Solo para señalar algunos de los cambios deseables que podríamos debatir: reducir la autonomía de las intendencias, y reposicionar las juntas departamentales como verdadero mecanismo de contralor.
El caso Caram no es el primero ni será el último en suceder porque tenemos un diseño constitucional vetusto y antidemocrático que invita a los actores a desarrollar estas prácticas.
No se pueden tapar actos delictivos e inmorales apelando simplemente a las renuncias partidarias y a hacer pasar por tribunales de ética a personas que han sido procesadas por la Justicia.
No habrá transformaciones sustantivas en nuestras infancias y adolescencias si estas son miradas o etiquetadas como un problema y no se convierten en protagonistas de la solución.
Nunca me despertó entusiasmo la idea de modificar la Constitución para resolver problemas sectoriales, particulares o parciales. Sin embargo, la situación actual de los gobiernos departamentales amerita un examen en profundidad y un rediseño de las reglas que ordenan su funcionamiento.
El problema de fondo no es solamente el ingreso de pocas o muchas personas de manera discrecional, sino la potencial consolidación del poder político a nivel territorial, erosionando las bases del sistema democrático.
El ajuste de cuentas es una categoría de alto valor explicativo en tanto refiere a una sociedad endeudada de “guerreros” que no pondrán en duda el mecanismo de la búsqueda casi obsesiva de saldar cuentas con los activos disponibles según clase social.
Maduro perderá. Todo lo demás es incertidumbre. Si pierde, las dos incógnitas inmediatas son la hipótesis del fraude y el reconocimiento de la victoria del opositor Edmundo González.