Durante más de tres horas, la Comisión de Salud Pública y Asistencia social de Diputados discutió y finalmente votó el proyecto de ley sobre eutanasia unificado por el Partido Colorado (PC) y el Frente Amplio (FA), que se terminó de acordar a principios de agosto. Por un pedido de aplazamiento de la bancada del Partido Nacional (PN), la votación, que en un principio estaba pautada para el mes pasado, se llevó a cabo este martes y el proyecto se aprobó por mayoría. El siguiente paso es que se vote el próximo mes en el Plenario.

Luego de la instancia de votación, los legisladores a favor de la iniciativa –integrantes del FA y del PC–, por un lado, y quienes se manifestaron en contra –legisladores del PN y de Cabildo Abierto (CA)–, por otro, brindaron una conferencia de prensa y expusieron las razones de su apoyo o rechazo a la iniciativa.

En primera instancia, el legislador nacionalista Alfredo de Mattos manifestó que lamenta el hecho de que a partir de ahora “darle muerte a una persona” tiene media sanción. Agregó que “el Partido Nacional no está en conocimiento” del proyecto unificado y recordó que, por ese motivo, en la jornada del lunes, la bancada del PN le solicitó a la bancada del PC considerar la posibilidad de aplazar la votación de los diputados 30 días más, pedido que no fue atendido.

Acotó que el plazo se solicitó para que la bancada nacionalista pudiera discutir el nuevo proyecto que “no tiene prácticamente ninguna de las cosas que planteó [el colorado Ope Pasquet, uno de los impulsores de la propuesta] y que, además, en el nuevo documento, “se agravan algunas cosas y se quitan derechos” porque “se saca la parte de la terminalidad de la enfermedad” como requisito para solicitar la eutanasia. “Fue cercenada la posibilidad de que el PN tratara un proyecto que antes no pudo” debido a la Rendición de Cuentas, reafirmó.

Por último, se refirió a los cuidados paliativos y dijo que Uruguay aún “está muy lejos de darles cuidados a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables” y que la dificultad en el acceso se acentúa sobre todo para los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en el norte del país.

La diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita dijo en nombre de su partido –que se expresó en contra del proyecto sobre eutanasia por unanimidad– que CA consideró el tema “como algo delicado” y ante eso “se hizo un repaso de la falta de garantías que tiene el proyecto” aprobado en la comisión. Según Pérez Bonavita, al igual que el PN, la bancada de CA esperaba que el trato transcurriera “con más tiempo y tranquilidad”.

“Para nosotros es un día muy triste”, manifestó. Aseguró, además, que su partido “va a insistir” en el Senado para que se apruebe el proyecto sobre cuidados paliativos antes que el de eutanasia. Según Pérez Bonavita, si se revisa la evidencia internacional sobre los países que ya dieron un marco legal a la eutanasia, se observa cómo el procedimiento con el tiempo “se hace moda” y “lo que se ahorra con este tipo de proyectos”.

Por último, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien además de participar del pedido de aplazamiento del PN también lo hizo de forma individual, definió la votación como un suceso “inexcusable”, “de liviandad” y de “irresponsabilidad”. Para Goñi, a partir de ahora “se empieza a empujar a la muerte a los enfermos más vulnerables”, quienes “ya no tendrán protección legal y quedarán sometidos al abuso y a la presión”.

Decisión tomada

Luego fue el turno de los legisladores del PC y del FA, quienes reafirmaron que la votación se llevó adelante tal y como se pautó en agosto. La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg sostuvo que la comisión parte de que el proyecto sobre eutanasia “es garantista” y en el artículo 2 deja claras las condiciones que el equipo de salud debe tener en cuenta ante la solicitud de un paciente. “Es un proyecto que regula [el procedimiento] desde la mirada de los pacientes” para que puedan “decidir sobre su muerte”, resumió.

Lustemberg repasó algunos de los puntos del segundo artículo del proyecto: que el solicitante sea mayor de edad, esté psíquicamente apto, posea patologías o condiciones crónicas, incurables o irreversibles que causen un sufrimiento insoportable. “Además, habrá dos opiniones médicas, las decisiones pasarán por el MSP [Ministerio de Salud Pública] y ante eventuales casos, también por Fiscalía”, agregó.

El diputado frenteamplista Luis Gallo, uno de los impulsores del proyecto, remarcó que “da la sensación de que se polariza” el debate, algo que “le hace mal al tema y a la sociedad”. Dijo que durante el trato del proyecto e incluso este martes “se han dicho muchas falsedades que generan dudas a la población” ante un “proyecto que es demasiado garantista”.

La diputada colorada Nibia Reisch fundamentó el rechazo al pedido de prórroga porque “el tema está en comisión desde 2020” y se entendió que ya “se habían dado las prórrogas que habían solicitado” en otras oportunidades. Agregó que las condiciones para votar el proyecto estaban desde agosto, luego de “muchos meses” recibiendo a delegaciones.

En cuanto al apoyo de las bancadas, los diputados manifestaron que el proyecto cuenta con amplio apoyo de todos los partidos. “El apoyo en el FA está, pero no significa que los 42 diputados lo acompañen”, comentó la presidenta de la comisión, la frenteamplista Lucía Etcheverry, mientras que Reisch sostuvo que “la mayoría de la bancada del PC acompañará la iniciativa”, aunque es algo que “trasciende partidos” y también hay integrantes del PN que “manifestaron apoyar el proyecto”.

Según Etcheverry, el proyecto no ingresará inmediatamente, sino entre el 12 y el 15 de setiembre, para dar tiempo a que pueda ser analizado en mayoría.