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Esta tarde, cuando terminen de rematarse los 2.111 lotes que componen el malhadado patrimonio de la antigua empresa Sudamtex en Colonia, se habrá cerrado una era en la compleja cadena productiva textil, fundamental en los decenios de bonanza económica que gozó Uruguay desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora se abre una etapa de imprevisibilidades.

La imagen pública del proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto pone en primer plano conflictos por la asignación de recursos y los remite, directa o indirectamente, a una presunta ofensiva, dentro del Frente Amplio, por parte de quienes procuran que el gobierno encabezado por José Mujica realice un “giro a la izquierda” en relación con el de Tabaré Vázquez. Pero esa apreciación de la coyuntura omite algunos datos de gran importancia.

Aunque no faltaron las críticas y los perfilamientos, la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) acordó ayer que sus 50 miembros acatarán el mandato de la orgánica y votarán el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. La Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) y la Alianza Progresista (AP) se desmarcaron de la iniciativa pero actuarán con “disciplina partidaria”, mientras que la oposición la rechazará en bloque.

Con una población carcelaria que supera las 9.000 personas, de las cuales 70% tiene entre 18 y 28 años, y con un crecimiento estimado en 10%, el panorama a futuro no es alentador. Además, las instituciones carcelarias no cumplen con la finalidad de rehabilitar a quienes cometieron delitos, y muchos de los que salen no tienen demasiadas oportunidades para abandonar definitivamente el circuito que los llevó hasta allí. Todo un tema por resolver.

Uruguay es el país más igualitario de América Latina, aunque la comparación es infeliz: en el mundo no hay región con menos equidad que ésta, donde están diez de los quince países más desiguales. Medida con regla europea, la sociedad uruguaya está peor que la de Portugal, la menos equitativa de aquel continente.

“No somos solamente progresistas, somos de izquierda: no aceptamos este sistema tal cual es y trabajamos para cambiarlo, dentro del marco democrático vigente, pero procurando la aceleración de los cambios al máximo posible”. El razonamiento pertenece al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y está plasmado en un documento, al que accedió la diaria, elaborado para que lo discuta el VIII congreso del Movimiento de Participación Popular (MPP).

La resolución de enviar la información recabada sobre la actuación de Gonzalo Fernández en el proceso de clausura de la causa de los hermanos Peirano al Tribunal de Conducta Política (TCP) obtendría la mayoría de los votos en la Mesa Política del Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular resolvió apoyar esta posición, confirmaron a la diaria fuentes del sector. La misma postura adoptaron las bases de la coalición de izquierda, el Partido Comunista y la Corriente de Izquierda.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, aseguró que Uruguay está lejos de una “burbuja inmobiliaria”, dijo que su organización continuará “actuando en forma independiente” de la Cámara de Industrias, valoró la relación con el Sunca como “buena y razonable” y prefirió no opinar sobre el plan de viviendas gubernamental en ciernes antes de que se aprueben las leyes al respecto.

Primer estudio realizado en Uruguay sobre el consumo de niños y adolescentes entre seis y 14 años arrojó que este sector dispone de aproximadamente 30 millones de dólares anuales para gastar.