De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el número total de asalariados rurales cotizantes al Banco de Previsión Social (BPS) en 2025 fue de 74.574 personas, que trabajaron en todos los sistemas productivos. Las cifras denotan un alto grado de masculinización del trabajo rural, en tanto 57.504 asalariados son hombres y solamente 17.070 son mujeres.

El Poder Ejecutivo definió agrupar las diferentes ramas de actividad para su participación en los Consejos de Salarios y negociación colectiva en tres grandes grupos. El primero corresponde a Ganadería, agricultura y actividades conexas (grupo 22); el segundo a Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo 22 (grupo 23); y el tercero, a Forestación, incluido bosques, montes y turberas (grupo 24).

En el año de referencia, los asalariados contemplados en el grupo 22 fueron 49.691, de los cuales 38.252 eran varones y 11.439 mujeres. A pesar de que notoriamente la “Ganadería, agricultura y actividades conexas” es el grupo que en términos absolutos demanda más mano de obra, según los resultados del último Censo General Agropecuario (CGA) llevado adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el número de empresas contratantes y la superficie que explotan, permiten concluir que es el que genera menos puestos de trabajo por empresa y por hectárea.

Por su parte, en ese año trabajaron 16.525 asalariados incluidos dentro del grupo 23, siendo 12.235 de ellos varones y 4.290 mujeres. En términos relativos, éste es el sector que emplea más personas por empresa contratante y por hectárea. Asimismo, “Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo 22” es el sector que a pesar de la gran diferencia persistente entre mano de obra masculina y femenina ocupada, es el que porcentualmente emplea más mujeres.

Los trabajadores considerados en el grupo 24 que trabajaron en 2025 fueron en total 8358, siendo 7018 hombres y 1340 mujeres, lo que resulta en que la “Forestación, incluido bosques, montes y turberas” es el que presenta la peor relación entre mano de obra masculina y femenina ocupada.

Pérdida de puestos de trabajo

Al analizar la información histórica de los diferentes censos generales agropecuarios desde 1980 a la fecha, se visualiza una disminución muy importante del número de explotaciones agropecuarias, aunque la superficie explotada se mantiene estable.

Mientras que en 1980 se registraban 68.362 explotaciones que ocupaban 16.024.656 hectáreas, en el último CGA las explotaciones son 41.918 y ocupan una superficie total de 16.147.749 hectáreas. El proceso de concentración de la tierra tuvo un impacto negativo en el trabajo rural, dado que mientras que en 1980 se empleaba un asalariado por cada 101 hectáreas, en la actualidad se contrata uno por cada 147. Por su parte, mientras que en 1980 trabajaban 2,33 asalariados por explotación y en la actualidad lo hacen 2,62, este incremento no compensa la baja en el número de explotaciones. Según estos datos, se perdieron alrededor de 50.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario en el período considerado.

Datos ambiguos

Es llamativa la diferencia constatada entre los datos oficiales según la fuente que los proporciona. Mientras que el MTSS registra en 2024 un total de 75.218 asalariados rurales cotizantes, los datos del CGA 2024 consignan que serían 109.979. Por su parte, el BPS informa en su publicación “Evolución de los cotizantes - 2025”, elaborada por la Asesoría General en Seguridad Social, que el promedio de dependientes rurales cotizantes fue de 80.268 en 2024.

Las diferencias podrían explicarse por varios motivos. Uno de ellos, la metodología utilizada en la toma de datos. Mientras que el relevamiento del MGAP se realizó en base a la declaración de los titulares de las explotaciones rurales, los del MTSS surgen del listado de cotizantes al BPS. En tanto, la diferencia entre los resultados publicados por el MTSS y el BPS –según consultas realizadas- se explicaría porque en las estadísticas del organismo previsional se incluyen los puestos cotizantes con remuneración “cero” en la nómina (trabajadores en subsidios de paro o enfermedad, temporales, zafrales, entre otros).

También debe tenerse en cuenta que en Uruguay la tasa de no registro a la seguridad social –trabajo en negro– sería en promedio del orden del 21,3%, según el Observatorio de la Seguridad Social. De acuerdo a la opinión de informantes calificados del ámbito sindical, es razonable presumir que el porcentaje de evasión de aportes a la seguridad social es más alto en el sector rural, entre otros factores, por las dificultades para controlar que efectivamente todos los asalariados estén registrados ante el BPS; porque sería común que cuando asalariados y pequeños productores cotizantes desempeñen alguna tarea en otro establecimiento, la lleven a cabo sin la debida inscripción ante el BPS; y en tercer lugar, porque ha avanzado la tercerización en el ámbito rural, y tareas como la de los tractoristas, alambradores, troperos, domadores, esquiladores, poceros y similares son consideradas como cumplidas por patronos que desempeñan su labor en régimen de contrato, aunque en muchos casos sea fácilmente demostrable que existe una relación de dependencia encubierta.

Fiscalización

Ante la consulta de la diaria acerca de las acciones de contralor del Estado, la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del MTSS informó que “la División CGT (Condiciones Generales de Trabajo) fiscaliza el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, en base al estatuto del trabajador rural, la ley 18447 y las pautas de los consejos de salario y convenio 190 de la OIT. En tanto, la División CAT (Condiciones Ambientales de Trabajo), fiscaliza las condiciones ambientales de trabajo, teniendo como base los decretos 321/009, 127/014, 291/007, 307/009.

En el año 2025 División CGT realizó un total de 117 actuaciones inspectivas, y en lo que va del 2026 (al 23 de abril), realizó un total de 48 actuaciones inspectivas en el medio rural. En cuanto a la División CAT, en el año 2025 realizó un total de 233 actuaciones inspectivas en el medio rural y en lo que va del 2026 (al 23 de abril), se realizaron un total de 92 actuaciones inspectivas.

Las principales constataciones de no cumplimiento a la normativa vigente se dieron en los siguientes aspectos: falta de constancia de potabilidad de agua; falta de evaluación de riesgos y plan de prevención; falta de plan ante emergencias; riesgo eléctrico; y riesgo mecánico.

Se ha realizado clausura de vivienda por sus inadecuadas condiciones, así como de maquinaria por falta de protección en partes móviles. Es de destacar que los accidentes mortales en el ámbito rural, tienen en varias de las oportunidades, como causa principal el tractor. Los tractores son de uso frecuente en esta rama de actividad, pero deben dar garantías en su uso, por ejemplo en cuanto a las cabinas anti vuelco, las características de las mismas, entre otros aspectos que se detallan en la guía de prevención elaborada por CAT”.

En cuanto al uso de los elementos de protección personal, se definen en el decreto 321/009, según la actividad. Complementariamente, la empresa debe contar con la evaluación de riesgos y plan de prevención acorde al (decreto) 127/14 o al 53/22 (según cantidad de trabajadores) y siempre los elementos de protección personal (EPP) deben ser entregados por el empleador y sin costo para el trabajador. En caso de deterioro o rotura, el empleador puede exigir su devolución, y entregar el nuevo EPP sin costo. La IGTSS exige constancia de entrega firmada por el trabajador, donde figura ropa de trabajo, EPP por trabajador”.

Sin embargo, los trabajadores vinculados a la ganadería todavía no han logrado que el recado (la montura del caballo), un elemento de seguridad indispensable, sea proporcionado por el empleador, por lo que cada asalariado debe pagarlo de su bolsillo.

Cuando el trabajo no es salud

La siniestrabilidad -término que define la frecuencia, índice o probabilidad de ocurrencia de siniestros o accidentes- en este caso en el medio rural, es altamente preocupante. De acuerdo a la publicación del MTSS “Accidentabilidad laboral en Uruguay entre 2014 y 2024. Análisis retrospectivo y el compromiso del presente” fechada en noviembre de 2025, “el total de accidentes de trabajo amparados por el Banco de Seguros del Estado (BSE) según la Ley 16074 para el año 2024 fue de 39.525”.

En ese año en el ámbito del trabajo rural el BSE brindó cobertura a un total de 4.414 accidentados, cifra que representa el 11,1% del total de accidentes laborales ocurridos en todo el territorio nacional y en todas las ramas de actividad.

Sin embargo, este guarismo debe ser analizado teniendo en cuenta la cantidad de personas ocupadas en cada sector de actividad. En el año de referencia, según el BPS, los asalariados rurales representaban poco más del 6% de la masa total de cotizantes en la actividad privada, por lo que en términos relativos, este grupo de trabajadores es el que tiene mayor riesgo de sufrir un accidente laboral.

Según dirigentes sindicales rurales, este sector es el que, además, sufre accidentes de mayor entidad, y fundamentan su afirmación consignando que entre 2021 y 2025 fallecieron 37 asalariados rurales, mientras que en el resto de las ramas de actividad murieron 79 trabajadores en el desempeño de sus funciones, según datos del MTSS. Asimismo, quieren dejar constancia de que los accidentes laborales en este sector están subvaluados, en tanto muchos de ellos no se denuncian. A modo de ejemplo, afirman que “si un delivery cae de la moto, a pesar de las condiciones de precariedad de su trabajo y aunque no sufra lesiones de entidad, seguramente intervenga la policía, la ambulancia de alguna emergencia, o haya una denuncia del accidente ante el BSE. Pero si un paisano cae del caballo, aunque le quede doliendo el lomo dos semanas, nadie se entera”.

La visión sindical

El Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines de Uruguay (SUTAA), organización sindical que forma parte de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y está afiliada al PIT-CNT, redactó un documento que dio en llamar “Uruguay y su ruralidad invisible: economía, deuda histórica y futuro en disputa”.

En él expresan que “el recorrido de los trabajadores rurales en Uruguay ha sido históricamente desigual en términos de derechos laborales. Mientras la jornada laboral de 8 horas se estableció en 1915 para los trabajadores urbanos, los rurales recién accedieron a ese derecho en 2008, casi un siglo después, mediante la Ley 18.441.

Hasta 2005, tampoco participaban de los Consejos de Salarios. Sus remuneraciones eran fijadas por decreto, sin intervención de sindicatos ni negociación colectiva. Por ejemplo, en ese año, el salario mínimo mensual de un peón común era de $1.192, mientras que el mínimo industrial era de 2.500 pesos, una diferencia que evidenciaba el rezago del sector. Recién en julio de 2005 se aprobó el primer laudo del Grupo 22, con aumentos semestrales. Desde entonces, los salarios han mejorado pero siguen rezagados. En 2025, el peón rural percibe un salario mínimo de $29.439 brutos, un 10% por debajo del promedio nacional, y sin compensaciones por la dureza” de su trabajo. Además, sostienen en el documento, que los asalariados rurales padecen problemas tales como la falta de acceso a vivienda adecuada y a servicios de salud, dado que “la mayoría vive a más de 20 kilómetros de un centro de salud”.

En cuanto al amparo de la seguridad social, afirman que “el sistema previsional no reconoce el desgaste físico propio del trabajo rural, a pesar de que estudios del INMT (Instituto Nacional de Medicina del Trabajo, Udelar-2020) muestran que el 47% de los trabajadores rurales mayores de 40 años sufre enfermedades músculo-esqueléticas crónicas”, y catalogan al monto percibido por los trabajadores que logran acceder a la jubilación como “insuficiente, por trayectorias laborales interrumpidas o informales”.

“Aunque desde el punto de vista macroeconómico se celebren cifras récord en exportaciones agropecuarias, la realidad que viven a diario quienes hacen posible esa riqueza dista mucho de ser motivo de festejo. Detrás de esos logros hay miles de personas que enfrentan condiciones de vida frágiles, con escasas oportunidades de desarrollo y, en muchos casos, obligadas a abandonar el campo por falta de futuro”.

El documento concluye que “Uruguay no puede permitirse seguir dándole la espalda a su ruralidad. La deuda no es solo económica, sino también histórica e institucional. Si no se adoptan medidas urgentes para garantizar condiciones de vida dignas en el medio rural, la despoblación del campo se volverá irreversible. Promover el acceso a la tierra, mejorar la seguridad social rural y fortalecer organismos como el Instituto Nacional de Colonización (INC) no son acciones aisladas: son pasos necesarios para construir un país más justo, equitativo y con futuro. La justicia rural no es un privilegio. Es el cimiento de una nación viva”.