En su estrategia de “guerra a las drogas”, Estados Unidos ha creado en forma unilateral una normativa internacional, ajena a la ONU, en virtud de la cual sanciona y castiga a algunos gobiernos y empresas que no la acatan.
El informe anual de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes plantea que se deben crear servicios de tratamiento voluntario y desaconsejó los sistemas obligatorios.