Derechos sexuales y reproductivos

Las Bravas | Con la abogada y defensora de los derechos sexuales y reproductivos, reconocida por su trabajo por la despenalización del aborto en Colombia y América Latina.

Si bien la persecución del delito de aborto “es baja” en Uruguay, cuando se hace “operan sesgos y estereotipos de género y se vulneran derechos”, concluye, entre otras cosas, el estudio.

Esas son algunas conclusiones que surgen de un nuevo informe de MYSU sobre el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país, que también incluye recomendaciones de política pública para el actual gobierno.

Patricia Píriz conversó con la diaria sobre los cometidos con los que nace el Área de Educación Sexual Integral y afirmó que en el período pasado hubo “una paralización de la ESI que afectó en formas diferentes a cada subsistema”

La decisión del organismo se suma a condenas previas contra Ecuador, Nicaragua y Perú, en respuesta a demandas impulsadas por el movimiento Son Niñas, No Madres.

Esa es la principal conclusión a la que llega un nuevo informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que entre otras cosas tira abajo el argumento difundido de que la baja fertilidad se debe a que hoy en día los hombres, y sobre todo las mujeres, rechazan tener hijos.

En adolescentes menores de 17 años hubo 524 abortos, mientras que el grupo etario con mayor incidencia fue el de 20 a 24 años

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, organizaciones feministas advirtieron sobre algunas deudas que el Estado todavía tiene en cuestiones como el aborto, la educación sexual integral, el embarazo infantil y la violencia sexual

En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la ministra conversó con la diaria sobre las principales líneas de trabajo que definió la cartera en la materia y cuáles son los objetivos para el período.

Celia Ramos murió en 1997 después de haber sido sometida a esta práctica durante el régimen de Alberto Fujimori; el proceso representa una “oportunidad clave” para que se reconozca “como un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia reproductiva”, aseguran organizaciones que promueven la denuncia