Las libertades que nos quedan: repensar las prácticas de cuidado y autodefensa en una universidad que sangra

No recuerdo en el pasado un hecho de violencia machista que haya producido un tiempo de reflexión tan extendido en el tiempo dentro de una comunidad como el que se está tomando la Universidad de la República (Udelar) tras el intento de femicidio. Aunque con mayoría clara de mujeres y disidencias, esta es quizá la primera vez que en nuestro medio local un colectivo de personas de múltiples identidades de género se moviliza masivamente y como parte de una institución educativa por un episodio de violencia machista extremo. Aunque los vivamos en nuestra sociedad casi diariamente.

Si la función de la Udelar es educativa, el acto pedagógico de no seguir funcionando como si nada es una respuesta que, encabezada por el orden estudiantil y apoyada por resoluciones del Consejo Directivo Central, fue vivenciada con más o menos adhesión por todo el colectivo universitario y se plantea como oportunidad para repensarnos ya no solo como comunidad educativa, sino como comunidad dentro de una comunidad que atraviesa un presente social muy complejo.

Nos guste o no, la violencia machista, el acoso y el abuso sexual, así como los mecanismos de poder ejercidos sobre la base de jerarquías de género, sexuales, de clase y otras, son parte de la historia y el presente de la Udelar. Este puede ser el momento para discutirlos en todas sus dimensiones. Docentes, estudiantes y funcionarios atajamos cotidianamente y casi sin herramientas situaciones que exponen una crisis de violencia de género y de salud mental que se agrava mes a mes, año a año. A menudo la respuesta es que nuestra misión es la formación universitaria, que no podemos dar cuenta de estas crisis tan extendidas y generalizadas, que no podemos hacernos cargo de estudiantes con diagnósticos psiquiátricos complejos, y que, más allá de las adecuaciones pedagógicas, nuestra responsabilidad termina una vez que cruzamos la puerta de las facultades. Pero quizá necesitamos repensar esta respuesta automatizada y reproducida en un contexto de sobrecarga laboral, precarización y desborde emocional, que aunque no aparecen en nuestros programas curriculares, nos afectan sin discriminar sujetos ni funciones universitarias.

¿Podría ser hoy una cuarta función de la Udelar activar la imaginación colectiva para ensayar estrategias que alimenten un proceso urgente de desprogramación de la violencia que habitamos? ¿Qué saberes pueden entrar en juego en este proceso de incremento y politización de la violencia? ¿Qué rol tiene como actor social la universidad pública y qué efectos tiene su existencia sobre las crisis de violencia machista y femicida y sobre la profunda crisis de salud mental? Quizá es tiempo de reconocer que si, por un lado, la universidad pública puede aportar para el desarme de ciertas estructuras de la violencia, algunos de sus mecanismos pueden estar colaborando a su agudización. La interacción entre las problemáticas sociales que habitamos y las exigencias, demandas de productividad, despersonalización, competencia que están hoy latiendo en el corazón de la sociedad y de la academia nos hablan de una institución ambigua, tironeada por muchos lados y en disputa.

La violencia es una coreografía de posiciones que (nos) performan

Hay algo de intrafamiliar en el intento de femicidio de la semana pasada y esto lo hace no una excepción sino, una vez más, un episodio típico respecto del modo en que suceden la mayoría de veces. El hecho ocurre dentro de un espacio de convivencia, con la particularidad de que el ataque es de estudiante a estudiante, entre pares y en una facultad rodeada de un imaginario sobre la salud que choca fuertemente con la proximidad del riesgo de muerte violenta.

Si lamentablemente estamos acostumbrades a ver estas violencias ejercidas por parte de quienes ocupan lugares de poder, este horizontalismo del vínculo entre atacante y víctima impacta y nos exige pararnos a conversar no solo sobre las escenas que se nos presentan, sino sobre las que podrían suceder.

El incremento de la violencia social no parece amagar un retroceso. Y declarar a la Udelar espacio libre de violencia no la va a hacer desaparecer. Si el deseo de castigo explica el avance del neofascismo, tenemos delante el enorme desafío de, sin negar que habitamos violencias y nos habitan, exprimirle a este presente un conocimiento colectivo que evite que la rabia nos acerque un poco más a la Policía y haga que, por el contrario, nos aproxime a componer juntes “contra pedagogías de la crueldad”¹ que zafen de idealismos y superioridades morales tan familiares a los colectivos académicos.

¿Cómo cuidarnos sin transformarnos en máquinas de castigo?

En una de las actividades de reflexión sucedidas en estos días, una estudiante llora durante su intervención: “Estoy perdiendo cada vez más independencia”, dice. Nos cuenta que lo que se le ofrece para sentirse “más segura” es ir al baño acompañada. ¿Qué clase de vida es esta?

Durante las muchas horas de conversa aparece recurrentemente el recurso de la denuncia; sus formularios, correos electrónicos, protocolos. Es cierto, contamos con vías para denunciar y con leyes que castigan los delitos sexuales y la violencia basada en género. También existen talleres de formación y espacios de concientización a los que se acerca más o menos siempre la misma gente. Pero antes de reforzar estos mecanismos (necesarios) quizá sea importante pensar qué se les está escapando. Conversar con honestidad y complejidad sobre por qué a veces se elige no denunciar, sobre qué pasa antes y qué pasa después de una denuncia.

La máquina policial, judicial y punitiva nos convierte rápidamente en víctimas y nos expone a nuevas violencias. Puede ser que alguien prefiera transitar un acoso mientras este sea “vivible” que exponerse a lo que sucede una vez efectuada una denuncia. Puede ser que la empatía y el cuestionamiento a la lógica de la cancelación motiven a alguien a no exponer a su agresor por más que cueste mucho entenderlo. Puede ser que el miedo a provocar una nueva ola de ira o acoso impulse a alguien a soportar en silencio un abuso considerando que el costo de hablar puede superar al de “aguantar”, porque fuimos educadas para eso. Puede ser que denunciar a alguien en el lugar donde querés hacer una carrera o trabajar haga tu vida insoportable dentro de esa misma institución y no estés dispuesta a eso. Puede ser que, una vez hecha una denuncia, quien la realiza sea objeto de ataque por parte de les allegades al agresor, o que la deslegitimación de la propia denuncia deje a la persona destrozada subjetiva y hasta económicamente.

Por esto precisamos conversas que requieren tiempo y escucha. Y además de reforzar las medidas más conocidas es necesario hacernos preguntas políticas y éticas sobre los abordajes de las violencias de género en los espacios de convivencia. ¿Cómo cuidarnos sin volvernos máquinas de vigilancia y (deseo de) castigo? ¿Qué tensiones e incongruencias se arman entre los mecanismos de prevención, los dispositivos de denuncia y castigo y las políticas de cuidado y autodefensa? ¿Qué diferencias hay entre considerar los antecedentes de una persona para tomar medidas de cuidado y desplegar una lógica de cancelación y criminalización de personas con prontuarios o privadas de libertad?

Las respuestas nunca van a ser obvias ni únicas para todos los casos, y esto hace más compleja la creación de protocolos y políticas que se sostienen sobre cláusulas que buscan ser abarcativas. No es lo mismo estudiar con una persona privada de libertad por daño a la propiedad o tráfico que con un violador o femicida. ¿Es viable entonces una política de inclusión que no reconozca estas diferencias y gradientes? ¿Qué “cantidad de delito”² es suficiente para obtener o perder la calidad de estudiante o ser sumariade como docente? ¿Cómo hacer para que el miedo no nos organice y perdamos –además de la vida– el carácter público y de libre circulación de los espacios universitarios?

El presente interpela en profundidad los imaginarios y las condiciones reales de lo que llamamos “inclusión” y exige que más allá del “buenismo” nos preguntemos qué condiciones reales tenemos hoy de sostener políticas de inclusión que no nos conviertan ni en protectoras de la impunidad ni en abanderadas del punitivismo.

En un taller de autodefensa coordinado por estudiantes durante la ocupación compartimos antes del entrenamiento situaciones en las que mujeres y disidencias no tuvimos otra que defendernos. Durante esos episodios, fue el cuerpo el que respondió sin chance de detenernos a pensar si estábamos o no a favor de la autodefensa y la acción directa. Recordé entonces un texto que llegó a mí en 2022 en el que J Mombaça escribe sobre “ficciones de poder” y el “poder de las ficciones”.³ Traduciendo algunas preguntas que elle plantea a las heridas que emergen en estos días, me pregunto cómo salir de la ficción de la igualdad o de la seguridad basada en fuerzas represivas, para imaginar modos de “redistribución de la violencia” que nos encuentren con más herramientas para vivir, tejiendo las redes de cuidado, pensamiento y afecto que deseamos pero también listas para actuar cuando no hay tiempo de detenernos a buscar o crear nuevos protocolos.

Sin duda “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”, pero también seguimos teniendo algunas libertades, y a ellas hay que cuidarlas tanto como a cada una de nuestras vidas.

Lucía Naser es docente en la Facultad de Artes de la Udelar y en la Maestría en Prácticas Artísticas Contemporáneas de la EAyP-Unsam.