En definitiva, la responsabilidad de las demoras en hacer justicia la tiene, en primer término, el sistema político, cuyos integrantes son los titulares de los poderes políticos y últimamente el Poder Judicial.
Un juez desestimó procesamientos por privación de libertad y abuso de autoridad al entender que la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad solo rige desde 2006.