En 1961, el sociólogo Erving Goffman comenzó a hablar de “instituciones totales” para referirse a “un lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”. Los lugares donde se forman militares y sacerdotes, entre otros, son instituciones totales, por lo que también es común referirse a las fuerzas armadas y algunas organizaciones religiosas como instituciones totales. Comparten una estructura altamente jerárquica, un gran control sobre las relaciones de sus integrantes con el resto de la sociedad y una tendencia a oscurecer su funcionamiento interno.

Ayer, Joseph Ratzinger pidió nuevamente perdón por los abusos sexuales cometidos durante su período al frente de la iglesia católica como Benedicto XVI. Fue más inexacto, en cambio, sobre sus responsabilidades directas en el encubrimiento de sacerdotes abusadores cuando era arzobispo de Múnich, entre 1977 y 1982. Ayer también fue condenado a ocho años de penitenciaría un sacerdote uruguayo por abusar de menores entre 2014 y 2019, cuando era vicario de la Catedral de Minas.

Los eventos llaman la atención sobre el largo camino que todavía debe recorrer la iglesia católica, aquí y en otras partes, para reconocer y reparar a los cientos de miles de víctimas de abuso, a pesar de las declaraciones de sus máximas autoridades en este sentido. A diferencia de la Justicia militar, que está subordinada a la Justicia a secas, la de la iglesia (el llamado “derecho canónico”) no obliga a denunciar los delitos surgidos de investigaciones internas ante un tribunal civil (y está de más aclarar que las penas que asigna son mucho más leves que las que establece nuestro Código Penal). En España, por ejemplo, el Estado debió enfatizar recientemente el carácter delictivo de la omisión de este tipo de denuncias ante la Justicia por parte de la iglesia.

Sin dejar de notar que las autoridades eclesiásticas, empezando por el papa Francisco, recomiendan la colaboración con la Justicia, no se trata, hasta donde puede saberse, de normas establecidas. Sí es notorio que en otras partes, como Estados Unidos, Irlanda y Alemania, la iglesia ha tercerizado las auditorías sobre las denuncias de abuso sexual infantil. Fue una de esas investigaciones privadas la que sacó a relucir las inconsistencias en las declaraciones de Ratzinger, que ahora debió salir a defenderse una vez más. La condena en Uruguay, por su parte, fue producto de una iniciativa de las víctimas y su entorno.