Este viernes, en la sala del Palacio de Tribunales donde tuvo lugar la audiencia convocada por el juez en lo civil de noveno turno Alejandro Recarey, el ambiente era tenso. Durante la instancia, que fue pública, se trató la medida cautelar de “no innovar” que presentaron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucu-Tucu con el objetivo de suspender la adjudicación de la licitación pública internacional del proyecto Arazatí-Neptuno. Representantes del Ministerio de Ambiente (MA), del Ministerio de Salud Pública (MSP), OSE y del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República –estos últimos encargados de representar a las organizaciones sociales– pusieron sobre la mesa sus argumentos jurídicos y técnicos en una jornada que inició a las 13.00 y continuó hasta avanzada la noche.

La audiencia comenzó con problemas para los abogados del Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast. En 2023, una semana después de que las organizaciones presentaran la medida cautelar, OSE tomó la decisión de adjudicar la licitación a los privados. En este contexto, los representantes de las compañías intentaron brindarle un escrito al juez Recarey con su postura; él les aclaró que no fueron citados porque “no son parte” del proceso judicial. Con resistencia, los abogados decidieron participar de la jornada como parte del público.

Por otra parte, los representantes jurídicos del MA y el MSP solicitaron, sin éxito, que la audiencia fuera suspendida. La cartera de salud afirmó que el Poder Judicial debe ser “imparcial” y que la sede de Recarey ha “beneficiado a organizaciones ambientalistas”. Asimismo, los representantes de los ministerios aseguraron que el organismo “no tiene nada que ver con esta causa”, ni con la licitación. Otro de los argumentos tanto del MSP como del MA consiste en que, desde su perspectiva, el tema debió haber sido tratado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). A su vez, manifestaron molestia porque se los haya citado el 18 de junio, con un “feriado de por medio”, cuando el proceso comenzó un año atrás.

Juan Ceretta, representante de las organizaciones, señaló que el debate sobre el TCA fue saldado en el Tribunal de Apelaciones, donde hace un mes se estableció que quien debe tomar la decisión sobre la medida cautelar es la Sede Letrada en lo Civil, el lugar donde se trató este viernes. Asimismo, acotó que “en todo este proceso resulta clave el rol del MA” y mostró preocupación porque el MSP se “deslinde” de ser “responsable de la calidad del agua que vamos a consumir”. Durante su intervención, también hizo mención que su fin último es que “no se realice el proyecto Neptuno bajo ninguna circunstancia”. La medida cautelar es el paso previo a iniciar un juicio contra el MA, MSP y OSE. Tiene como objetivo conservar la situación tal como se encuentra para que, en el futuro, la sentencia del proceso principal pueda aplicarse de manera efectiva.

Recarey aclaró que “la única sentencia interlocutoria en este procedimiento es la que determine o rechace la medida solicitada”. El magistrado decidió continuar con la audiencia luego de escuchar a las partes. Las organizaciones socioambientales esperan que próximamente se conozca la sentencia. Los organismos gubernamentales adelantaron que apelarán la decisión.

Sigue el debate

Once fueron los científicos y científicas que convocaron las organizaciones socioambientales y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho en calidad de testigos: Luis Aubriot, Bernardo Zabaleta y Marcel Achkar, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias; Ángel Segura, del Polo de Desarrollo Universitario Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial; Claudia Piccini, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable; Madeleine Renom, Marcelo Barreiro, Gastón Manta y Camila de Mello, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la ya mencionada Facultad de Ciencias; Carlos Santos, antropólogo especializado en temáticas ambientales; y Daniel Perea, paleontólogo e integrante del Instituto de Ciencias Geológicas de Facultad de Ciencias. Todos y todas estuvieron presentes de forma presencial en el Palacio de los Tribunales.

El primero en ingresar a la sala fue Achkar, director del IECA y grado cuatro de la Universidad de la República. El MA y el MSP presentaron oposición de su calidad de testigo porque “es un militante de la causa” y “no es imparcial”, alegando que asesoró técnicamente a Redes Amigos de la Tierra, organización socioambiental que no forma parte de este procedimiento jurídico. El tema de la imparcialidad de los académicos ya había sido invocado antes

Amparándose en el Código General del Proceso, Recarey dijo que “no puede cerrarse el paso a ninguno de los testigos propuestos”. “Todos los propuestos son testigos técnicos. Esto es, personas que relatan con rigor académico sus observaciones (y las deducciones a que éstas los llevan). Estos son hechos, que es lo propio de los testigos [...] No se confunden con los peritos, porque no emiten juicios de valor, por lo demás, y atento a la alta complejidad del objeto de sus dichos, su capacitación y sus aptitudes para percibir aquello sobre lo que se lo cuestiona, devienen en testigos necesarios de incluir”, aseveró el juez.

Durante la audiencia, los académicos y académicas hablaron sobre los trabajos que efectuaron en el lugar donde se pretende instalar el proyecto Neptuno-Arazatí. Por ejemplo, el informe que elaboró el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, donde se advierte que es esperable el registro de “eventos de salinidad extendidos por encima del umbral” de potabilidad en Arazatí. O de la investigación publicada en una revista arbitrada que llevaron adelante integrantes del IECA donde se reporta que en el balneario las floraciones algales se dieron en todos los meses de 2021. Asimismo, se hizo hincapié en el interés paleontológico de la zona.

Por su parte, las autoridades del MA y OSE también presentaron una larga lista de testigos técnicos que defendieron sus argumentos técnicos. Entre ellos, se encuentran: Arturo Castagnino, gerente general de OSE; Marcelo Cousillas, director de Asesoría Jurídica del MA; Rosario Lucas, gerenta de Evaluación Ambiental del MA; y Francisco Gross, de la empresa Fast, integrante del Consorcio Aguas de Montevideo. En la noche del viernes, los testigos del Ministerio y de Ose seguían compareciendo.