Luego de no haber considerado el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) que busca solucionar el problema económico de los extrabajadores de Casa de Galicia en la última sesión de octubre, por falta de cuórum, este miércoles la Cámara de Diputados aplazó por segunda vez la consideración de la propuesta, que no ingresó en el orden del día.

Durante la sesión, la diputada opositora Lucía Etcheverry tomó la palabra antes de que se votara una moción firmada por varios legisladores, incluida ella, para que el tema estuviera en el orden del día de la sesión. Sin embargo, la diputada solicitó que el pedido se retirara, antes de la votación, e hizo un breve repaso del curso del proyecto por las diferentes cámaras y comisiones durante las últimas semanas y justificó el aplazamiento de la moción.

“Por razones conocidas, el proyecto se derivó” a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados, donde “hoy fue votado y se aprobó por mayoría”, con cuatro votos en siete, explicó Etcheverry. En la comisión se dejó planteado que la iniciativa ingresara al pleno “como grave y urgente”, pero “algunos legisladores pidieron una semana más para analizar en profundidad algunos artículos” y por eso ahora “pedimos que se trate por esta cámara el próximo martes”, agregó. Finalmente, tras el voto afirmativo de la mayoría de los diputados presentes, así se estableció.

“Esperemos que el [próximo] martes honremos el respeto” a los más de 2.000 trabajadores que tras el cierre de la mutualista siguieron trabajando para no omitir la asistencia a los usuarios, algo que fue reconocido por “el propio gobierno” en varios acuerdos, sustanció la diputada. Ahora reclaman por “derechos adquiridos durante décadas”, concluyó Etcheverry.

En tanto, el diputado cabildante Martín Sodano agregó que su partido solicitó que se aplazara el tratamiento del proyecto de ley porque “se está trabajando por una solución real” junto con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con modificaciones

Previo a la votación, la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social tuvo que modificar algunos artículos del proyecto, ya que desde el pasado viernes falta un año para las elecciones de octubre de 2024 y, en este marco, algunas partes del texto lo volvían inconstitucional.

El cambio principal se efectuó en el séptimo artículo, que en la versión anterior establecía que los extrabajadores de Casa de Galicia que aún no hayan sido reabsorbidos por las instituciones prestadoras de salud obligadas a ello (Universal, Círculo Católico, Hospital Evangélico, Cudam y Crami) y que “no desempeñen funciones en alguna otra institución del área de la salud, deberán ser contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE], en un plazo máximo de 60 días desde la promulgación”.

En la versión final, a la que accedió la diaria, se “faculta” a ASSE a contratar personal de la base de datos a la que refieren los artículos cuarto y quinto de la Ley 20.022, que pautó el destino de socios y trabajadores de Casa de Galicia tras su cierre. A su vez, las comisiones de apoyo de ASSE, “cada vez que proceda a contratar personal” para la Red de Atención Primaria Metropolitana o los hospitales del área, deberán consultar la base de datos de trabajadores desempleados y presentarán “trimestralmente una declaración jurada ante la comisión honoraria que se encargará de la supervisión del cumplimiento de la presente ley”.

Esta última modificación hace que el artículo ya no quede en el marco de la inconstitucionalidad, a diferencia de la versión anterior, que directamente establecía la contratación de los trabajadores desempleados por parte del prestador público: en esta nueva versión se le da la opción. Además, se considera la bolsa para la comisión de apoyo y no para contrataciones presupuestadas, que no están incluidas en el presupuesto de la institución.

Por otra parte, a la versión anterior se le agregó que las instituciones de salud que hayan absorbido a funcionarios no médicos, también en el marco de la Ley 20.022, deberán mantenerlos por un plazo mínimo de dos años con las mismas condiciones de categoría laboral y carga horaria que tenían en Casa de Galicia, “tomando en cuenta el reglamento de evaluación y las normas de conducta de la institución respectiva”.

En cuanto a la multa del Ministerio de Salud Pública a los prestadores de salud que no cumplan con lo establecido en la ley vigente, la versión anterior sostenía que el descuento fuera del “50% del valor de las cápitas recibidas por la distribución de socios establecida en la Ley 20.022”, mientras que en la nueva versión se aclara que el descuento puede variar ya que dice “de hasta” la mitad de las cápitas.

Por último, el proyecto modificado dice que la comisión honoraria integrada por representantes de los distintos gremios de todos los trabajadores y de todos los ministerios involucrados velará por el cumplimiento de la normativa propuesta, pero “sin perjuicio de los acuerdos que se alcancen en el grupo 15 de los Consejos de Salarios”.

A la fecha aún están sin trabajo 495 funcionarios no médicos y unos 435 trabajadores médicos de los 682 que figuraban en la base de datos final.