Explotación sexual

El estudio reveló la necesidad de mejorar el acceso y la continuidad de los servicios, la coordinación entre las instituciones, las capacidades de los operadores, los sistemas de información y el reconocimiento del fenómeno como delito

El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, que acompaña a las familias, asegura que en estos cuatro años tanto la Fiscalía como el Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior “siguen sin dar una respuesta adecuada” y califican el accionar del Estado en términos de “indiferencia” e “ineptitud”.

En el Día Mundial contra la Trata, la directora del organismo reconoció que “el Estado no da la respuesta que los estándares nos exigirían”; mientras tanto, la gestión del servicio de atención a víctimas sigue arrastrando problemas desde la administración anterior.

Abogadas especializadas, activistas y referentes de instituciones que trabajan con el tema aseguran que uno de los cambios está en la percepción de la ciudadanía sobre la problemática; en contrapartida, coinciden en que el caso no logró transformaciones a nivel de la política pública

El Ministerio Público de Trabajo de ese país informó que los empleadores utilizaron las redes sociales para establecer contacto con las víctimas, a quienes les ofrecieron “falsas promesas de trabajo y apoyo”

A unos metros de la casa del exsenador, advirtieron que “no es un caso aislado” y llamaron a “tomar conciencia” de una cultura que “naturaliza el abuso sexual y encubre sistematicamente a los violadores y abusadores”.

Un informe del organismo que integra la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre centros del sistema de protección integral de 24 horas en el suroeste del país concluyó que INAU “no cuenta con recursos para generar medidas de protección y no repetición” de los casos de explotación

El informe busca conocer las modalidades que existen en Uruguay así como la respuesta por parte del Estado, en base a la experiencia de operadoras y operadores que trabajan en la atención directa de estas situaciones en todo el país.

Eso concluyó el organismo en una resolución que advierte sobre varias negligencias en el caso de una adolescente de Rivera que se presume en un contexto de explotación sexual y que está ausente desde abril