a auxiliares que estén cursando la carrera de profesionalización –para recibirse de licenciados- y a estudiantes de Medicina con 4º año aprobado, a postularse en un sistema de registro en línea del Ministerio de Salud Pública (MSP) a cuyos datos podrán acceder los prestadores de salud.

Según el texto, los estudiantes podrán desempeñar “tareas de baja complejidad” para apoyar al personal médico o de enfermería en las puertas de emergencia o servicios del primer nivel de atención de mutualistas y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) hasta el cese de la emergencia sanitaria. A los prestadores sólo se les pidió que establezcan “de quién dependen funcionarialmente” los nuevos contratados.

El registro en línea se abrió este jueves y en menos de 24 horas se inscribieron más de 1.000 estudiantes, informó El País y confirmó a la diaria Augusto Ferreira, que además de ser decano de la UCU preside la Comisión Nacional Asesora de Enfermería (Conae). Ferreira estimaba que el viernes se habría llegado a más de 1.500 y, si bien no tenía mayores datos de la distribución, adelantó que había estudiantes de Montevideo y del interior, tanto de Enfermería como de Medicina y de las tres universidades, aunque con “una mayor cantidad de estudiantes de la Udelar por el volumen” que representan. Para acelerar su contratación, dijo que el viernes mismo le pasaron los datos de esos primeros 1.000 estudiantes a las direcciones técnicas de los prestadores de salud, para que en el correr de la semana puedan empezar a convocarlos.

Para Ferreira, esta opción es “un muy buen recurso para esta etapa especial de la pandemia” en la que “al menos por 30 o 45 días más se van a mantener estos niveles de casos positivos”. En cuanto al tiempo de contrato, dijo que “se deja a criterio del prestador”. “La idea del ministro cuando nos reunió a los cuatro decanos era que fuera por entre 30 y 60 días, y a evaluar”, especificó, y agregó que si el prestador queda conforme con el desempeño del estudiante y quiere seguir contratándolo puede hacerlo, y que el MSP sólo “hace de articulador, facilitador, de enlace entre el prestador de salud y esta bolsa de trabajo”.

Oportunidad y controversias

La iniciativa ministerial generó diferentes reacciones entre los estudiantes y el tema será tratado este miércoles en el Consejo de la Facultad de Enfermería de la Udelar, informó a la diaria la decana, Mercedes Pérez.

En diálogo con este medio, Carlos Lima, delegado del Centro de Estudiantes de Facultad de Enfermería e integrante del Consejo, que cursa la licenciatura en Rivera, expresó que pese a las diferentes opiniones que hay “en general vemos con buenos ojos la propuesta” y saludó la participación de la decana en la reunión, que fue quien pidió como requisito que los estudiantes de Enfermería tuvieran el título de auxiliar, es decir, tercer año aprobado. Según explicó la decana, solicitó ese nivel para que “no se pusiera en riesgo la salud de la población ni a los propios estudiantes a no tener un respaldo legal para su ejercicio”.

Para Lima, esta es “una oportunidad importante” en lo laboral, aunque tal vez eso “no se refleje tanto en Montevideo, en donde la mayoría de los estudiantes avanzados ya está trabajando”. Puso el ejemplo de Rivera, donde “en noviembre obtuvimos el título 74 auxiliares de Enfermería y para la gran mayoría esta sería su primera experiencia laboral, porque es un ambiente en donde hay tres asistenciales, que la mayoría está colmada [de personal] y un hospital solo, y las oportunidades para conseguir un empleo están bastante reducidas”, más si se considera que “hay que esperar llamados, participar de concursos que a veces son extensos”. “Para nosotros sería como una pasantía, sería poder hacer un trabajo abocado a nuestra área”, agregó.

Lima comentó que están esperando para ver cómo va a ser la selección que hagan los prestadores de salud. “Lo que íbamos a cobrar no se habló y en la ordenanza no lo dice”, expresó. “No queremos ser contratados como mano de obra barata, ese es nuestro temor, porque estamos recibidos, esperemos que se mantenga el mismo laudo” de un auxiliar de Enfermería y que “se cumplan en su totalidad” los derechos y obligaciones que están pactados, agregó.

Por otra parte, comentó que “hay controversia” porque los prestadores de salud, debido a la reducción del aforo dispuesto por la emergencia sanitaria, redujeron los “campos clínicos” y algunos estudiantes no pudieron concurrir y ahora son convocados, pero para trabajar.

Estudiantes de Enfermería reclaman espacios para prácticas

Integrantes de la generación 2018 de Enfermería reclamaban desde antes de la aprobación de esta ordenanza espacios para hacer sus prácticas. Según El País, a fines de enero, un grupo de estudiantes de esa generación, que deberían egresar este año, temían que recién pudieran hacerlo en 2025, porque superan número de cupos disponibles para hacer el internado, que lleva un semestre.

Matías Eidelman, integrante del grupo de la generación 2018, contó a la diaria que el día que se enteraron de que se abriría la bolsa de trabajo, uno de los docentes de Administración –práctica que es requisito cumplir para hacer el internado- les había enviado un mensaje en el que les decía que no se sabía si se iba a poder cursar la práctica, por el aumento de casos de covid-19. “Nos generó temor, es una contradicción, porque no nos podemos formar como estudiantes -siendo que la mayoría ya trabaja en los servicios, está expuesto constantemente al covid-, pero sí se puede ir a trabajar bajo las condiciones que ellos pretenden en el articulado, que no se sabe tampoco si nos van a pagar como estudiantes, pasantes, ni las tareas que se nos van a asignar siendo ya auxiliares con las competencias que nos habilita la carrera”, planteó Eidelman.

Consultada sobre los campos clínicos, Pérez afirmó que “en ningún momento se está pensando que un estudiante que vaya aprobando todas las materias regularmente de esta generación [2018] vaya a llegar a 2025 sin la oportunidad de recibirse”, que los 300 estudiantes de esa generación tienen diferente grado de avance en la carrera y que no todos están en condiciones de cursar el internado, cuyo próximo módulo comenzará en abril. Pérez negó que se hayan suspendido los cursos, pero sí dijo que “es cierto que los prestadores han reducido los aforos de estudiantes, en lugar de 20 en algunos servicios nos habilitan cinco, siete por vez, pero también es cierto que los docentes también han hecho muchos ajustes y van al hospital sólo a aprender lo que es necesario aprender en el hospital”.

Pérez añadió que recibió un planteo de que esta contratación que habilitó el MSP se valide como parte de un curso, pero negó esa posibilidad, porque “tienen objetivos y funciones diferentes y no van a estar con un docente a su lado para que se los evalúe”. Consultado sobre la generación de suficientes espacios de práctica, Ferreira expresó que “es cierto que tienen muy atrasadas las prácticas”, pero dijo que “es tema de la Udelar” porque tiene “un volumen de estudiantes muy difícil de acomodar” en los servicios de salud.

En cambio, dijo que la UCU “está absolutamente al día” y que para respetar el aforo de la pandemia subdividieron los grupos de estudiantes y aumentaron el plantel docente, lo que implicó un trabajo de gestión, y también presupuesto. Esto último es, justamente, lo que reclaman estudiantes y docentes de la Udelar.

Precarización

Este miércoles, la Asociación de Docentes de la Facultad de Enfermería de la Udelar (ADUR Enfermería) emitió un comunicado a la opinión pública, que también le envió a la Conae, planteando su “honda preocupación” por la ordenanza Nº 184/022. El primer reparo tiene que ver con la argumentación que manejó el ministro, quien alegó en la ordenanza que se recurría a la medida por el aumento sostenido de casos de covid-19 y porque “el sector de enfermería que se desempeña en la puerta de emergencia es uno de los que presenta mayor índice de positividad del virus SARS-CoV-2, resintiéndose el funcionamiento del servicio”. “El funcionamiento de los servicios de salud no se resintió exclusivamente por el índice de positividad de Enfermería”, respondió ADUR, “sino por el déficit estructural de Enfermería profesional y auxiliar en todos los niveles del sistema, agudizado en el primer nivel de atención”. Por eso, el gremio rechazó “la toma de ‘medidas transitorias’ y pidió “tomar medidas de fondo para resolver el problema estructural de falta de recursos enfermeros”.

En diálogo con la diaria, Milton Sbárbaro, integrante de la Mesa Ejecutiva de ADUR Enfermería, expresó que en Uruguay “hay un déficit estructural de 10.000 enfermeros profesionales, hay sólo 6.000 y se necesitan 16.000” y que “eso lo tiene que resolver el Estado en dos situaciones: en la asistencia, generando puestos genuinos de trabajo en el primer nivel de atención, que es donde más hace falta Enfermería y, en segundo lugar, apoyando la formación de Enfermería”. Sobre esto último, dijo que ADUR Enfermería ha reiterado “la falta de presupuesto para formar enfermeros” y que “eso no se resuelve con este tipo de intervenciones puntuales de un ministerio, sino que lo tiene que resolver a nivel general el Estado”, planteó.

Por otra parte, los docentes cuestionan que se convoque a auxiliares de enfermería para “el desempeño de tareas de baja complejidad”, siendo que las tareas que les competen ya están descritas en la Ley 18.815 que regula el ejercicio de la profesión universitaria de enfermería y de auxiliar de enfermería, y aclararon que “los estudiantes contemplados en la resolución están en condiciones de ingresar a trabajar en instituciones de salud sin la necesidad de una resolución expresa por parte del ministerio”.

El gremio entiende que la ordenanza “implica un riesgo de profundizar la precarización laboral de enfermería, ya que pareciera que, al no reconocer a estos trabajadores como auxiliares, abre la posibilidad de que su salario no respete el laudo establecido”. Al mismo tiempo, reprobaron los “contratos precarios de dos o tres meses de duración” porque, según agregó Sbárbaro “a los tres meses te pueden cortar el contrato y no tenés derecho como trabajador absolutamente a nada”.

En su declaración, ADUR Enfermería puso en duda que la convocatoria reuniera un gran volumen de interesados –“la mayoría ya se encuentra trabajando en instituciones sanitarias como auxiliares de enfermería”- y expresó que “una medida que sí puede ayudar a volcar nuevos recursos humanos al mercado de trabajo es la formación” y, al igual que los estudiantes, señalaron la falta de presupuesto y las condiciones para hacer las prácticas clínicas en los servicios de salud. Para trabajar todos esos aspectos de fondo, propusieron crear mesas de trabajo con los gremios de la salud, la Conae y los usuarios.

Salario y condiciones

Ferreira discrepa con el comunicado de ADUR Enfermería. Niega que vaya a haber precarización: “Es un contrato temporal para jóvenes que saben del tema, está bueno que agarren práctica, y la idea es que apoyen a los profesionales [licenciados en Enfermería y médicos] que están en los servicios asistenciales y no que los suplan, porque no tienen las habilidades para eso”.

“Nuestra idea es ir monitoreando la estrategia semana a semana para ver cuántos estudiantes se contrataron, cuál fue el tipo de contrato, y dentro de un mes les pediremos a los prestadores la evaluación que tienen del recurso contratado. Se va a hacer seguimiento y una evaluación, pero a 48 horas lo que puedo decir es que la estrategia ha sido muy exitosa y que ya los prestadores tienen esos nombres para poder recurrir a ellos, que era un poco la queja semanas atrás, decían ‘nos hace falta gente, los servicios están sobrecargados, no damos abasto’. Ante el problema, la solución, que es específica para este momento”, expresó.

Con respecto al pago, la decana comentó que en la reunión con el ministro preguntó “insistentemente”, “porque no se hablaba si iba a ser voluntario o rentado, y me dijeron que las instituciones iban a hacerse cargo del contrato”, añadió. Consultado al respecto, Ferreira afirmó que “queda en la órbita del prestador y lo que el prestador quiera pagar”. “Uno da por entendido que el prestador de salud se va a acoger a la normativa que hay en la materia de salario y en lo que establecen los Consejos de Salarios para el grupo de la salud, no es el espíritu del MSP ni tampoco corresponde que lo fuera decir hay que pagar tanto o cuanto por esto. Es un articulador y un enlace con, no es el que contrata”.

El País publicó este viernes declaraciones de Ferreira en las que expresó que los salarios de los auxiliares “serán menores a los de los trabajadores del prestador” aunque estarán “cercanos al laudo”. Consultado al respecto, Ferreira dijo a la diaria que en realidad aludía a la comparación de la contratación de estudiantes con los trabajadores que ya tuvieran grado y antigüedad en la institución, y que la evaluación también analizará “qué tipo de contrato y por qué monto”. “Supongo que los laudos se van a respetar tal como debe ser”, agregó.

Además, consideró que “el prestador cuando contrata a los estudiantes los tiene que ubicar dentro de una categoría que tiene que estar plasmada en algún cargo de los que el laudo establece, no puede contratarlos sin ningún nombre”.

En cambio, Sbárbaro entiende que “si fuera tan claro” que deben contratarlos por las categorías establecidas en los Consejos de Salarios los prestadores de salud “contratarían directamente sin una ordenanza ministerial. Si es tan directo que se necesitan auxiliares de Enfermería lo que debería hacer cualquier mutualista y ASSE es hacer llamados públicos para auxiliares de Enfermería”. Sbárbaro reprobó que los estudiantes cobren por debajo del laudo y la perspectiva de Ferreira de que no tienen experiencia. “Como hay un laudo, si sos auxiliar, te tienen que pagar como auxiliar, no menos porque no tenés experiencia, eso no existe en el derecho laboral. Si soy enfermero, lo soy con o sin experiencia, y me contratás porque tengo un título, esto de por sí es precarización porque habilita a pagar por debajo del laudo”, evaluó el docente.

Además, alertó que esta ordenanza ministerial “puede llevar a colocar un tercer nivel de Enfermería en el mercado” porque “por la Ley 18.815 tenemos dos niveles de enfermería, auxiliar y licenciado, y si se habilita algo que no sabemos cómo se llama, que son estudiantes pero con título de auxiliar y les pagan menos, se abre la puerta para un tercer nivel de Enfermería” que no está habilitado por la ley.

La decana opinó que le parece bien el comunicado de ADUR Enfermería, pero aclaró que esta iniciativa busca resolver un problema concreto y que no sustituye otras actividades que están haciendo para solucionar el problema de fondo, que es la carencia histórica de esos recursos humanos.

Gremios de la salud

En cuanto a los gremios de la salud, Martin Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) también estima que la medida no tendría un gran impacto en el mercado laboral, porque “en Enfermería tenemos desempleo cero” y si ya tramitaron el título, muy pronto conseguirán trabajo, dijo a la diaria. Recordó que ASSE, que es la órbita de la FFSP, tiene llamados vigentes y que la FFSP pidió que se respeten. Agregó que “es contradictorio que no se les permite a los estudiantes hacer las prácticas dentro de los hospitales y ahora se le está llamando que vayan a trabajar”.

Sobre el pago, no detectó mayores inconvenientes, porque dijo que “en ASSE si se contrata a alguien, se contrata por Comisión de Apoyo a través del Fondo Covid” y que no cobrarían menos que el resto de los auxiliares.

Al ser consultada por la diaria, Soraya Larrosa, dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que nuclea a los trabajadores no médicos del sector privado, respondió que “la cantidad de temas graves y urgentes [en los que ha trabajado la FUS] no ha hecho posible la valoración del tema”.

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