Hace tiempo que en la región los grupos más conservadores y derechistas vienen tomando acciones para derrocar, de la forma que sea, a los gobiernos progresistas que han sido legítimamente electos. Como no pueden ganar en las urnas, estos grupos, que pertenecen a las más altas elites de poder, buscan imponer la ideología neoliberal, consolidando un orden internacional mediante un modelo económico, político y cultural que se está expandiendo en toda la región. Esta disputa geopolítica, que intenta dar golpes de Estado disfrazados de democracia, es parte de una estrategia global por restaurar un modelo de concentración de poder y capital, de subordinación étnico-racial y de género.

En este último tiempo, este plan regional está tomando cuerpo en varios países, poniendo en jaque la democracia de toda América Latina. Brasil está viviendo un golpe de Estado político, institucional y patriarcal. Diversos grupos conservadores, fundamentalistas religiosos, xenófobos, homófobos, transfóbicos y misóginos operan de forma articulada junto con los poderes económicos dominantes, poniendo en jaque la democracia y autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y provocando un retroceso en todas las conquistas en materia de derechos laborales, a la vivienda, de las mujeres, de la población LGBTI, afro e indígena.

Las estrategias imperiales varían: fue el Plan Cóndor en la década de 1970, el Consenso de Washington en la década de 1990, y en la actualidad el Plan Atlanta. Este último busca producir y reproducir un modelo social, cultural y político que legitime el modelo neoliberal conservador del siglo XXI. Este modelo está fundado en el miedo, en la despolitización de los procesos históricos, en la postergación del pueblo como sujeto político, en la judicialización de la política, en el fundamentalismo religioso, en la sumisión racial, sexual, de género, de clase, y en la segregación territorial.

Hace un tiempo vivíamos el golpe institucional contra Dilma Rousseff, primera mujer presidenta en la historia de Brasil, quien fue destituida de su cargo por un presunto delito de responsabilidad fiscal, muy débilmente sustentado desde el punto de vista jurídico-legal. Luego sucedió el femicidio de Marielle Franco, feminista, lesbiana y activista por los derechos humanos, quien estaba denunciando el abuso policial en las favelas. Lo de Dilma y Marielle fue un acto de violencia política y de género, que materializa en lo real el concepto teórico de patriarcado. El patriarcado como sistema político imposibilita a las mujeres un pleno ejercicio del poder y ha utilizado, desde el proceso mismo de colonización, la coerción y la violencia contra el cuerpo y la vida de las mujeres para sustentarse y reproducirse.

Tal vez no encontremos mejor foto para representar lo que significa el patriarcado como sistema de dominio y poder entre los varones que la de Michel Temer asumiendo de forma ilegítima el cargo que Dilma, con el apoyo de 54 millones de personas, se ganó en las urnas. Este fue un atentado contra la democracia, no sólo porque implicó que la primera mujer presidenta en la historia de Brasil no pudiera culminar su mandato, sino además por el retroceso que implicó para Brasil en términos de diversidad; el gabinete del nuevo presidente está integrado por hombres blancos, políticos de centroderecha, representantes de la oligarquía de Brasil, asociados con grupos religiosos dogmáticos y ultraconservadores.

Hubo un gran retroceso en materia de derechos para las mujeres y para la población afrodescendiente e indígena de Brasil, así como la precarización de leyes laborales y una vuelta a la concentración de la riqueza, en detrimento de la población más pobre. Ya lo planteaba Silvia Federici: “Cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación originaria, lo que demuestra que la continua expulsión de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global, y la degradación de las mujeres, son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época”.

El propio proceso de colonización en Brasil, que implicó la violencia sexual contra las mujeres y la división sexual y racial del trabajo como una de sus formas más efectivas de reproducción, no se puede separar del proceso histórico de la formación de una sociedad capitalista. Hoy neoliberalismo y patriarcado van de la mano, lo vemos en la división sexual del trabajo, en la cultura de violación, en la trata de personas que coloca el cuerpo de la mujer como mera mercancía, en el lugar que ocupan las mujeres en la política. Por tanto, toda conquista por la emancipación de las mujeres y por los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas, que implican avances en materia de derechos humanos y justicia social, son fuertemente rechazados por los sectores conservadores y golpistas. No es ingenuo que una de las primeras decisiones de Temer fuese dejar sin efecto el Ministerio de Derechos Humanos, Igualdad Racial y Mujeres, así como la ley de interrupción voluntaria del embarazo ante situaciones de violación.

Ante esta contraofensiva conservadora, los movimientos feministas, sindicales y sociales se han unido y organizado para tomar acciones en defensa de la democracia y para analizar la actual coyuntura regional. Es tarea del pueblo organizado diseñar una estrategia esperanzadora, pensar en un nuevo orden social que contemple los cambios tecnológicos, la pluralidad de los cuerpos e identidades, la democratización del poder, la desjerarquización y democratización del conocimiento, la redistribución equitativa de la tierra, del capital y de los recursos naturales, que contemple la identidad de los pueblos, que rompa las asimetrías de poder basadas en la explotación y subordinación de género, clase, raza y sexo.

Es impostergable embarcarnos en un proceso de autocrítica fehaciente, unir al campo popular sin jerarquización alguna de causas. Debemos eliminar las opresiones que existen en el campo popular por el propio campo popular y ser capaces de desarmar el entramado de poder que articula una multiplicidad de formas de explotación. En este sentido, el movimiento feminista viene a dar su gran aporte, mostrando su capacidad de resistencia y organización. La internacional feminista apoya a Luiz Inácio Lula da Silva y su libertad, porque apoya los procesos populares. Es su tarea visualizar las injusticias para hacerlas visibles, sembrar la conciencia de que el sujeto histórico es el pueblo en su máxima pluralidad, y que la disputa del poder depende de su capacidad como sujeto político.

Lucía Gulisano es licenciada en Psicología, edila de la Junta Departamental de Montevideo por el Movimiento de Participación Popular. Soledad López es estudiante de Sociología.