Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. Hasta que Marcelo Pereira regrese de su licencia, los apuntes del día estarán a cargo de un grupo de compañeros de la redacción.

Ayer la campaña electoral camino a las elecciones departamentales nos dio un descanso, pero nada indica que eso que parecía ser un respiro en la agenda haya aligerado el calor pesado del verano. El tema que desde la tarde acaparó el trabajo de la mayoría de la redacción fue el proyecto de ley de urgente consideración que el propio presidente electo, Luis Lacalle Pou, dio a conocer a través de sus redes sociales, y son varias las alertas que, en estas primeras horas, despertaron muchos tramos del documento de 457 artículos.

Para empezar, el proyecto redactado por el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, restringe las medidas de huelga, que “deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, adelantó que la aplicación de la norma será problemática y que la central sindical no piensa “amputarse” herramientas de lucha ya conquistadas.

La primera sección del documento, dedicada a la seguridad también tiene varios puntos llamativos, como la extensión de campo de la “legítima defensa”, no solo espacialmente (expande lo que se considera “domicilio”), sino también conceptualmente (dota de mayor libertad de acción a los policías). El Código Penal también sufriría otras transformaciones: se considerarán agravantes las agresiones a jueces, fiscales y policías, se ampliarán las facultades de los interrogatorios policiales, y se extienden los plazos de privación de libertad a los menores infractores.

Otro asunto que ya generaba preocupación de los trabajadores de ANCAP durante la campaña electoral era la propuesta de Luis Lacalle Pou de liberar la importación de combustibles. La idea no sólo encontró su lugar en el proyecto de ley, sino que fue ampliada: ya no se trata sólo de desmonopolizar la llegada de hidrocarburos, sino también su refinación, y se prevé la creación de sociedades anónimas con participación estatal a tales efectos.

La propuesta para Educación, por su parte, dota de mayores potestades al Ministerio de Educación y Cultura, reduce el rol de la Udelar y corta el camino a la creación de la Universidad de la Educación.

Entre los cambios en la economía, resalta la anunciada implementación de una regla fiscal, que busca acotar el margen de los organismos públicos para aumentar su presupuesto y vincular el gasto a su presupuesto económico. También destaca el desmontaje de la ley de inclusión financiera, que abre la puerta a las transacciones en efectivo y, presumiblemente, a la actividad informal.

Otra normativa que se desdibuja es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se modifica para abrir el camino hacia la provisión de servicios digitales a las empresas que ya concentran los medios de telecomunicaciones.

Hay muchos otros puntos calientes en este proyecto, pero, por si extrañaban la disputa electoral, prosigue el debate de la “coalición multicolor” acerca de bajo qué lema (y con quién) comparecer por el gobierno de Montevideo (como comentábamos en los Apuntes de ayer).

Hasta mañana.