Este jueves OSE firmó el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para llevar adelante el proyecto Arazatí-Neptuno. En este contexto, es necesario entender –aquí se detallan tan sólo algunos puntos– la historia del conflicto socioambiental que rodea a la iniciativa.

En octubre de 2020, las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo– presentaron el proyecto Neptuno. El objetivo de la iniciativa es construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción –que pasaría por encima de cursos de agua y del área protegida Humedales del Santa Lucía, además de afectar predios productivos–, un monorrelleno para depositar lodos producidos por la planta y una especie de reserva de agua dulce, conocida como “pólder”. Este último punto es crucial porque la iniciativa pretende tomar agua del Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José, para suministrar a más de la mitad de la población del país. Esta fuente es un estuario, por lo que tiene períodos de salinidad.

Un informe del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que tiene un convenio con OSE para monitorear el sitio, detectó que este sector del estuario posee “gran variabilidad ambiental” y que, desde junio de 2021 hasta setiembre de 2024, la salinidad estuvo por encima del umbral en 141,1 días. El proyecto no prevé tener desalinizadora, pero sí la reserva de agua dulce para no cortar el suministro en los períodos de salinidad. El “pólder” ha sido fuertemente cuestionado por la comunidad científica por ser vulnerable ante el desarrollo de floraciones de cianobacterias. A su vez, la zona de Arazatí es el área con mayor ocurrencia de floraciones fitoplanctónicas, tanto a nivel superficial como en la profundidad, en el Río de la Plata. También se han sumado advertencias sobre la posible contaminación del acuífero Raigón.

Por otro lado, este jueves, el gobierno afirmó en un comunicado de prensa que la iniciativa pretende “garantizar un derecho básico a la población del país que reside en Montevideo y el área metropolitana”. “La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”. La capacidad neta de producción y aducción de agua potable de la iniciativa es de 200.000 m3/d. Sin embargo, son varios los actores que describen el proyecto como una “falsa solución” a la problemática de abastecimiento de agua potable.

Más críticas

Las autoridades gubernamentales, en un momento que no es preciso, decidieron apodar de forma distinta al proyecto y comenzaron a llamarlo Arazatí. Desde hace cuatro años, organizaciones socioambientales, sindicatos, grupos de vecinos, académicos, políticos –incluidos los de la coalición de gobierno– que integran la Junta Departamental de San José, productores rurales de predios aledaños al sitio y más han manifestado su rechazo a la aprobación de la iniciativa basándose en diferentes argumentos. Un sector de los actores habla de “privatización” de la empresa pública que suministra el agua potable a la población y de que es una iniciativa inconstitucional porque viola el artículo 47 de la Carta Magna, que establece que este servicio debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Otro sector destaca que el Río de la Plata no es la fuente de agua de la que deberíamos abastecernos, por ejemplo, debido a las recurrentes floraciones, los niveles de salinidad, la falta de estudios sobre los niveles de plaguicidas, cianotoxinas, entre otros contaminantes, y porque es un estuario que es dependiente de otros países, lo que dificulta la soberanía en su cuidado. Asimismo, otro grupo de personas, como los ediles del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio de San José, consideran que es necesario que las autoridades nacionales escuchen a quienes viven en el territorio que se verá afectado por la obra, y que se destine más tiempo para discutirlo con más elementos y estudios.

A mediados de enero, más de un centenar de organizaciones ambientales y sociales pidieron al presidente Luis Lacalle Pou que no firmara el contrato con el consorcio de empresas privadas. Destacaron que la iniciativa genera “serias preocupaciones fundadas tanto en materia legal como ambiental y de derechos humanos”. Manifestaron que era “al menos irresponsable e imprudente” la firma del contrato cuando todavía existen “observaciones legales sin responder”. En los últimos años se han manifestado sucesivamente en las calles y han realizado conversatorios para alertar a la población. Otro pilar importante en la oposición al proyecto es la comunidad académica, que también participó de estas instancias y tuvo un lugar protagónico en la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente (MA). Allí, las autoridades gubernamentales informaron que recibieron 558 comentarios y 36 documentos técnicos durante la puesta de manifiesto.

En busca de justicia

La discusión también llegó al Poder Judicial. En junio, el juez en lo civil de noveno turno, Alejandro Recarey, aprobó una medida cautelar de “no innovar” que presentaron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucu-Tucu, de San José. Las organizaciones buscaron suspender la adjudicación de la licitación pública del proyecto Arazatí-Neptuno para poder tener tiempo de iniciar un juicio contra el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y OSE. El objetivo era conservar la situación tal como se encontraba para que, en el futuro, la sentencia del proceso principal pudiera aplicarse de manera efectiva. Pese a la disputa legal y la aprobación de la medida de no innovar, el proyecto continuó su trámite administrativo ante el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, en noviembre, el Tribunal de Apelaciones habilitó la firma del contrato para el proyecto y sacó del caso al juez Recarey.

Por otro lado, en setiembre de 2023, Redes-Amigos de la Tierra presentó un recurso administrativo para la revocación y anulación de la licitación de la iniciativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En junio, la licitación había sido adjudicada por OSE al Consorcio Aguas de Montevideo. En febrero de 2024, el órgano encargado del control de la administración había convocado a cuatro científicos en calidad de testigos: Luis Aubriot y Marcel Achkar, investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de la República (Udelar); Claudia Piccini, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable; y Danilo Ríos, docente del curso Potabilización de Aguas de la Udelar y ex gerente general de OSE. La instancia de escucha fue suspendida porque el MA y OSE se opusieron a que los científicos brindaran su testimonio sobre la iniciativa.

El MA afirmó que Aubriot y Achkar –investigadores que han dedicado parte de sus carreras a estudiar el Río de la Plata, fuente de la que pretende abastecerse el proyecto Neptuno– no pueden ser testigos porque “carecen de la condición de imparcialidad”. La declaración provocó un rotundo rechazo en la comunidad científica y se calificó el hecho de “censura”. “No se puede llamar a un médico frente a una pandemia de coronavirus y pretender que sea ‘imparcial’: va a pretender cuidar la salud de la población y tomar medidas de prevención. En nuestro caso pasa algo similar; nosotros estudiamos el sistema y tenemos un diagnóstico de lo que ocurre. Las de Arazatí son aguas peligrosas de potabilizar, con una altísima variabilidad en cuanto a la toxicidad y a las cianobacterias”, dijo Aubriot a la diaria en su momento. OSE en su documento no se quedó atrás y, además de cuestionar la “imparcialidad” de Aubriot y Achkar, sumó a Danilo Ríos.

Tanto el MA como la empresa estatal se opusieron a las pruebas documentales que presentó Redes-Amigos de la Tierra. Entre ellas estaban el informe que elaboró la Institución Nacional de Derechos Humanos que recomendaba “no innovar ni continuar” la licitación del proyecto, el manifiesto que construyeron 12 investigadores del IECA y el Centro Universitario Regional Este, en el que se hacen advertencias y recomendaciones en torno al abastecimiento de agua potable en el sur del país, un informe sobre salinidad en el Río de la Plata que fue solicitado por OSE a investigadores de la Facultad de Ciencias y un artículo publicado en la revista arbitrada Estuarine, Coastal and Shelf Science, en el que se describe que en la zona donde se pretende instalar la planta tuvieron lugar floraciones de cianobacterias en todos los meses de 2021.

En noviembre, el TCA determinó que sí escuchará a los científicos. Las audiencias continúan y se retomarán en marzo.

La transición

Edgardo Ortuño, quien será ministro de Ambiente durante el próximo quinquenio, fue uno de los principales opositores al proyecto Arazatí-Neptuno. Él fue director de OSE por el Frente Amplio mientras tenía lugar la discusión. Luego de la firma del contrato, publicó en su cuenta de X que se trata de “un importante error que desestima reparaciones académicas, políticas, sociales y legales, deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”. Y continuó: “Afecta significativamente la capacidad de acción del nuevo gobierno electo por la ciudadanía y limita los acuerdos nacionales para construir la Política de Estado que el país necesita para el cuidado y abastecimiento del agua, por el que seguiremos apostando”.

El presidente electo, Yamandú Orsi, dijo antes de la firma que “hay que ver” el “margen de maniobra” que deja el contrato “para corregir lo que hay que corregir”. Este jueves, a través de un comunicado, Presidencia anunció que se acordó “adicionar un memorándum de entendimiento entre OSE y el Consorcio para eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar”. Indica que “podría incluir, por ejemplo, alternativas para la localización del pólder”.

Diego Pastorín, actual director de OSE por el Frente Amplio, dijo a la diaria que el memorándum “no tiene valor jurídico porque no genera obligaciones para las partes, sino que es una expresión de voluntad”. Por su parte, Ortuño señaló días atrás que los cambios propuestos por las empresas privadas –como, por ejemplo, reducir el “pólder”– no son sustanciales y reafirmó sus críticas.