Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

A partir del martes de la semana que viene, la asistencia a clases volverá a ser obligatoria desde la educación inicial hasta sexto de secundaria. Esto marca un punto de inflexión simbólico. Siguen vigentes todas las normas y recomendaciones para evitar contagios, y el hecho de que la situación sanitaria se mantenga dentro de lo controlable no significa que la emergencia haya terminado, pero el regreso a este aspecto de la “normalidad” es muy significativo y sin duda tendrá repercusiones de importancia en los hogares.

Ese punto de inflexión nos acerca más a una agenda pública sin la covid-19 en primer plano. No será igual a la que se preveía antes de que se registraran los primeros casos de esta enfermedad en Uruguay, porque el período de emergencia ha instalado nuevos problemas económicos y sociales, agravando a la vez otros que ya existían, pero tarde o temprano será inviable que la prevención de la pandemia se mantenga en el centro de las evaluaciones del actual gobierno, como principal mérito o principal excusa.

El proyecto de presupuesto está instalado como tema político prioritario para los últimos meses de este año, y si lo consideramos en función de lo que vendrá después se destaca, tanto o más que su contenido, lo que le falta.

Son relevantes, sin duda, los debates acerca de la desmonopolización del suministro de combustibles en los puertos, la cuestión del mercado agroalimentario, y las normas referidas a recortes y nuevos desembolsos en la administración pública.

También lo son las discusiones en curso sobre la reasignación de recursos, determinadas por la decisión oficialista de no aumentar ni un peso el total del gasto público previsto en el proyecto original (de modo que para incrementar unas partidas habrá que disminuir otras). Pero en todo esto se echa de menos la jerarquización de algún proyecto, como seña de identidad del gobierno o “buque insignia”.

Por ahora, el eje del discurso oficialista está en la necesidad de mejorar los resultados fiscales, y, como alguna vez le dijo Washington Cataldi a José Pedro Damiani, la gente no sale a la calle a festejar balances contables.

La tesis de fondo del gobierno se refiere a la necesidad de “bajar el costo del Estado” para que el sector privado, o más bien sus sectores más poderosos, queden aliviados de cargas impositivas y lideren la creación de riqueza y de empleo. Aun si esto tuviera algún asidero, es un discurso demasiado ideológico y demasiado abstracto, que sólo puede entusiasmar a sus beneficiarios directos.

Cuando ya no se juzgue al Poder Ejecutivo sólo por la cantidad de casos de covid-19, y las consecuencias sociales de la crisis persistan, el oficialismo tendrá que hacer algo más que agitar resultados de auditorías y endilgar responsabilidades a los gobiernos frenteamplistas anteriores (o a la falta de personería jurídica del PIT-CNT).

Las diferencias dentro de la “coalición multicolor” han bloqueado varias iniciativas que quiere impulsar el sector mayoritario del Partido Nacional, pero es muy temprano para que el presidente Luis Lacalle Pou empiece a echarles la culpa de lo que no puede hacer a sus socios.

Hasta el lunes.