“Acá hay en juego cientos de familias”, afirmó este miércoles en una conferencia de prensa Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, en el marco de una jornada de paro y movilización convocada por la Coordinadora de Sindicatos de Ancap, que agrupa a trabajadores de todos los sectores vinculados a la empresa estatal. La plataforma reivindicativa es extensa: desde el pedido de una mesa de diálogo con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, hasta la defensa de los puestos de trabajo y la industria cementera, entre otros puntos.
A la sombra de una carpa armada frente al edificio central de Ancap, Acosta aseguró que hay en curso un plan de privatización de la empresa pública, “quizás silencioso para la opinión pública”, pero que “se viene concretando día a día con diferentes iniciativas”. A su entender, este plan es “un problema” que “tiene que ser abordado por el conjunto de la sociedad”. Los sindicatos de la coordinadora sostienen que desde el 15 de agosto intentan reunirse con Paganini, sin éxito.
Una de las principales críticas de la manifestación estuvo dirigida al proceso de asociación con privados de la empresa pública en el negocio del pórtland, deficitario desde hace varios años. Semanas atrás, el directorio de Ancap definió las bases de un llamado competitivo para empresas privadas con interés en la asociación.
Según Richard Ferreira, representante del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), el propósito de la iniciativa es “privatizar el pórtland estatal”, “sin la consulta popular y sin oír a las organizaciones sociales”. Esto, sostuvo, “tiene que ver con una forma de gobernar sin la participación del conjunto de la sociedad en cuestiones realmente sensibles”.
Ancap tiene dos plantas de producción de pórtland, una en Minas y otra en Paysandú, que ocupan a cerca de 550 trabajadores. La mitad de ellos son funcionarios de Ancap; la otra son tercerizados y están organizados en el Sunca. Para estos últimos, “no se sabe qué va a pasar con su fuente de trabajo”, señaló Ferreira. “Este gobierno deja en la incertidumbre a más de 300 familias de la actividad privada”.
A su turno, Andrés Guichón, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás, cuestionó la decisión de Ancap de no renovar los contratos que regulan el envasado y la distribución del supergás. Los acuerdos, que involucran a Riogas y Acodike, finalizan en marzo de 2023. El gobierno tiene previsto implementar un sistema menos regulado y más competitivo. “Hoy por hoy vemos que Ancap denuncia los contratos y se retira de la empresa Gasur [a cargo del envasado de supergás]. Los trabajadores de esa empresa están a la deriva, no saben qué va a pasar con ellos. Queremos defender los puestos de trabajo y también el servicio de Ancap a la población”, expresó Guichón.
En representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Nicolás Lema rechazó la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel en el gasoil, dispuesta por el gobierno a mediados del año pasado para disminuir costos. Para Lema, se trata de “una política avasalladora” que “incumple un tratado internacional firmado por Uruguay” y que además “deja pendiendo de un hilo los puestos de trabajo” asociados a la producción de biodiésel.
“Falta presencia” del Frente Amplio
En diálogo con la diaria, Laura Martínez, secretaria de Organización de la Federación Ancap (Fancap), apuntó que “el reclamo más inmediato” es el proceso de asociación con privados en el pórtland. Al igual que el dirigente del Sunca, señaló que hay unas 300 familias con “inseguridad”, dado que “no hay compromiso ninguno en esta licitación para los trabajadores tercerizados”.
Martínez indicó que Fancap ha presentado al directorio de Ancap varias propuestas para mejorar la situación de la industria cementera: “Nosotros decimos que hay que terminar la inversión que se hizo y no se terminó”. Reconoció que los directores de la empresa estatal han escuchado los planteos de los trabajadores, “ellos saben cuáles son nuestras reivindicaciones”. Por eso mismo, destacó, el reclamo es “para quienes realmente gestionan el plan de gobierno, para el ministro de Industria y también para nuestros parlamentarios”.
Consultada acerca de la postura del Frente Amplio sobre la gestión de Ancap, Martínez opinó que si bien “han sacado pronunciamientos sobre la suba de los combustibles”, “falta presencia” y un “posicionamiento” acerca de “estos procesos privatizadores que se camuflan con una licitación”. Con todo, afirmó: “Nosotros sabemos que somos los trabajadores los que tenemos que estar en la calle con la gente, porque esto es una cuestión de defensa del trabajo y las políticas sociales de todos”.
Del mismo modo, Acosta le pidió al Parlamento “tomar cartas en el asunto” ante el “ataque” y el “debilitamiento” del mercado de los combustibles, el cemento, el gas envasado, el gas natural y los biocombustibles. “Hasta hoy los trabajadores hemos puesto todo lo que hemos podido para enfrentar esta situación, y lo seguiremos haciendo. Pero necesitamos que los representantes de la ciudadanía, especialmente aquellos que figuran en la actual oposición, tomen cartas en el asunto y ayuden a defender a Ancap. Los trabajadores no podemos solos, vamos a hacer todo lo necesario”, concluyó.