Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La cuestión de la seguridad pública se instaló (o fue instalada) en un lugar central para las elecciones nacionales de 2019 y desde la asunción de Luis Alberto Lacalle. No se trata de un problema ficticio, ni caben dudas de que a la sociedad le conviene una disminución de la criminalidad, pero al mismo tiempo se trata de un frente de batalla entre el oficialismo y la oposición. Los datos y la percepción social en la materia serán muy relevantes en 2024, y a esto se suma ahora la perspectiva del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Este fue el inevitable marco de la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado. El jerarca dijo que hay diferencias “muy notorias” en las concepciones sobre la política de seguridad, que él está convencido (faltaba más) de que la aplicada por este gobierno nacional es la correcta, que eso queda demostrado por el registro de que desciende la cantidad de delitos, y que lamentablemente “hay quienes quieren minimizar este éxito de la Policía”. Son afirmaciones multiuso, manejables en el intento de avanzar hacia los objetivos a corto y largo plazo de la coalición de gobierno.

Es previsible que el oficialismo enfatice, en su campaña hacia el referéndum, la tesis de que las disposiciones de la LUC sobre la actuación policial son indispensables para sostener el descenso de los delitos. Así haría pie en una preocupación importante de la ciudadanía y en lo que muestran las estadísticas oficiales. Además, la ciudadanía no puede elegir cuáles de los artículos impugnados quiere derogar, sino que debe votar en bloque a favor o en contra de los 135; si una cantidad importante de personas se convence (o es convencida) de que hay que mantener vigentes los vinculados con la Policía, puede considerar también que esto tiene prioridad sobre otros contenidos de la LUC.

De todos modos, la oposición también tiene sus argumentos para relativizar o cuestionar los del oficialismo. Para empezar, plantea dudas sobre los procedimientos de registro de los delitos, y entre sus puntos de apoyo está una de las grabaciones obtenidas en la investigación por la cual fue imputado hace un mes el comisario Fernando Pereira. Este le solicitó expresamente al director de la Guardia Rural que no registrara una denuncia en Maldonado para evitar que se sumaran “dos abigeatos más” a la estadística.

En segundo lugar, resulta que estamos desde marzo del año pasado en emergencia sanitaria por la covid-19, y el avance de esa enfermedad ha determinado descensos de la cantidad de delitos en muchos otros países. Heber alegó que “seguramente algo pueda incidir” la pandemia, pero que la razón de que haya menos delitos es que la Policía actúa mejor que antes.

En tercer lugar, no está cabalmente demostrada la relación entre las actuales políticas de seguridad y la disminución de delitos. El caso más obvio es el de las denuncias por violencia doméstica, que se registran en menor número sin que sea fácil imaginar qué nuevo lineamiento para la actuación policial podría estar incidiendo para que esto ocurra.

Hasta el lunes.