Este mes el Parlamento de la Unión Europea aprobó una ley en la que establece que las empresas que vendan productos al conglomerado de países deberán certificar que su producción “no procede de tierras deforestadas” después del 31 de diciembre de 2020. Sólo se aplicará al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, el caucho, el carbón vegetal y el papel impreso, pero es un primer paso. Al mismo tiempo, las compañías tendrán que demostrar que los commodities “cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos”. Según se determina en la página web del parlamento europeo, las sanciones por incumplimiento “deberán ser proporcionadas y disuasorias” y “la multa máxima deberá ser de al menos 4% del volumen de negocios anual total en la Unión Europea del operador o comerciante infractor”.

Sin dudas, la deforestación es una problemática que está trayendo consecuencias negativas a nuestro planeta y cada vez cobra más protagonismo en la discusión internacional. Este tipo de políticas públicas que buscan frenar la dañina actividad -siempre que sean efectivas y no se trate de un lavado de imagen para dejar la conciencia tranquila de los consumidores-, son cada vez más urgentes. Sin embargo, también hace que surjan nuevas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con la depastizalización -término acuñado por nuestros compañeros de la sección Ciencia- y por qué no se lo está visibilizando de la misma forma que la deforestación?

Antes de la llegada de los colonizadores, 80% del territorio de lo que hoy es Uruguay estaba compuesto por pastizales, praderas y bosques abiertos, según consigna una investigación de Alejandro Brazeiro, Marcel Achkar, Carolina Toranza y Lucía Bartesaghi que este medio publicó hace un tiempo. En la actualidad la cifra descendió a 60% y parte de este porcentaje no se trata de pastizales naturales sino de “campos mejorados, muchas veces con especies exóticas para forrajeo del ganado”. La magnitud de la problemática es enorme si tenemos en cuenta que la mitad de la desaparición del ecosistema tuvo lugar entre 2001 y 2018. La pérdida fue causada por los cambios de uso de la tierra, principalmente por la expansión de la soja y las plantaciones forestales exóticas, como los eucaliptos.

Nunca está en falta recordar el valor de nuestros pastizales. En ellos vive 63% de las 351 especies de aves del país, 74% de las 74 especies de mamíferos, 55% de las 65 especies de reptiles, 8% de las 48 especies de anfibios y 36% de las 315 especies de plantas leñosas. Como si no alcanzara, un trabajo reciente dejó en evidencia que toda esta biodiversidad hace a los pastizales más resilientes a los efectos de la sequía y a otros eventos climáticos extremos. José Paruelo, uno de los investigadores que la llevaron adelante, aseguró el sábado a la diaria que “faltan instrumentos legales que visibilicen el pastizal”. “Me parece que es necesario tener una ley que declare el interés que tiene el bioma pastizal para Uruguay desde distintos puntos de vista: económico, cultural, ambiental y sanitario”, comentó. Quizás el pedido del investigador esté cerca de concretarse.

Sobran los motivos

En marzo ingresó a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados un proyecto de ley titulado “Preservación y conservación del campo natural”. Fue elaborado por siete representantes del Frente Amplio; una de ellos es Martina Casás, que también es bióloga y participó en investigaciones que buscaban conseguir una respuesta sobre si es posible regenerar el pastizal tras la forestación con pinos.

“Juntamos información, nos asesoramos con expertos en el tema, y la idea es declararlo de interés general para empezar a priorizar su conservación por sobre otros usos”, dijo Casás en diálogo con la diaria. “Se le envió el proyecto a las mesas de Ganadería del Campo Natural para que lo evalúen y está por empezar el tratamiento. Ahora empiezan a venir las organizaciones para hacer los aportes. La intención es crear una ley basada en evidencia, que recopile las sugerencias de investigadores y productores que trabajan en el tema. Ante la alarma de la pérdida de pastizal tendríamos que tener alguna herramienta legal para protegerlo”, relató.

En la exposición de motivos del proyecto se recuerda que el campo natural de Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, “un bioma típico del centro-este de América del Sur, que ocupa unos 760.000 kilómetros cuadrados y se extiende por el centro-este de Argentina, todo Uruguay y la región sur del estado de Rio Grande do Sul”. También se resalta su importancia productiva y sus servicios ecosistémicos fundamentales, tales como “el mantenimiento de la biodiversidad”, “el secuestro de carbono, mitigando el aumento de los gases con efecto invernadero en la atmósfera y, consecuentemente, el cambio climático”, “el control de la erosión y provisión de agua de calidad”, entre otros.

Sin embargo, también remarcan su papel como soporte de aspectos culturales propios del espacio regional. “Por su desarrollo histórico y los antecedentes culturales se ha propiciado la transformación del campo natural por encima de su conservación. El paisaje en Uruguay no se valoraba intrínsecamente y en los enfrentamientos históricos primó una visión utilitarista que desvalorizaba la ganadería tradicional asociada a los pastizales frente al progreso agrícola. A su vez, las políticas públicas referidas al campo se centraron en la incorporación o completa sustitución por especies exóticas”, se apunta en la justificación. Asimismo, se recuerda que distintas instituciones públicas, junto con la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, “han hecho valiosas contribuciones a la compatibilización de la producción y la conservación de los pastizales naturales uruguayos”.

“La conversión del Campo Natural hacia usos que implican el reemplazo de la cobertura original genera problemas ambientales y conflictos territoriales entre los actores que llevan adelante las principales actividades económicas (ganadería a pequeña y gran escala, agricultura y forestación). En este contexto de amenazas, el desafío que se presenta es cómo compatibilizar el uso productivo y la conservación del bioma del país. Para ello, la protección legal es considerada un recurso imprescindible para evitar de forma efectiva la completa transformación de los pastizales de la región”, afirman los legisladores y legisladoras.

Las medidas

El proyecto de ley cuenta con siete artículos. El primero, como adelantaba Casás, declara de “interés general” la “preservación y conservación del Campo Natural” y “la promoción de políticas de manejo sostenibles del pastoreo y otros usos”. Asimismo, enseguida determina que estas políticas públicas de conservación “establecerán incentivos para la promoción de planes de manejo de uso productivo que conduzcan a la concreción efectiva de los objetivos de esta ley”. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), junto con el Ministerio de Ambiente (MA), serán los encargados de llevar adelante esta tarea y “responsables de la promoción, diseño, coordinación, articulación, seguimiento y evaluación de las mismas”.

Las carteras deberán “promover la creación y actualización permanente del inventario de pastizales naturales y de su estado de conservación a nivel nacional y departamental”. Aunque pueda parecer básico, contar con datos oficiales actualizados puede ser difícil. A su vez, la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, junto con la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, deberán trasladar estos datos al Observatorio de Campo Natural y el Visualizador Ambiental. Poder contemplar los datos de manera lúdica y fácil, sin dudas, puede ayudar a comprender la magnitud de la problemática. Esto se vincula con otra de las responsabilidades que tendrán las autoridades: “Relevar las áreas degradadas a nivel nacional e implementar acciones de restauración en estas”. También “definirán prioridades, cronograma y metodología a emplear en un plazo no mayor a un año de promulgada esta norma”.

A su vez, el MGAP y el MA deberán “articular y coordinar acciones con las distintas áreas estatales involucradas, a nivel nacional, departamental y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, de productores y otras organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia”. Como diría Casás, la idea es crear una especie de “estrategia nacional” para cuidar los pastizales. Al mismo tiempo, las autoridades formularán “recomendaciones a entidades públicas y privadas con competencia en la materia” y evaluarán “el cumplimiento de las políticas públicas para la preservación del Campo Natural”.

Por otra parte, los gobiernos departamentales serán fundamentales, ya que “deberán promover la caracterización de los Campos Naturales dentro del departamento, en cuanto a su prioridad de conservación”. Para lograr cumplir con el cometido, tendrán disponibles “las estructuras y procedimientos”, señala el texto.

“Vos podés hacer una muy buena ley para protección del ecosistema, pero si no involucrás a los gobiernos locales, es difícil que puedas ordenar el territorio. Todos pueden tener un fin común. En general, cada uno produce en su tierra, sin pensar mucho en cómo afecta a lo global. De esta forma en que se plantea en el proyecto, hay mucha más participación y acuerdo sobre cómo desarrollar una actividad económica”, comentó Casás.

Enlazada a la explicación de la legisladora, el proyecto también busca promover “la participación social en el establecimiento de los criterios para la definición de prioridades de conservación de los hábitats naturales a proteger”. La normativa establece que se tomará en cuenta tres categorizaciones: “sectores de muy alto valor de conservación que habilitarán las mayores áreas de restricción de uso y transformación”; “sectores de mediano valor de conservación que ameritarán diversos usos productivos”; y “sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad”.

Los legisladores y legisladoras también plantean la creación del “Fondo de Apoyo al Campo Natural, como un patrimonio de afectación separado e independiente con destino a asistir financieramente” proyectos de investigación y extensión sobre el campo natural, “planes de manejo de uso con fines de preservación y conservación de aquellas áreas determinadas como prioritarias” y apoyo a los gobiernos departamentales o municipales.

“Hay un montón de personas que investigan, pero muchas veces es a pulmón, basándose en los esfuerzos particulares de grupos de investigadores. Esto propone mejorar lo que producimos, con la menor cantidad de impactos ambientales. Por ejemplo, Uruguay, por ahora, no ha desarrollado líneas genéticas de pastos naturales nativos para hacer mejores pasturas. Nosotros mejoramos las pasturas con especies importadas. Están empezando a desarrollarse algunas especies genéticas, pero tendrían que ser muchísimas más”, contó Casás.

Un último artículo promueve la “tipificación y etiquetado de la carne y lana producida total o parcialmente en Campo Natural, utilizando el Sistema de Identificación y Registro Animal”. La diputada comenta, entre risas, que “es la parte de marketing”. “Habla de una ley de trazabilidad ganadera. La idea es que cuando vaya a la carnicería o al supermercado vea en el corte envasado la etiqueta que diga ‘carne de pastizal’ y poder conectar para decir que el corte se basa en una producción sostenible. Esto nos falta en Uruguay, la trazabilidad está buena tanto para los productos que exportamos como para los que comemos acá”, manifestó.

Visibilizar el problema y buscar apoyo en otros partidos

Casás comentó que la iniciativa está abierta a nuevos aportes porque “la idea es que sea el mejor proyecto posible para proteger el ecosistema”. Consultada sobre si otros legisladores han mostrado apoyar el proyecto, respondió que si bien todavía no han hecho “una ronda con otros diputados”, ella cree “que tiene que haber acuerdo”.

“En la Comisión de Ganadería está el diputado Rafael Menéndez [Cabildo Abierto], que presentó el proyecto para delimitar la forestación a 10% del país. Este proyecto, en parte, también es una forma de responder a esta problemática. En vez de limitar una actividad, protege un ecosistema. Es la otra cara de una misma moneda. Yo creo que Rafael puede estar de acuerdo, pero los demás también. Es muy difícil oponerse a una cosa que ya tiene un desarrollo en Uruguay” comenta Casás.

Por otro lado, la diputada apuntó a la urgencia de poner el tema de la desaparición de los pastizales en la mayor cantidad de lugares posible. “La semana pasada estuvimos en el Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y hablamos de la protección de los ecosistemas como reclamo. Es verdad que se habla de la deforestación, o de la Amazonia, el Chaco, pero acá está pasando otra cosa. Es transformar un ecosistema por otro. Lo que tiene el pastizal es que es fácil de transformar, de arar, de cambiarle la cobertura vegetal, y por eso se pierde. Pero cuando hablamos de cambio climático, la mejor forma de reservar carbono en el suelo y que no quede en la atmósfera es a través de ecosistemas naturales. El ecosistema natural de Uruguay, el que mejor conserva carbono, no es el árbol, es el pasto. Es muy importante transmitir esto. El bioma pampa, o el pastizal, no es impactante visualmente y por eso quizás es difícil de proteger. Cuesta mucho que las personas entiendan que donde nadie ve nada, en realidad, hay un ecosistema a proteger”.

Llegó el momento de poner la depastizalización en el ámbito político y decidir qué camino queremos seguir.