Casupá: productores rurales piden más información, legisladores visitan el territorio y científicos llaman a proteger la cuenca

La interpelación de más de 20 horas al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, marca el inicio de una nueva etapa en la discusión sobre el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana.

El rechazo por parte de académicos, técnicos, movimientos sociales, productores rurales y políticos de diferentes partidos políticos al proyecto Neptuno/Arazatí produjo que las autoridades del gobierno de Yamandú Orsi descartaran la iniciativa, si bien aún resta conocer los términos específicos del nuevo contrato que se firmará con el Consorcio Aguas de Montevideo y qué repercusiones tendrá. En la negociación, tomadores de decisiones y privados acordaron llevar adelante otra serie de obras, como la construcción de nuevas plantas potabilizadoras en Aguas Corrientes y en el arroyo Solís Chico, además de la reparación de algunas cañerías.

En paralelo, una de las grandes promesas de campaña del Frente Amplio fue la construcción de la presa Casupá, en el límite de los departamentos Florida y Lavalleja, precisamente en el municipio homónimo, que se pretende que funcione como una reserva de agua dulce para la planta de Aguas Corrientes. La obra tiene una larga historia. Uno de sus hitos es que en el último tramo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez obtuvo la financiación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Finalmente, la iniciativa fue dejada de lado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que optó por promover el proyecto Neptuno/Arazatí. Esto fue objeto de varias reacciones; por ejemplo, representantes del sistema político de Florida enviaron una “señal fuerte” al entonces gobierno del Partido Nacional para que no olvide la obra de la presa, que había generado entusiasmo en la ciudad.

El debate sobre el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana se intensificó luego de la histórica crisis hídrica, ambiental y sanitaria de 2023. En este contexto, el actual oficialismo afirmó nuevamente la necesidad de contar con la presa Casupá. Entre los informes técnicos en los que se ampara el Frente Amplio para impulsar la infraestructura se encuentra un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo que compara la presa con la planta potabilizadora que pretendían ubicar en Arazatí. En sus conclusiones dice: “Entre las soluciones analizadas para 2035, se compararon la presa de Casupá y la planta de tratamiento de Arazatí. Casupá permitiría garantizar el suministro de agua con una mayor capacidad de regulación, evitando déficits y asegurando un caudal mínimo en el río Santa Lucía para preservar su calidad de agua”. Sobre Arazatí dice que “es una solución que presenta limitaciones en su capacidad de producción y distribución, lo que podría generar déficits en años de extrema sequía. Si bien ambas infraestructuras mejorarían la resiliencia del sistema, Casupá ofrece una solución más robusta y confiable para enfrentar futuros eventos de sequía”. Además, los propios técnicos de OSE especializados en agua potable alertaron sobre los inconvenientes de llevar adelante la planta impulsada por privados en Arazatí.

En una entrevista con la diaria, Ortuño anunció que el objetivo del Ministerio de Ambiente consiste en que la presa de Casupá nazca con un área protegida asociada para garantizar la calidad del agua potable que recibirá más de la mitad de la población del país. Sin embargo, a mediados de agosto, un grupo de productores rurales vecinos al arroyo Casupá se hicieron escuchar en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes. Relataron sus temores con respecto a los posibles impactos económicos y ambientales de la obra, solicitaron información, algunos manifestaron su rechazo a la iniciativa e invitaron a los diputados y diputadas a conocer el territorio. Poco más de una semana después, la delegación de políticos, acompañados de figuras que no integran la Comisión de Ambiente, como Gustavo Salle (Identidad Soberana), Sebastián da Silva (Partido Nacional) y Adriana Peña (exintendenta de Lavalleja y diputada por el Partido Nacional), visitaron la zona.

Más información: el pedido de los productores y el alcalde de Casupá

“Todo esto va a quedar bajo agua”. La frase se repitió con tristeza reiteradas veces durante el recorrido guiado al que invitaron a los legisladores, que estuvo liderado por varios productores de la zona, entre ellos, Álvaro Rivadavia.

Rivadavia se encargó de poner sobre la mesa cómo la presa podría afectar las formas de vida de los vecinos, por ejemplo, con respecto al acceso a escuelas, rutas y su producción. También aclaró que no hablan desde un “movimiento político”. “Nosotros creemos que tiene que haber alternativas de solución más viables. No queremos que se construya [la presa de Casupá], pero si se va a construir, antes de que surjan estos problemas que estamos viendo, que nos digan cómo los van a tener en cuenta. Si los han resuelto, queremos que nos expliquen para por lo menos estar tranquilos. Y si no lo han considerado, que lo hagan antes de inundar”, manifestó. Al ser consultado sobre cuántas personas viven en las inmediaciones, respondió que “en los grupos de Whatsapp, más o menos andamos entre 80 y 85 familias en toda la zona; acá habrá 20”. Uno de los pedidos es que la gente sepa que el territorio “tiene rostro”, que hay personas que viven allí y que no se trata sólo de padrones.

La presa de Casupá pretende llevarse adelante en el límite entre Florida y Lavalleja, pero el productor destaca que la distinción es meramente una cuestión de papeles. “El arroyo no separa, une. Es un arroyo que tiene mucho monte y poco caudal”, cuenta. “Hay gente que vive acá. Algunos por su tamaño de explotación están todo el año. Otros están un tiempo y después hacen changas por fuera, pero su lugar de residencia y su activo de capital está acá”.

Una de las historias es de Alberto Cocorel, pequeño productor ganadero que tiene 65 años. “Vivo acá desde que nací. Los fundadores fueron mis abuelos, después estuvo mi viejo y ahora sigo yo. Tengo toda una vida en este campo, mis hijos y mis nietos se quieren quedar”, dice. Cuenta que fue a la escuela rural 44, que se encuentra cerca del curso de agua. Sin rodeos, menciona que hasta el momento no han tenido “ninguna información de nada, de cuánto se va a pagar la hectárea de campo ni cómo nos va a afectar”. Cuenta que hace unos nueve años fueron a su casa a hacer un censo para conocer cuántos vecinos vivían en la zona, en el marco de la posible construcción de la presa. “Estamos en la duda siempre”, lamenta. En el recorrido, muestra el monte nativo que rodea el arroyo. “Siempre lo hemos estado cuidando al máximo. Esto queda todo perdido. Hablan de trasplantar, pero para que se críen talas, coronillas o arrayanes se demora años. Acá hay todo tipo de árboles, es difícil trasplantar monte nativo. Lo mejor sería que tomaran agua de otro lado, no de este arroyito. Acá tiene que llover mucho para que se pueda llenar”, agrega. Cocorel pide “tener información concreta” que les dé tranquilidad. “Estamos en el aire”, concluye.

El alcalde de Casupá, Luis Oliva, también se hizo presente. “Es un proyecto que se habla desde hace muchos años y que ahora, con los anuncios del gobierno nacional de su construcción, ha generado bastante movimiento en la zona, con las diferentes caras de un proyecto que sin duda es importante para el país”, declaró a la diaria. El jerarca contó que, por un lado, causó “expectativa de la gente de la ciudad” y, por otro, “la preocupación de los vecinos de la zona del arroyo Casupá”. Dijo que el municipio va a tratar de “aclarar un poco las dudas que han surgido sobre la construcción, la zona y el impacto que va a tener sobre la producción”. “Creo que hay un error de OSE y del Ministerio de Ambiente de no ser claros y no brindar información a toda la población”, planteó. Sobre las características de la zona, señaló que “hay grandes establecimientos, grandes estancias, pequeños productores, pequeñas familias afectadas; es un combo”.

Hace aproximadamente una semana, Oliva tuvo una reunión con Pablo Ferreri, presidente de OSE. Sobre el encuentro, relató que “fue una primera instancia, les pedimos a OSE y al Ministerio de Ambiente que vengan al territorio, que informen a la población, porque hay mucha gente que está preocupada y no tiene información de primera mano. Creemos que es importante que lo haga el gobierno nacional, porque un proyecto tan grande necesita claridad. Es parte, también, de lo que exigen los productores. Hay gente que vive, que produce, que trabaja en la zona, que tiene una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, en qué condiciones se va a expropiar o no, en qué plazo, si van a poder producir o no”.

“Tranquilidad” versus “fogoneo”

Luego del recorrido, los productores organizaron un encuentro al que se acercaron más locatarios. “Acá hay decisiones que están tomadas, el gobierno decidió suspender la toma del Río de la Plata y apostar por Casupá. Cuándo, cómo, por qué y dónde es un tema burocrático. Lo que hay que hacer para que haya una defensa es organizarse. Hay un momento en el que a nosotros, los políticos, nos encanta estar rodeados de gente que nos diga las cosas, pero los que se tienen que organizar son los vecinos. Los más baqueanos, los de espalda más fuerte, tendrán que ver estudios de abogados. Esto se resuelve con abogados, y atrás ustedes”, lanzó Sebastián da Silva.

En esta línea, el senador del Partido Nacional dijo que el “elefante blanco” detrás de la presa es el área protegida que pretende crear el Ministerio de Ambiente para salvaguardar la calidad del agua que brindará a la mitad de la población del país. “El área protegida de la represa es otra tragedia, que nadie lo dice, llega hasta allá en El Soldado. Nosotros paramos en el Arequita una declaratoria de área protegida de nuestro gobierno que iba a tocar todo ese valle, 8.500 hectáreas. El área protegida, cuando llega al productor rural, es la peor de las tragedias; pasó en Centurión, está pasando en la Quebrada de los Cuervos, y esta represa va con un área protegida al lado”, declaró. Siguiendo su prédica, también opinó que “la legislación ambiental es una legislación complicada para las personas”. El político no mencionó que cada área protegida elabora su propio plan de manejo, donde se establece qué actividades están permitidas o no y bajo qué términos, con participación de las comunidades locales. A su vez, olvidó mencionar que la superficie que se encuentra bajo protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es poco más de 1% del territorio nacional.

• Leé más sobre esto: Arequita: la futura área protegida que busca cuidar al río Santa Lucía y valiosos ecosistemas genera conflicto debido a información errónea que ha circulado en el territorio

Adriana Peña, también del Partido Nacional, defendió la idea de que la zona metropolitana tome agua del Río de la Plata y expresó que “lo importante es llevar todos los insumos y hacer entender que hay otras cosas que se pueden hacer sin hacer daño acá”. “No es la ciudad en contra de la gente del campo, ni Montevideo en contra del interior. No lo debemos entender así. Si se van a morir de sed porque no hay agua, lamentablemente paguen bien los campos si no tenemos más remedio. Pero hay otra solución. Creo que defender nuestros derechos es lo que tenemos que hacer”, acotó.

Rossana Jaimés, diputada suplente por el Frente Amplio, planteó que “cuando hay tanto fogoneo de distintas versiones, hay que saber por dónde empieza la realidad”. “La realidad es que nuevamente se tienen que hacer estudios del impacto, de un montón de cosas que son importantísimas para así construir Casupá, porque el gobierno ha pensado que es la mejor opción, pero quiero transmitir tranquilidad a la hora de poner los pies en esta tierra y poder continuar por este camino que es construir algo que nos sirva a todos, que tengamos en cuenta todas las miradas”, mencionó. A su vez, destacó que su partido aprendió a “escuchar al campo” y que esto “es algo que recién comienza”. Carlos Reutor, también diputado del Frente Amplio, comentó que recolectaron “insumos” para transmitir al Poder Ejecutivo, pero que no pueden crear “falsas expectativas” sobre “algo que todavía no está definido”. Sin embargo, aseguró que “la ciudadanía y los afectados” van a estar en “la discusión de lo que va a venir para adelante”.

La urgencia de proteger el agua dulce destinada a las poblaciones

La Asociación de Limnología del Uruguay, con el objetivo de aportar a un debate constructivo sobre el suministro de agua potable, emitió un comunicado el 22 de agosto donde hace un llamado “urgente” a proteger nuestros recursos hídricos. En primer lugar, para que no queden dudas, los científicos y científicas dedicados a estudiar los ecosistemas acuáticos continentales insisten en que “existe profusa evidencia, desde el punto de vista técnico, científico y socioambiental de las limitaciones del proyecto Neptuno, el riesgo ambiental y para la salud pública que conllevaba”. Reafirman que la iniciativa propuesta por empresas privadas apenas iba a proporcionar “un bajo porcentaje de agua para el área metropolitana, sumado a los conocidos problemas asociados a la presencia de cianobacterias y eventos de aumentos de salinidad que dificultarían y encarecerían el proceso de potabilización”.

Dicho esto, se refieren a las obras futuras: “Es urgente realizar los estudios técnicos necesarios y diseñar e implementar las medidas que correspondan para minimizar y/o mitigar los impactos ambientales negativos de las futuras obras proyectadas, tanto en la cuenca del río Santa Lucía como en el arroyo Solís Chico. La construcción de un embalse sobre un ecosistema lótico aumenta el tiempo de residencia del agua, lo que sumado a altas concentraciones de nutrientes, genera situaciones altamente probables para la aparición de floraciones tóxicas de cianobacterias. Entre otros efectos posibles no deseados destacan la pérdida de biodiversidad y hábitats para fauna y flora. Además, es necesario establecer pautas de manejo y ordenamiento territorial claras para evitar el deterioro de la calidad del agua en nuevos embalses. Esto implica la instrumentación, el seguimiento y la fiscalización de las medidas que se seleccionen, a largo plazo y en forma sostenida en el tiempo, idealmente delimitando una zona como área protegida”.

La Asociación de Limnología del Uruguay pone sobre la mesa que “toda la cuenca del río Santa Lucía pertenece al territorio uruguayo, por lo que es posible y necesario contar con un plan de manejo especial, ajustado al uso principal de suministro de agua potable”. Señala que urge “retomar y efectivizar por parte de las autoridades competentes” las medidas propuestas en el Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía aprobado por el Parlamento en 2013 y las medidas de segunda generación elaboradas en 2018. Declara que su “instrumentación y mantenimiento” es “fundamental para cumplir con lo que se destaca en el artículo 47 de nuestra Constitución: la prioridad debe ser asegurar el abastecimiento de agua potable a poblaciones, así como ponderar las razones de orden social a las de orden económico”.

Sylvia Bonilla, presidenta de la Asociación de Limnología del Uruguay e investigadora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, planteó a la diaria que la academia está “mirando con atención” la presa de Casupá. “Estamos atentos a qué estudios se van a hacer, qué medidas se van a tomar y cómo se va a cuidar toda esa zona para el mantenimiento de la fuente”, manifestó. En este sentido, algunos de los integrantes de la organización se han reunido con autoridades del gobierno para aportar su conocimiento. Bonilla entiende que “sería deseable hacer un análisis cuidadoso, recabando información de la calidad del agua, del ecosistema acuático, del uso del suelo, del tipo de suelo” que tiene la cuenca del arroyo Casupá. Estos datos permitirían “prevenir” la contaminación y tomar medidas como, por ejemplo, la definición de un área protegida. Destacó que tendrían que establecerse “reglas muy claras” sobre qué “actividades no se pueden hacer en la zona o que actividades hay que hacer con determinadas precauciones”. Enfatizó que las acciones deben lograr “mantenerse en el tiempo y no quedar en una declaración”.

“Muchas veces la dificultad está en la instrumentación y el mantenimiento de medidas. Si estoy enferma, voy al médico, me manda estudios y luego me indica tomar antibióticos por diez días. Pero si luego los tomo por tres días, no me voy a curar”, ejemplifica. “No nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el agua y del riesgo que estamos corriendo para el futuro del país. Hoy en día vemos en el mundo que el agua es clave. Tiene que ver con la soberanía del país y su capacidad de tomar decisiones”, expresó la investigadora. También destacó que “la gran mayoría de los ecosistemas lóticos, los ríos y arroyos, en nuestro país, lamentablemente, tienen síntomas de contaminación”, y considera importante “revertir esta tendencia”.