Si bien el concepto de soberanía alimentaria -el derecho de cada nación a mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos- se maneja con más claridad en países con población campesina, en Uruguay se lo podría definir como todo lo contrario al agronegocio. Recientemente se presentó el Plan Nacional de Agroecología que hace foco en la soberanía alimentaria, la producción familiar, la protección de ecosistemas y el fomento de mercados de cercanía. A casi tres décadas del nacimiento del término soberanía alimentaria, cuatro mujeres, una campesina, una bióloga, una agrónoma y una licenciada en Nutrición reflexionan sobre su significado.
Según contó a la diaria Hugo Bértola uno de los referentes de la agroecología en el país, en 1996 surgió la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay y una década después la Red de Agroecología del Uruguay (RAU), a partir de la confluencia de intereses de productores, consumidores y técnicos, y con el impulso desde actores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y de Redes Amigos de la Tierra. Para Bértola, que conoció la producción orgánica y familiar o vecinal en Suecia, durante el exilio, la red nació desde cuatro perfiles de intereses: personas que desde la ideología política pensaban que se podía aportar al cambio social desde una transformación agraria, productores tradicionales que habían tenido problemas de salud por la contaminación, productores que se habían quedado sin capital de giro y se refugiaron en los conocimientos aportados por la producción familiar orgánica para continuar en actividad, y una generación de personas influenciadas por “la vuelta a lo verde” a través de “una nueva forma de producir” alimentos.
La red se fue ampliando, fortaleciendo y apareció también la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. El movimiento fue generando conocimiento, experiencia y canales de comercialización e intercambio con los consumidores, y así surgió el Programa de Certificación Participativa, desarrollado con aportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y formando un Sistema Participativo de Garantía (SPG), como había en otros países.
“Construcción social diversa y amplia”
La RAU es una “construcción social diversa y amplia”, que articula a agricultores, técnicos y consumidores de alimentos ecológicos a nivel nacional, explicó a la diaria Ivette Sibille, su presidenta. Actualmente, la integran más de 300 personas, entre “un poco más” de 150 productores “certificados en el último año”, y otra mitad integrada por técnicos y consumidores.
La red trabajó en el proceso de creación del Plan Nacional de Agroecología, aprobado por ley en diciembre de 2018 por todos los partidos políticos. La ley 19.717 define de interés general “el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica” con el objetivo de “fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria”, cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida de la población.
Después de un largo período de trabajo, y luego de la designación de los integrantes de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, esta presentó el Plan de Producción con Bases Agroecológicas en mayo de 2022, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
En 2021 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) suspendió a la RAU como entidad certificadora –tarea que cumplía desde 2005 y que fue formalizada en 2015–, y en setiembre de este año aprobó un reglamento con los requisitos que deben cumplir las certificadoras de producción orgánica e integrada, lo que para la red debilitó los SPG, además de no incluir sus recomendaciones. Además, creen que no se podrán presentar para ser nuevamente una entidad certificadora. Sin embargo, para el director de la Dirección General de la Granja, Nicolás Chiesa, va a haber un llamado para designar entidades certificadoras “este mes o el que viene”, y que organizaciones como la RAU, instituciones “como el LATU” y empresas se van a poder anotar para dar un servicio de certificación. “La idea es que la red se anote y, cumpliendo con los requisitos, puedan iniciar los procesos de certificación, controlados por el MGAP. Eso se hizo para darles garantía a los productores y en especial a los consumidores uruguayos”, agregó Chiesa.
Experiencias agroecológicas
Desde 1987, un grupo de mujeres de la zona de Migues, Canelones, comercializa hierbas aromáticas a partir de un cultivo libre de químicos. En este momento del emprendimiento vienen intentado hacer un recambio generacional que implique que las nuevas generaciones puedan asumir las tareas de producción y comercialización, y permanecer en el área rural viviendo dignamente. A más de 30 años de los primeros encuentros, la cooperativa Calmañana sigue en pie e integra la Red de Mujeres Rurales, la RAU y la Red de Semillas Nativas y Criollas. Además de hierbas aromáticas, que son comercializadas por la marca CampoClaro, desde 2003 también vende hierbas frescas. En la actualidad está integrada por 21 mujeres: cuatro en Tapia, ocho en Gardel y nueve en Pedernal. Por lo general, cada una trabaja en su predio y se reúnen una o dos veces por semana para envasar en conjunto.
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