Presuntos inocentes: Violencia de género y cargos políticos

Carlos Moreira representa la contradicción entre los discursos que condenan la violencia de género y la práctica política que la perpetúa; el nacionalista, en su cargo como intendente de Colonia, tal como pudo saberse por su propia voz, renovó más de 15.000 pasantías, en algunos casos a cambio de favores sexuales, por medio de presiones y la comisión de diversos delitos.

La primera responsabilidad política de cualquier gobierno para marcar su posición sobre el combate a la violencia de género tendría que ser evitar el nombramiento de hombres que han sido sometidos a un proceso judicial, investigación administrativa o medida disciplinaria por el ejercicio de alguna de las 18 formas de violencia de género contenidas en la Ley 19.580.¹

En el caso del gobierno de coalición que asumirá el 1º de marzo no debería darse lugar a excepciones. Sin embargo, Walter Verri fue designado por el nuevo gobierno subsecretario de Industria, Energía y Minería, a pesar de haber sido denunciado por su ex pareja por violencia doméstica; como consecuencia de los actos del próximo subsecretario, la jueza letrada de primer turno de Paysandú dispuso en 2014 medidas de alejamiento en su contra.²

Otro caso es el de Erode Ruiz, hoy jefe de Policía en Maldonado, quien fue designado nuevo jefe de Policía de Montevideo por el gobierno electo. Ruiz, además de contar con una larga trayectoria represiva,³ ha sido denunciado por acoso sexual y laboral por funcionarias policiales y diversas organizaciones.

¿Tan fácil olvidamos?

¿Cuántos varones más que ejercen violencia estarán en puestos de liderazgo en el nuevo gobierno? ¿Qué le decimos a la sociedad cuando las prácticas abusivas y violentas son toleradas en las más altas esferas, allí donde se tendría que tener más responsabilidad? Si este tema importa, si conmueve de manera transversal y “supera las ideologías”, ¿por qué permitimos que un intendente, un viceministro y un jefe de Policía ostenten esas credenciales? En la disputa cultural, en la construcción de sentidos, el mensaje que se construye es el de que la violencia de género es una conducta que se acepta , a la postre, no inhibe el otorgamiento de reconocimientos o “promociones”.

Muchos de los “prohombres” que gobiernan y/o gobernarán a la “masa anónima” son tan patriarcales como algunos gobernados que ejercen violencia. Las correligionarias y los correligionarios que permiten que sigan en sus filas se vuelven cómplices de sus infamias. Sus acciones hacen parte de lo que hoy se considera una emergencia nacional.

¿Qué significa para el combate de la violencia de género en Uruguay que a nivel nacional y departamental haya dirigentes de primera línea con prontuarios de violencia y acoso, opinando, gobernando, tomando decisiones? ¿Cuál es el mensaje para los varones que ejercen violencia y para quienes la padecen y no se atreven a denunciar, cuando como sociedad aceptamos el “liderazgo” de los Horacio de los Santos, los Carlos Moreira, los Guillermo Domenech, los Walter Verri, los Erode Ruiz?

El ejercicio de la violencia en cualquiera de sus formas tendría que ser un inhibidor del ejercicio de responsabilidades públicas, si es que queremos cambiar la herencia cultural que pesa sobre nuestra cotidianidad, la pesada herencia que cobra vidas, sueños y dignidades.

Valeria España es abogada, magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas y socia fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.