Actividad económica

No importa el país, las empresas que son recuperadas por sus trabajadores enfrentan los mismos inconvenientes: dificultad de acceso al crédito, falta de capacitación y marcos regulatorios que “no son prácticos”. En un evento organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), representantes de Argentina, Brasil, Cuba, México, Uruguay y Venezuela narraron sus experiencias en la materia, coincidiendo en que la economía solidaria debe ser vista como otro elemento de integración regional al igual que el comercial.

Economistas consultados por la diaria entienden que el mundo desarrollado es el que aparece con mayores dificultades, aunque de a poco “va sorteando” obstáculos, y pese a algunas señales de desaceleración, los emergentes tienen un crecimiento sólido, mientras que el enfriamiento es “esperable, lógico y sano”, y Uruguay aparece con buenas oportunidades de crecimiento del PIB, que rondaría este año entre 5,9% y 7,3%. No obstante, advierten desafíos, como el déficit educativo de nuestro país.

El buen desempeño de las exportaciones uruguayas históricamente se ha basado en la venta de bienes que incorporan escaso contenido tecnológico en su proceso de producción, situación que persiste actualmente aunque con algunos matices. Durante los últimos años ha crecido el valor en dólares de la exportación de productos con alto contenido tecnológico, pero su proporción de las ventas al exterior sigue siendo marginal.

Para agrupar y facilitar la información sobre los instrumentos financieros de los que disponen los micro, pequeños y medianos empresarios, se lanzó ayer el Observatorio de Microfinanzas, un portal web que además busca promover políticas específicas para ese sector. La directora de Diprode, Martha Jauge, opinó que este instrumento debe potenciar el incipiente desarrollo de las microfinanzas en el país, y resaltó que es el primer observatorio de microfinanzas que se crea en América Latina.

La normativa en materia laboral aprobada entre 2005 y 2009 “retoma lo que fue el talante histórico de la primera legislación uruguaya”, es decir, sin cambios revolucionarios pero marcando “una finalidad claramente de tutelar al trabajador”, explicó a la diaria el catedrático laboralista Óscar Ermida Uriarte. Interpreta que después del período autoritario iniciado en 1968, que derivó en la dictadura y posteriormente en la “democracia neoliberal flexibilizadora”, la llegada de la izquierda al poder implicó que se volviera a legislar como en “sus orígenes”. “Hace acordar al batllismo”, reflexionó.

En el sector financiero existen profundas dudas respecto del futuro de la filial local del banco venezolano Bandes, luego de que el plan de retiros incentivados promovido por la directiva de la institución no alcanzara los resultados esperados. Sólo 61 trabajadores aceptaron el esquema propuesto, cifra lejana al objetivo de entre 220 y 250 retiros que se buscaba. Desde AEBU se interpretó que las dificultades pasan por un mal manejo de los negocios y no por la cantidad de empleados. “La institución pierde plata con 200, 100 o un trabajador”. Aportando un matiz, fuentes del sector financiero privado explicaron que el problema radica en la relación entre el tamaño de la plantilla y el volumen de negocios de la entidad.

A partir de 2008 el gasto en educación y salud se ve incrementado, a la vez que se verifica un importante avance en materia de salud en lo que refiere a cobertura y progresividad. A su vez, la distribución por género, edad y localización geográfica permite observar un incremento del peso relativo de las mujeres, los jóvenes y la población del interior del país en el conjunto del gasto. Todo esto en un entorno en que el gasto social crece en términos reales y también como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

El conjunto de acuerdos de fuerte contenido económico surgido este mes en el marco de la Cumbre del Mercosur en San Juan, Argentina, entre ellos el que habilita el cofinanciamiento de la interconexión eléctrica entre Brasil y Uruguay, fue ambientado por “un optimista marco de relacionamiento regional” entre los países socios, “diferencia” respecto de instancias anteriores que “impulsó la aprobación” de normas de “fundamental” relevancia para el proceso de “Unión Aduanera” iniciado en 1991. La superación del conflicto entre Argentina y Uruguay por la planta de celulosa fue la nota distintiva de la instancia.