Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Varias cuestiones con proyección de largo plazo están presentes en las discusiones entre partidos (no sólo en las del oficialismo y la oposición, sino también dentro de la “coalición multicolor”). Algunas se relacionan con lo que se suele llamar “el proyecto de país”, y otras –aunque todos lo nieguen– apuntan desde ya a las próximas elecciones nacionales. Pero en la agenda cotidiana de la población, la obvia prioridad son los problemas económicos y sociales, agudizados por la emergencia sanitaria pero no debidos solamente a ella.

En ese marco, la concentración convocada ayer por el PIT-CNT y otras organizaciones frente al Palacio Legislativo aportó datos significativos: los movimientos sociales están dispuestos a retomar las calles, y fue considerable la cantidad de personas que se hizo presente, apostando a combinar la protesta con las precauciones contra el contagio. Es evidente que esto presagia un aumento de las movilizaciones, para las que no faltan motivos.

El desempleo es importante, y para quienes tienen empleo es grande la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus salarios, en un contexto de creciente inflación. Por todas partes se ensayan negociaciones como la que involucra a la Federación Uruguaya de la Salud, que procura lograr un “convenio puente” por un año (hasta que se convoque a la postergada ronda de Consejos de Salarios) para no perder ingresos ni puestos de trabajo. En este sector de actividad hay problemas específicos de importancia, porque la pérdida de empleos reduce los aportes al Fondo Nacional de Salud, pero en términos generales quizá el mayor riesgo es que, dadas las actuales circunstancias, se produzca de hecho la “flexibilización” que defendieron en la campaña electoral muchos de los actuales gobernantes, y eso implique resultados mucho peores para quienes tienen menos capacidad de presión.

Así las cosas, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, no estuvo muy astuto al expresar su opinión de que la alimentación que brindan las escuelas cuesta “cantidades formidables de dinero” y debe ser revisada. Siempre es positivo “mejorar la calidad del gasto”, pero sólo a alguien con escasa experiencia política se le puede ocurrir referirse a un programa que beneficia a unos 230.000 niños sin tener estudiado y definido qué cambios considera necesarios y cuáles serían sus consecuencias.

Como era esperable, Da Silveira recibió fuertes críticas, pero su impericia al declarar no fue nada comparada con la del también nacionalista Miguel Loinaz. Este hizo público que, desde su despacho de presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), se seguía ocupando de negocios privados, con ayuda de su pareja (a quien había contratado como asistente personal y que luego renunció, cuando a Loinaz le explicaron que esas cosas no se hacen). Ayer mismo, el presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia, y la CND quedó en una situación peculiar, ya que su máxima autoridad pasó a ser el actual vicepresidente, Germán Benítez, que es frenteamplista y había presentado su renuncia al cargo hace un mes, pero que sigue ahí a falta de reemplazo.

Hasta el lunes.