Este martes tuvo lugar la primera reunión de transición entre las autoridades actuales y entrantes del Ministerio de Ambiente. El futuro jerarca de la cartera ambiental, Edgardo Ortuño, manifestó que el intercambio fue preparado previamente con “un pedido de más de 100 consultas” elaboradas por su equipo. Calificó la instancia como “positiva”, agradeció las respuestas, también relató que pidieron “solicitudes de información adicional” y que charlaron sobre “temas que nos vienen preocupando y ocupando, como Punta Ballena”.
Por su parte, Robert Bouvier, actual mandatario de la cartera, puso sobre la mesa “la continuidad del Ministerio de Ambiente, que es nuevo y necesita su fortalecimiento”. También indicó que están en contacto los directores entrantes y salientes “a efecto de que puedan seguir trabajando todo este período que queda y tengan la información que corresponde”, a lo que agregó que ese trabajo se está haciendo “con absoluta transparencia”.
Ortuño destacó el consenso que existe entre ambos mandatarios de que haya “mayor educación ambiental, mayor compromiso de cada ciudadano, de cada ciudadana, de todos los actores sociales, empresariales y de la institucionalidad, para poder no sólo avanzar en la formación y la capacitación, sino también en la exigencia de responsabilidad ambiental, con el aumento de las multas cuando haya infracciones significativas”. Subrayó que se debe contar “con herramientas de multas más importantes” y remarcó que el gobierno saliente está trabajando sobre el tema.
Asimismo, la diaria consultó a Bouvier sobre la ausencia del actual subsecretario, Gerardo Amarilla, y sobre el nuevo decreto que flexibiliza las evaluaciones ambientales de las plantaciones forestales. Sobre lo primero, Bouvier señaló que Amarilla no pudo estar presente por “un tema personal”, y sobre lo segundo sostuvo que le dieron “a conocer al ministro electo los fundamentos del decreto. Me parece que tiene un fundamento sólido la conclusión de este decreto, en lo que tiene que ver con las reforestaciones y demás”. Sobre el comunicado de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente que denunció que la redacción de esta normativa no incluyó a los técnicos, manifestó que “contó con el asesoramiento de los equipos técnicos”, si bien “no está por escrito”.
Neptuno-Arazatí: un punto caliente en la transición
El jueves pasado, a poco más de un mes de que termine el período de gobierno, OSE firmó el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para llevar adelante el proyecto Neptuno-Arazatí. Este lunes, a horas de la reunión de transición, la Mesa Política del Frente Amplio emitió un comunicado donde rechaza la firma del contrato y destaca su confianza en que las próximas autoridades “actuarán con firmeza” frente al “daño que genera” la iniciativa.
Durante la rueda de prensa que dieron Bouvier y Ortuño —quien fue una de las principales voces opositoras al proyecto—, la tensión estuvo presente. “El tema Arazatí ha sido en esta transición un tema de diferencia, es un legado pesado para el próximo gobierno, pero lo seguiremos tramitando en el ámbito en el que está, que es la transición entre los dos presidentes”, y adelantó que están elaborando un informe para presentarle al presidente electo, Yamandú Orsi.
Asimismo, Ortuño afirmó que se requiere “un análisis responsable” y que “no corresponde hacer declaraciones contundentes hasta no estudiar el texto y los acuerdos finalmente aprobados y firmados por el gobierno con el consorcio, hacer las evaluaciones técnicas, que ya no son sólo los aspectos que se han conversado públicamente, sino también los temas económico-financieros y jurídicos”.
Por otra parte, el futuro ministro no descartó rescindir el contrato entre los privados y el gobierno saliente y recordó que hay un proceso pendiente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “El contrato se firmó con las características del proyecto original. No se incorporaron cambios, a pesar de que se ofrecieron y plantearon. El gobierno mantuvo la posición en la que venía. Lo que se hizo fue firmar una declaración de intención de analizar a futuro posibles modificaciones, que es una declaración a la que le damos valor político, pero es bueno tener claro que no tiene valor jurídico. Lo que pesa es lo que se firmó en el contrato, y lo que se firmó en el contrato tiene las mismas características técnicas que se vienen discutiendo hace tiempo y que nosotros hemos criticado”, acotó.
Durante la conferencia de prensa, se le preguntó a Bouvier si el proyecto Neptuno-Arazatí puede ser considerado inconstitucional. Al respecto, dijo que eso “son especulaciones que hay, yo me manejo sobre todo con certezas. Hoy nosotros no teníamos ningún inconveniente jurídico para firmar este contrato”. Desde su punto de vista, es “la solución a uno de los problemas más graves que tiene el país”. “Hicimos una estrategia que es Arazatí, estuvimos todo este tiempo trabajando en ella, como pasa con cualquier proyecto importante que demora períodos, y antes de terminar nuestro gobierno lo dejamos concluido”, expresó.