Mariana Mota

La jueza penal Mariana Mota confirmó ayer la imprescriptibilidad para la causa que investiga la muerte por torturas en 1974 de Aldo Perrini, un heladero de Colonia sin militancia política, al igual que en los casos de Horacio Gelós Bonilla -obrero comunista secuestrado en 1976 y que aún permanece desaparecido- y los fusilados de Soca.

La condena reafirmada por el Tribunal de Apelaciones es la del coronel retirado Carlos Calcagno, por la desaparición forzada, en 1977, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, dictada en agosto de 2010 por la jueza Mariana Mota y a pedido de la fiscal Mirtha Guianze. Se trata de la primera vez que este organismo reconoce esta tipificación y lo hizo con una mayoría de dos en uno.

Tras la denuncia de que la jueza Mariana Mota había concurrido a la Marcha del Silencio, ayer la Suprema Corte de Justicia (SCJ) evitó pronunciarse sobre si la jueza incumplió el artículo 77 numeral 4 de la Constitución, que prohíbe a los magistrados, así como a otros funcionarios públicos, "formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".