La guerra reconfigura el mapa laboral en Medio Oriente

Desde el 28 de febrero, la región atraviesa una nueva etapa de tensión que, más allá de la tragedia humanitaria, comienza a transformar el empleo, las condiciones laborales y la economía de distintos países. Según un informe publicado en abril por el Banco Mundial, titulado Middle East, North Africa, Afghanistan and Pakistan Economic Update (Actualización económica de Medio Oriente, África del Norte, Afganistán y Pakistán), se proyecta que el crecimiento regional, excluyendo a la República Islámica de Irán, se desacelere del 4% en 2025 al 1,8% en 2026.

El organismo advierte que Irán enfrenta una “incertidumbre extremadamente alta”. Su ubicación en el epicentro del conflicto y su economía previamente debilitada dificultan la elaboración de proyecciones. Además, señala que el deterioro del capital humano, la destrucción de infraestructura, la menor confianza de los inversores y la percepción turística negativa demoran la recuperación de las actividades y prolongan la inestabilidad del empleo en las economías más afectadas.

Fallas en el sistema

Entre los países más expuestos a los efectos de la guerra se encuentran Irán, Irak y Líbano, junto con los del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC): Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin. “Salvo Irán, Omán, Bahréin y Qatar son países gobernados por clanes familiares”, explica Gabriel Ben-Tasgal, analista internacional especializado en Medio Oriente, en diálogo con la diaria. Según sostiene, estos grupos detentan el poder y deciden, pero delegan las tareas productivas.

Este esquema implica una contratación habitual de trabajadores extranjeros, una dinámica que quedó en evidencia durante la construcción de estadios para el Mundial de Qatar. En ese marco, organizaciones internacionales han denunciado la muerte de miles de migrantes, aunque las autoridades qataríes han cuestionado las cifras. Esta vulnerabilidad se explica, en gran medida, por el sistema de Kafala (patrocinio), vigente en varios países del Golfo, que vincula el estatus migratorio del trabajador a un empleador local o kafeel, quien ejerce el control sobre su movilidad laboral y la posibilidad de abandonar el país.

En las circunstancias actuales, la menor demanda de mano de obra extranjera puede generar una reducción en las remesas (transferencias de dinero) enviadas a sus familias. El fenómeno golpea a países como Jordania, que está ubicado en el corazón de una región petrolera pero carece de recursos energéticos propios y los ingresos de los hogares provienen de las transferencias enviadas por trabajadores en el exterior. Esta dependencia estructural genera un “daño sustancial”, destaca Ben-Tasgal.

Como las secuelas de la guerra no se distribuyen de manera uniforme, la región se divide entre economías atacadas y no atacadas, países petroleros y no petroleros, marcados por sus diferentes niveles de capacidad productiva.

Es el caso de EAU, que recibe ingresos por inversiones, turismo y la conectividad aérea, sectores particularmente perjudicados por el enfrentamiento. El declive turístico se vincula a los daños en el aeropuerto de Dubái, que provocaron la reducción de vuelos y restricciones en el espacio aéreo, generando cancelaciones y demoras desde finales de febrero.

El aeropuerto internacional de Dubái no solo es el principal de su país, sino también uno de los más transitados del mundo, con un flujo cercano a los 95,2 millones de pasajeros anuales. La interrupción de esta actividad repercute en la red de empleo vinculada al movimiento de personas: operaciones aéreas y tripulación, logística de combustible y carga, servicios en tierra, atención al pasajero, personal de seguridad y servicios de apoyo.

Para dimensionar la influencia, en 2023 el World Travel Tourism Council (WTTC) estimó que el sector turístico empleó aproximadamente a 809.300 personas en los EAU.

Modelos opuestos

Irán e Israel presentan estructuras productivas opuestas que condicionan el impacto de la guerra en su economía y mercado laboral. Israel es un país altamente tecnológico, donde el empleo y las ganancias provienen principalmente de la industria tecnológica vinculada a la IA —que representa aproximadamente el 18% del producto interno bruto— y de la producción militar.

Según Ben-Tasgal, debido al actual “éxito militar”, muchos países compran y mantienen contratos con Israel. Esto requiere de empresas secundarias que abastezcan de tecnología a compañías militares y otras firmas de innovación que capitalicen la demanda para aumentar su producción y ventas, lo que genera mayor dinamismo ocupacional. En contraste, Irán tiene una economía concentrada en sectores estatales vinculados a la infraestructura pesada. “La economía la maneja la Guardia Revolucionaria entre un 50% y 55%”, expresa Ben-Tasgal. En una guerra donde la Guardia está a la defensiva, se deterioran y destruyen infraestructuras básicas como las empresas siderúrgicas. Un daño que alcanza a las actividades que constituyen “el pulmón del régimen y del país”.

La brecha de protección

Esta centralización no es exclusiva de Irán. La especialista en estudios árabes e islámicos Susana Mangana explica a la diaria que la guerra tiende a recentralizar el poder en toda la región. En los Estados más institucionalizados del Golfo se observan “respuestas muy verticales”, donde el gobierno regula horarios, recomienda teletrabajo y busca garantizar que los sectores estratégicos no se detengan. En cambio, en contextos más frágiles, advierte que el trabajo se organiza más por lealtades y redes clientelares que por “reglas universales”.

La movilización militar y la inseguridad impactan de inmediato en el desplazamiento de los trabajadores. Ante la cancelación de vuelos y el cierre de oficinas, el personal se ve forzado al teletrabajo o al cese de actividades, ya sea por temor individual o por disposición corporativa. No obstante, Mangana sostiene que el efecto más profundo surge cuando la incertidumbre se prolonga: al resentirse sectores como el turismo o los servicios, las empresas congelan contrataciones y ajustan costos. En consecuencia, la guerra no solo interrumpe el trabajo, sino que también lo vuelve más inestable y lo precariza.

Frente a este deterioro generalizado, Mangana puntualiza que existen políticas específicas para conservar la fuerza laboral o proteger a los trabajadores en contexto de guerra, pero son muy desiguales. “En algunos países del Golfo hay medidas rápidas de gestión del riesgo, como teletrabajo o reaperturas controladas, pero no siempre hay mecanismos sólidos de protección laboral como los que conocemos en Europa”, explica.

Además, señala que el nivel de protección depende de la nacionalidad: no es lo mismo formar parte de los expatriados cualificados que ser trabajador migrante. Respecto de lo que se puede esperar para el futuro de Medio Oriente, explica a la diaria que “la guerra deja de ser un episodio puntual y pasa a formar parte del funcionamiento normal de la región”. Por lo tanto, “las empresas incorporan el riesgo bélico día a día, los trabajadores viven con incertidumbre y los Estados refuerzan el control sobre sectores estratégicos”.

La estabilidad en juego

Los países del Golfo Pérsico (sobre todo EAU y Qatar) se caracterizan por construir una marca país basada en ofrecer seguridad y estabilidad para inversores extranjeros, particularmente para quienes buscan estabilidad financiera o abrir cuentas bancarias en países con menor carga impositiva. Sin embargo, para Mangana, esta percepción cambia con la guerra y pierden la condición de destino ideal, especialmente para los negocios inmobiliarios. La región está obligada a reflexionar sobre qué medidas tomar ante esta situación, ya que “Estados Unidos los expuso a la retaliación iraní y no ofreció alternativa ni les brindó seguridad”.

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